Qué hay que saber de la independencia

La declaración de independencia de Cataluña no cuenta con apoyo internacional, supondría la salida de la Unión Europea, perjudicaría a la economía catalana y pondría en riesgo el pago de las pensiones y el subsidio del paro

1. ¿Cuál es la hoja de ruta?

Los soberanistas tienen la intención de realizar una declaración de independencia para iniciar la desconexión con España. Esto abriría un proceso constituyente que finalizaría en un referéndum. Una vez aprobada la Constitución de la República Catalana se convocarían elecciones y la Generalitat iniciaría conversaciones con el Gobierno de España para pactar las condiciones de la ruptura. Este proceso sería impecable legalmente porque todo se confía a la voluntad del Gobierno de aceptar «un proceso democrático que nace de la voluntad de la mayoría del pueblo». La reacción contraria del Gobierno calificará a España como la democracia de baja intensidad de un Estado opresor

2. ¿Cataluña contaría con el apoyo de la comunidad internacional?

Acusar a España de opresión a «un pueblo» que elige «democráticamente» su futuro tiene una clara intencionalidad política en el ámbito internacional. La Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de autodeterminación limitándolo a países coloniales, sometimiento militar y a situaciones no democráticas u opresivas. En consecuencia, Cataluña se situaría en un campo minado porque ningún país importante reconocería una nueva república, y más si surge de romper las reglas de juego del Estado al que pertenece.

3. ¿Es posible una declaración unilateral de independencia?

Si Mas no consigue una mayoría suficiente y necesita de la CUP, la declaración unilateral de independencia puede producirse mucho antes de lo previsto, pues la CUP exigen una declaración unilateral inmediata a cambio de su apoyo.

4. ¿Saldría Cataluña de la UE?

Poco le importa al soberanismo que Merkel, Cameron, Valls o Juncker apunten que en caso de secesión, el país que se marcha de un Estado miembro también se marcha de la UE. No lo echan, se marcha. Según la propaganda secesionista, Europa no dejaría fuera nunca a unos ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos. Éste es el talón de Aquiles de los secesionistas porque una salida de la UE posicionaría a muchos catalanes en contra de sus veleidades separatistas.

Lo que no tienen en cuenta es que estos supuestos derechos democráticos no son contemplados como tales en ninguna constitución de los estados europeos y tampoco en la UE. Además, existe un elemento que el soberanismo obvia intencionadamente, la unanimidad de todos los estados para aceptar a un nuevo Estado miembro.

5. ¿Podría pedir su reingreso?

Sí, pero cumpliendo las condiciones de la Cumbre de Copenhague de 1993. Este reingreso deberá ser solicitado por las nuevas autoridades catalanas y no será inmediato. Primero, el nuevo Estado negociaría unas relaciones bilaterales y, en un siguiente paso, su ingreso. El tiempo que transcurriría hasta el ingreso es un interrogante, pero mientras no ingresara estaría fuera del euro –que podría ser la moneda de curso legal– y sus bancos no podrían acceder a la financiación del Banco Central Europeo. Por tanto, estos bancos deberían acudir a los mercados y Cataluña tiene la calificación de las agencias internacionales de «bono basura».

Asimismo, los catalanes perderían los privilegios que les otorga la Unión de ser ciudadanos europeos, porque su Estado no sería un Estado miembro. La argucia de que la ciudadanía española se podría mantener es simplemente un oxímoron. El nuevo Estado dotaría a sus ciudadanos de una nacionalidad catalana que no sería compatible con la española, mientras no existiera un convenio de doble nacionalidad. Los catalanes que quisieran mantener la española la deberían solicitar y, con seguridad, deberían renunciar a adquirir la catalana.

6. ¿Son equiparables los referéndums de Quebec y Escocia?

Ni Canadá ni Gran Bretaña tienen establecida la indivisibilidad de su territorio y sus gobiernos pactaron con los secesionistas los criterios de la consulta, incluida la pregunta. O sea, se efectuaron dentro de la legalidad. Esto no debe interesar a los soberanistas. Tal y como recuerda Josep Borrell en su libro «Los cuentos y las cuentas de la independencia», Artur Mas dijo en junio de 2015: «Aquí no estamos por dilaciones, hemos puesto la directa y vamos en serio». Su negociación con el Estado ha sido nimia. Más que negociación ha buscado la confrontación para justificar sus prisas aprovechando la crisis económica y el enfado ciudadano.

7. ¿Cuáles son las consecuencias económicas?

Según los soberanistas ninguna. Las empresas no se irán, las relaciones comerciales no se resentirán, las inversiones seguirán y el poder adquisitivo aumentará. La irresponsabilidad se puede concretar en las palabras de Oriol Junqueras en el debate con Margallo: «Nosotros no pondremos aranceles». Los aranceles serán establecidos por la UE, no por Cataluña, y tendrá una consecuencia negativa inmediata sobre las exportaciones.

Las empresas catalanas están tomando precauciones ante un agravamiento de la situación, incluidos los bancos. Cambios de domicilio fiscal fuera de Cataluña, condiciones para mantener sus inversiones «mientras haya estabilidad y se aleje la incertidumbre» y voluntad de irse si el proceso soberanista llega hasta sus últimas consecuencias, son algunos ejemplos. Además, la incertidumbre aportaría una reducción del consumo y de la actividad económica y, en consecuencia, disminución del empleo. Una virtual salida de la UE dejaría a la nueva Cataluña al pairo de los mercados para buscar financiación. Y ésta, sin duda, sería cara. En este escenario de contracción económica aparece un nuevo elemento a tener en cuenta: el descenso de la recaudación fiscal.

8. ¿Cataluña sería miembro de la OTAN y de la ONU?

De entrada, no, por mucho que el soberanismo lo dé por hecho. El nuevo Estado debería solicitar su ingreso y esperar ser aceptado. Artur Mas ha dicho que Cataluña tendría un pequeño ejército que no costará menos de 3.000 millones de euros al año, siguiendo la pauta de lo establecido por los nacionalistas escoceses en su Libro Blanco. A esto cabría añadir las cuotas que se deberían pagar a la OTAN por ser miembro de la organización. En la ONU, Cataluña no sería miembro inmediatamente y los ingresos no son rápidos.

9. ¿Cuáles son los gastos del nuevo Estado?

El presidente Mas valora el coste adicional para construir el nuevo estado en unos 3.000 millones de euros. Embajadas, administración tributaria, fronteras, puertos, aeropuertos, ejército, cooperación internacional, comportan unos gastos que ahora soporta el Estado. El soberanismo apunta que este dinero saldrá del expolio fiscal, que cifran en 16.000 millones. Sin embargo, estas cuentas tienen un valor relativo porque los informes del Consejo Asesor cifran los gastos en «varios cientos de millones», y el expolio fiscal no es dinero al servicio del Gobierno. Borrell, en su libro, cifra este gasto por encima de los 6.000 millones. Ejército y compromisos internacionales aparte.

10. ¿Se podrán pagar las pensiones y el paro?

Los informes del Consejo Asesor de la Transición afirman que se podrán pagar las pensiones y el subsidio de paro y que podrían ser mayores. Sin embargo, algunos economistas secesionistas advierten de los problemas que se podrían generar en los primeros meses y apelan a la obligación de España de pagar las pensiones y el paro de los catalanes independizados «porque es su obligación».