«En 32 años en la Generalitat nunca vi una actuación así»

Los dos inspectores de Educación que declararon como testigos el pasado 13 de julio en relación a la querella contra Artur Mas por desobediencia por el 9-N detallaron al instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Josep Manuel Abril, las presiones que recibieron varios directores de institutos para que cedieran sus instalaciones para las votaciones y la «atípica» actuación de la conselleria de Educación para conseguir que la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, se celebrase.

En sus declaraciones –a las que ha tenido acceso LA RAZÓN– Jesús Rul y Rafael Alsina dejaron claro que advirtieron a los responsables de los centros bajo su tutela de las responsabilidades en las que podían incurrir. Ambos comparecieron en el marco de las diligencias que está llevando a cabo el magistrado para esclarecer –tras la querella presentada por Manos Limpias– si Mas, la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la consellera de Educación Irene Rigau pudieron cometer un delito de desobediencia al ignorar las resoluciones del TC y seguir adelante con la consulta.

Rul no ahorró calificativos para explicar lo insólito de la situación. «Llevo trabajando con la Generalitat 32 años como inspector y nunca había visto una actuación administrativa como ésta, por irregular». «Todo era verbal, procurando no dejar noticias escritas y creando mucha confusión e inseguridad jurídica en los propios directores», añadió. «¿Afirma usted que la Generalitat actuaba conscientemente de manera irregular?», le preguntó el juez. «De lo contrario, si se tratase de un uso social, se hubiese dejado constancia escrita. No hacerlo al menos genera dudas», contestó el funcionario.

Rul asesoró por escrito a los directores de instituto tras la reunión que mantuvo con ellos el 16 de octubre de 2014 la directora territorial de Barcelona y comarcas Montserrat Llobet y les advirtió de que la cesión de los centros fuera del horario lectivo para un uso social corresponde a los directores, aunque la titularidad sea de la conselleria, según el decreto 102/2010. «Les preocupaba básicamente el tema de la responsabilidad», recordó.

Según contó al juez ese mismo día el también inspector Rafael Alsina, algunos directores de centros pidieron a Llobet que les facilitara por escrito la orden de cesión de los institutos y ésta se negó. «Se puso furiosa», explicó, y «presionó mucho a los directores en este sentido», aunque a preguntas del abogado de Manos Limpias precisó que no hubo coacciones.

El magistrado preguntó a Rul qué instrucciones recibieron los directores de la Generalitat en esa reunión de octubre, cuando el TC ya había suspendido cautelarmente el 9-N y el Govern jugaba la baza de una pseudoconsulta que también tumbaría el Constitucional días después, el 4 de noviembre. «Se les pidió que se implicaran, que facilitaran las llaves o buscaran voluntarios», un hecho, la petición de buscar personal para encargarse de las urnas, que calificó de «atípico» en la Administración. «¿Cuál fue el comportamiento de los directores?», insistió el juez. «Hubo de todo, pero básicamente dejaron hacer».

Rul aseguró que en una reunión celebrada el 21 de octubre el inspector en cap de Educación, Francesc Güell, les dijo «que eso era competencia de la directora territorial y que la Inspección mejor que nos abstuviéramos». Güell aseguró al instructor el pasado 30 de julio que Rul y Alsina se extralimitaron porque entre sus competencias no está decidir sobre la cesión de los institutos. Al primero le resultó «extraño». «Llevo muchos años en la Administración y esto lo vi atípico desde el principio». Se trato, recalcó Rul, de «una utilización de los centros para una finalidad política, yo no entro si legítima o no». A preguntas del abogado de Rigau, insistió: «El tema del 9-N no es una butifarrada, es una frivolidad, no fue un acto de carácter social».

Tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno por parte del TC, recordó, estaba «vedado seguir adelante». Cuando se produjo la segunda resolución del Constitucional, el 4 de noviembre, «lo que yo tenía que decir ya estaba dicho». «Toda la Administración está sometida al orden constitucional. El día que eso salta por los aires o no se respeta...».

«No había justificación»

En la segunda reunión de la directora territorial con los responsables de los institutos, explicó, «se dieron instrucciones logísticas» mostrando «una insistencia especial». La entrega de llaves (una argucia para eludir la responsabilidad de los directores) «se hizo de forma muy irregular», añadió, mediante un documento sin firmar con el sello de la conselleria.

Alsina aseguró que «no había ninguna justificación» para no dar por escrito la orden de cesión de los instituto, una omisión que calificó de «anomalía». Este inspector envió un informe a la directora territorial instándole a dar las instrucciones por escrito o dejar sin efecto las órdenes verbales dadas en la reunión del 16 de octubre. Ese documento, sin embargo, no llevaba la firma del inspector en cap. «En mi carrera profesional es la primera vez que lo he visto», confesó. No tuvo respuesta.

«Algunos estaban dispuestos a colaborar, pero tenían miedo de ser sancionados después». Para tranquilizarlos, se les aseguró que les firmarían un documento exonerándoles de cualquier responsabilidad. Sin embargo, a los que cedieron los centros únicamente les entregaron el recibí de las llaves sin firma alguna. «Les dijeron que tenían que reunir al claustro de profesores y pedir voluntarios», dijo. En uno de los dos centros bajo su competencia, el Pompeu Fabra de Badalona, «no hubo ningún voluntario» y las llaves se entregaron «a un funcionario, un técnico de los Servicios Territoriales».

Sus testimonios

- «No fue una butifarrada ni un acto de carácter social, el 9-N tenía una clara finalidad política»

- «Pedir a los directores que busquen voluntarios es atípico, no es habitual en la Administración»

- «Se sintieron muy presionados por el ambiente, por las reuniones y por los mensajes»

- «El inspector en cap de Educación nos dijo que era mejor que nos abstuviéramos»