2017 judicial: de Oleguer Pujol a Mas y «el pequeño Nicolás»

La declaración de Bárcenas en el juicio de «Gürtel» y la recta final

de la vista por las tarjetas «black» acaparan el comienzo del año

Artur Mas, Oleguer Pujol, «el pequeño Nicolás», Jorge Verstrynge, Luis Bárcenas y Francisco Correa serán, a la espera de conocer la sentencia del «caso Nóos», algunos de los principales protagonistas de la crónica de tribunales en 2017. Todos ellos tienen citas clave con la Justicia en los próximos meses de un año que, desde el punto de vista judicial, echará a andar muy pronto.

Si el calendario judicial de 2016 empezó el 11 de enero, con el comienzo del juicio del «caso Nóos», este 2017 que acabamos de estrenar no le va a andar a la zaga. La primera fecha señalada en rojo en el calendario es el próximo 12 de enero, cuando declarará como investigado por blanqueo en la Audiencia Nacional Oleguer Pujol, el benjamín de la familia del ex presidente Jordi Pujol. Y lo hará casi 15 meses después de ser detenido, en octubre de 2014, durante el registro de su vivienda y las sedes de sus empresas en relación al supuesto cobro de 11,5 millones de euros en comisiones en una operación de compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007. Por idéntico motivo comparecerán ante el juez José de la Mata un día antes Javier y Gabriela de la Rosa, hijos del empresario Javier de la Rosa.

Pero el protagonista de este primer mes del año será, sin duda alguna, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas que, unos días después, el 16 de enero, declarará en el juicio del «caso Gürtel» por el presunto cobro de 1,2 millones de euros en comisiones del empresario Francisco Correa, entre 2000 y 2007, desembolsadas presumiblemente a cambio de adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PP a sociedades del líder de la trama corrupta. Además, Anticorrupción acusa al ex senador, para quien la Fiscalía pide una condena de 42 años y medio de prisión, de apropiarse de casi 300.000 euros de la «caja B» del partido. Su declaración será prolija y está previsto que se prolongue varias sesiones.

La trama valenciana de la red corrupta también se enfrentará a la Justicia en la Audiencia Nacional a partir del 13 de marzo por delito electoral en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales del año siguiente. Entre la veintena de acusados por la supuesta financiación irregular del PP en Valencia –entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat valenciana Ricardo Costa– también figura Francisco Correa (que se verá obligado a hacer «doblete» en ambos procesos).

No será éste el único proceso que arrancó en 2016 y concluirá este año (en principio en el mes de junio). El juicio de las «tarjetas black» también se reanudará el próximo día 11. Aunque en principio la vista oral debía concluir el pasado 9 de diciembre, los plazos no se han cumplido y durante este comienzo de año las defensas de los 65 acusados, con los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a la cabeza, continuarán exponiendo al tribunal sus informes finales, intentado demostrar que los ex directivos de la entidad no cometieron un delito de apropiación indebida y, en su caso, de administración desleal al cargar 12,4 millones de euros a esas tarjetas opacas entre 2003 y 2012.

Quien ya tiene fecha para sentarse en el banquillo es el ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Del 6 al 10 de febrero será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de desobediencia y prevaricación –junto a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por su papel en la consulta soberanista del 9-N, que se celebró en 2014 pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC)–.

Y, presumiblemente, en los próximos meses seguirá sus pasos, también por el 9-N, el diputado Francesc Homs, a quien el Tribunal Supremo procesó hace unos días por organizar la consulta ilegal desobedeciendo de forma «abierta, obstinada y pertinaz» al TC.

Otro juicio que «madrugará» en 2017 será el que siente en el banquillo a los nueve procesados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua (Navarra) el 15 de octubre del pasado año. Según fuentes jurídicas, la vista oral –por delitos de terrorismo en concurso ideal con atentado, lesiones y provocación a la discriminación, odio o violencia– podría celebrarse el próximo febrero. Antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá presentar su escrito de acusación contra los supuestos responsables de la agresión, que según la instructora de la causa, Carmen Lamela, conocían la condición de guardias civiles de los agentes, «siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados».

Juicio por la quiebra de la CAM

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, «el pequeño Nicolás», también está pendiente de juicio. El pasado diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, abrió juicio oral contra él por hacerse pasar por un representante del Gobierno y de la Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014. La Fiscalía reclama que se le imponga una pena de siete años de prisión por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

Tras un año de relevantes juicios por delitos económicos en la Audiencia Nacional, este tribunal celebrará a finales de mayo otro proceso semejante (previsto inicialmente para el próximo día 17) por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Su ex presidente Modesto Crespo, los que fueran directores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós y otros cinco ex directivos están acusados, entre otros delitos, de falsear las cuentas de la caja y se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión.

Este mismo mes también será juzgado Jorge Verstrynge (el juicio se aplazó el 17 de noviembre del pasado año por la ausencia de dos testigos) por los incidentes ocurridos en la Puerta del Sol entre manifestantes y policías en junio de 2014 durante la proclamación de Felipe VI. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones y que indemnice con 3.000 euros a un agente que resultó herido.