El Estado tendría que iniciar otro proceso por la vía civil para reclamar indemnizaciones

El Estado español tendría que iniciar otro proceso por la vía civil, al igual que los particulares que así lo considerasen, para reclamar indemnizaciones por el siniestro del ‘Prestige’, según distintas fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tras la absolución de los tres acusados, el capitán, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante.

Estas mismas fuentes han precisado que “cerrada la vía penal”, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, quedaría abierta ahora la posibilidad de iniciar la civil.

No obstante, han coincidido en que se trataría de un procedimiento con un recorrido “complicado, costoso y muy arriesgado”. Entre otras razones, porque, si no se estimasen las demandas, implicaría, según han explicado, “imposición de costas”, cuya cuantía iría, a su vez, en función del importe que se reclamase.

Mientras, la Sala que juzgó el siniestro será la encargada de decidir, en la ejecución de la sentencia, el destino de los 22,7 millones de euros de fianza que en su momento consignó para el proceso London P&I Club, la aseguradora del petrolero.

Por un lado, la absolución en este mismo fallo del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, conlleva que el Gobierno español quede exento de hacer frente a cualquier responsabilidad penal.

De esta forma, no tendrá que sufragar los daños que se le reclamaban, al entender el tribunal que las decisiones que se adoptaron buscaban salvar vidas humanas y minimizar los daños ambientales y económicos.

Pero, por otra parte, la absolución del capitán del ‘Prestige’ y de su jefe de máquinas cierra también, para el Estado español, la posibilidad de obtener indemnizaciones por la vía penal. Al respecto, la Fiscalía, que solicitaba hasta 12 años de prisión para Apostolos Mangouras, había reclamado, en concepto de responsabilidad civil por los daños derivados de la marea negra, 4.328 millones de euros.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que, ahora, “cerrada la vía penal”, para los afectados, entre ellos el Estado español, quedaría “la vía civil” ante eventuales indemnizaciones.

No obstante, estas mismas fuentes han calificado esta posibilidad como “muy complicada y muy arriesgada”. “Si no se estima la demanda, conlleva imposición de costas y hay que tener en cuenta una posible insolvencia”, ha apuntado en caso de que se ejerciese esa posibilidad contra el capitán o contra la propia armadora, Universe Maritime. “En paradero desconocido”, han apostillado.

En caso de que así lo hiciese el Estado español, han ido más allá al asegurar que podría volverse en su contra. “Si se considera que hay una posible corresponsabilidad por la gestión de la crisis”, han apuntado, pese a que la sentencia de la Audiencia de A Coruña avala la actuación de la Administración española y la decisión de alejamiento del buque, sobre la que afirma que fue una decisión “discutible, pero parcialmente eficaz”.

En cuanto a la cuantía de 22,7 millones de euros consignados por la aseguradora del buque, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), han explicado a Europa Press que, al haberse establecido que no existe responsabilidad penal, no se puede fijar una responsabilidad civil para asumir las eventuales indemnizaciones.

No obstante, ahora en el proceso de ejecución de sentencia, la sala deberá decidir cuál es el destino de estos 22,7 millones. Así, según las fuentes del TSXG consultadas, cabe tanto la opción de que esa cantidad vuelva a London P&I Club como que se decida un hipotético reparto entre afectados que asumieron gastos por reparación de daños.

Mientras, desde el Fondo Internacional para la Compensación de Daños por Hidrocarubors (Fidac) han precisado que, de la cantidad asignada en su día para este siniestro, unos 151 millones de euros, les queda únicamente “un pequeño porcentaje por repartir”, pendiente de acuerdos con algunos afectados.