Tras el aplazamiento debido al gran apagón, hoy comienza sus trabajos la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, con la ministra Sira Rego en la parte gubernamental, con el propósito de acordar el reparto de los, aproximadamente, 4.400 menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de las comunidades autónomas. Vaya por delante que la posibilidad de un acuerdo por unanimidad es remota, entre otras razones, por la politización inherente al pacto entre el Gobierno central y Junts, que ha sido interpretado, a nuestro juicio, correctamente, como una cesión más a los nacionalistas catalanes para que mantengan el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez.

Como era de esperar, dado el agravio comparativo que subyace en la actuación del Ejecutivo, las autonomías gobernadas por el Partido Popular rechazan cualquier distribución que no se ajuste a criterios igualitarios y varias de ellas han interpuesto recursos ante los tribunales. Todo ello, hay que decirlo, con un telón de fondo muy poco edificante, como es la percepción instalada en una buena parte de la opinión pública española de que la instalación de un centro de menores no acompañados, especialmente si se trata de chavales de origen marroquí, provoca un incremento de la inseguridad ciudadana en el barrio de acogida. La rotunda negativa del alcalde socialista de la localidad madrileña de Fuenlabrada a la instalación de un centro de menores en su municipio demuestra que esos prejuicios no son exclusivos de los sectores de la extrema derecha populista.

No es posible negar que existen problemas de convivencia con algunos de estos jóvenes, pero la realidad, que no se destaca con la suficiente claridad, es que la inmensa mayoría de los menores que ha acogido España en las últimas décadas, más del 80 por ciento, han salido adelante y han recibido la formación y apoyo necesarios para desenvolverse en la vida, cuestión que debería servir de orgullo a una sociedad como la española. Ahora bien, somos conscientes de que el fenómeno migratorio va en aumento, con notable incidencia en los menores de edad, y de que no hay fórmulas mágicas para acabar con el problema.

Es, por lo tanto, en España donde toca poner los medios porque las actuaciones en los países de origen son una entelequia que sólo sirve para tranquilizar conciencias y excusar a gobiernos incompetentes, y, por lo tanto, toca al Gobierno central, como bien expone la última resolución del Tribunal Supremo, arremangarse sin descargar en las autonomías una responsabilidad objetiva, se mire como se mire, puesto que hablamos de una situación de paso irregular de fronteras. Cuando menos, garantizar a los gobiernos regionales la financiación y los medios suficientes para cumplimentar una labor, ante todo, humanitaria.