Yolanda Díaz también habla por el Gobierno

No es posible dejar a un lado, como si careciera de la menor importancia, el hecho de que una vicepresidenta del Gobierno en funciones, la tercera en la cadena de mando gubernamental, se ha reunido fuera del territorio español con un reclamado por la Justicia, ha con cedido carta de naturaleza política al prófugo y le ha otorgado el privilegio de una interlocución directa con un representante del Ejecutivo, el mismo que, según nuestro ordenamiento jurídico, está más obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.

A partir de ahí, las alambicadas declaraciones sobre «soluciones democráticas», «normalización de relaciones» o «retorno a los cauces políticos» suenan a burla cruel de las instituciones del Estado y dibujan un preocupante escenario para la futura estabilidad de la nación. Normalizar, además desde invocaciones a la democracia, la rebeldía de un representante político ante la Justicia, de un individuo que no sólo ha hecho caso omiso de todos los requerimientos judiciales, sino que ha desarrollado una pertinaz campaña de desprestigio internacional del sistema democrático español, no tiene otra justificación que el cinismo de la «realpolitik», en cuyo nombre se conculca algo tan sagrado para el devenir de los pueblos libres como es la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

Ciertamente, Pedro Sánchez necesita los votos del partido que lidera el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para seguir en La Moncloa, pero como hemos reiterado numerosas veces al analizar este período de confusión que nos ha tocado vivir, la verdadera democracia no consiste sólo en contar los votos, sino en el respeto debido a la separación de poderes, a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico que garantiza la convivencia en libertad de todos los españoles.

Con todo, lo peor del gesto de sumisión ante un político que propició un ataque mayor contra la Constitución y contra el propio Estatuto de Cataluña, es lo que augura en la carrera de cesiones hacia la investidura del candidato socialista.

Porque una vez abierta la puerta a la indignidad, por más que Yolanda Díaz no se considere, como resulta evidente por sus actos, representante del conjunto de los españoles ni en su calidad de miembro del Gobierno ni como diputada de las Cortes, es muy difícil cerrarla. Había otras fórmulas para conseguir los mismos efectos, que no son otros que constatar el nivel de exigencias de Junts para acceder a la investidura de Sánchez, sin implicar la imagen del gobierno de España. Pero no, la vicepresidenta ha preferido marcar un problemático perfil político, como si su condición de líder de una coalición minoritaria de partidos minoritarios no le pareciera suficiente. Y si actuó a espaldas de sus compañeros de Gabinete, como afirman los portavoces socialistas de manera harto dudosa, habrá que anotarle, también, un gesto de deslealtad.