El engaño de la integración: «Un niño de educación especial no puede ir a clase de Física y Química»

La «Ley Celaá» ha puesto el foco en una enseñanza desconocida para muchos: la educación especial. 212.000 alumnos tienen en España necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, el 2,5% del total, según los datos facilitados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, una proporción muy alta, el 82,4%, ya se encuentra integrado en un centro ordinario.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere que ese porcentaje sea aún mayor y da un margen de diez años para ello. Por eso se ha recogido en la nueva ley educativa la obligación de que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas desarrollen un plan en ese margen de tiempo para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender mejor a los alumnos con discapacidad que se integren en la ordinaria.

Ahora bien, si ya están integrados en el modelo ordinario 175.308 alumnos, el 82,4% del total, mientras que en la especial solo se escolarizan 37.499 (17,6%) ¿por qué ese empeño en que sean aún más? El Gobierno cree que con ello se atiende al artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y se cumple con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Pero los padres que llevan a sus hijos a centros de educación especial no quieren que estos colegios queden reducidos a la mínima expresión transformados en centros de recursos sin apenas alumnado hasta que se vean abocados al cierre muchos de ellos, según interpretan del texto aprobado en el Congreso. «En realidad, lo que se pretende es hacer populismo con la idea de que es muy bueno que todos los alumnos estén juntos y unidos, pero no es lo mismo que un niño con una discapacidad esté en un centro ordinario con otros 25 alumnos, que en uno especial en una clase con cinco o seis como máximo», explica José Ignacio Martín Blasco, director general de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid y ex director de un colegio de educación especial.

Martín asegura que ahora mismo, los alumnos que se escolarizan en centros de educación especial están ahí porque es su sitio. Puede que alguno, puntualmente, debiera escolarizarse en un centro ordinario y viceversa, pero son excepciones», añade.

El responsable de educación madrileño cree que es factible una mayor integración en Primaria pero ¿qué ocurre en Secundaria? «¿Cómo vas a meter a un niño que apenas sabe leer y escribir en clases de Física y Química o Matemáticas? Hay que trabajar por y para la especialización de la educación adaptada para cada niño y eso no lo puedes hacer en un ordinario. En la especial se sienten seguros atendidos y bien formados y la prueba es que hay cada vez más inclusión laboral. Al final tendemos a relacionamos con las personas que son más similares a nosotros», dice.

Según los datos con los que cuenta el Ministerio de Educación, la discapacidad intelectual, con 63.640 alumnos (29,9%) es la más numerosa, seguido de los trastornos graves de la conducta/personalidad con 50.672 (23,8%) y los trastornos generalizados del desarrollo con 49.426 (23,2%). El alumnado con discapacidad motora que precisa apoyo educativo especial asciende a 14.201 (6,7%) y el alumnado con discapacidades sensoriales sería 9.324 (4,4%) en el caso de la auditiva y 3.714 (1,7%) en el de la visual. Hay 13.729 alumnos con plurideficiencia (6,5%).

En términos relativos, el 2,6% del alumnado recibe apoyo por

presentar necesidades educativas especiales. En Primaria asciende a 2,7% y en la ESO al 2,8%. Pero el peso más significativo se encuentra en la FP Básica con un 6,0%. Es un reducido en Bachillerato (0,7%) y en Ciclos Formativos de FP de Grado Superior (0,5%).

En cuanto a la titularidad los centros, tanto los públicos como la enseñanza concertada presentan un porcentaje similar de alumnado con necesidades educativas especiales (2,8% y 2,7% respectivamente.