El gran apagón del 28 de abril pasado, cuando la práctica totalidad de la Península se quedó sin electricidad durante horas por un fallo causado por un desajuste de las fuentes de energía renovables que Red Eléctrica fue incapaz de gestionar, ha llevado al ánimo de la opinión pública española a replantearse una de las decisiones más radicales en política económica de la coalición de izquierdas gobernante, como es el cierre de las centrales nucleares, una de las obcecaciones más absurdas de la progresía patria y decisión con efectos irrevocables que un gobierno en minoría parlamentaria no debería adoptar. De ahí, que en sectores gubernamentales socialistas se comience a contemplar la idea de rectificar la decisión desde el pragmatismo de contar con una fuente de energía como la nuclear, flexible, fiable, neutra en emisiones de CO2, financieramente amortizada y, fundamentalmente, capaz de respaldar con la producción de sus siete reactores en servicio cualquier falencia en el mix energético. Con una ventaja añadida, que la inversión necesaria para adecuar la generación eólica y solar a la red actual, con la multiplicación de enormes centros de baterías, aconseja bajar el ritmo de la revolución verde, tal y como se viene apuntando en el resto de la UE.

Por supuesto, el socio minoritario de la coalición, Sumar, es muy consciente de que lleva muchos meses en caída libre en las encuestas electorales, no sólo por la pérdida de confianza en el liderazgo del movimiento, sino por su pasividad a la hora de condicionar políticas gubernamentales impulsadas por la parte socialista, como el rearme militar, o el rechazo a implementar reformas que chocan con el normal desenvolvimiento democrático, como las restricciones a la libertad de Información, que están en el ideario básico de la extrema izquierda sociológica. Si, además, la portavoz más caracterizada de la formación, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, hace un seguidismo sin el menor recato de la figura del inquilino de La Moncloa, en unos momentos en los que afloran los casos de corrupción en el PSOE y en el entorno de la familia del presidente, entenderemos la preocupación que crece entre los socios de Sumar ante la mera posibilidad de un adelanto electoral a la vuelta del verano. Desde esa perspectiva es como debemos interpretar las «amenazas» de la ministra Díaz a cuenta de la posible prórroga en el funcionamiento de las centrales nucleares, especialmente tras los comentarios en esa dirección del ministro de Economía Carlos Cuerpo. Ahora bien, no creemos que el socio minoritario esté dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias sus amenazas, entre otras razones, porque todavía no ha llevado a cabo la reestructuración interna de su grupo, en el que algunos de los partidos participantes debaten su propia continuidad. En cualquier caso, estamos ante una oportunidad para el retorno a la racionalidad en la política energética.