Las autonomías exigen un plan «a la carta» para levantar el confinamiento

El Gobierno debe mejorar el diálogo con las comunidades para implementar con éxito el proceso de regreso progresivo a la normalidad una vez que se controle la pandemia del Covid-19. Las autonomías ya han empezado a rebelarse contra las decisiones unilaterales del Ejecutivo y después de los «errores» acumulados, ahora se preparan para reclamar su cuota de decisión en el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento, así como de la vuelta a la actividad productiva.

El Gobierno tuvo que levantar la mano con el decreto de hibernación por las protestas de Galicia y País Vasco, entre otras, y a partir de ahora la presión para participar de las decisiones va a ir en aumento. Desde las comunidades se ha hecho llegar ya a Sanidad la demanda de que se extiendan las líneas de diálogo con ellas porque las decisiones y el «desescalamiento» del confinamiento debe ajustarse, a su juicio, a las necesidades territoriales particulares, al tejido productivo de cada región y al nivel de contagios y su contención.

Hasta ahora Pedro Sánchez ha conseguido imponer un criterio nacional en las decisiones, a costa de las protestas de País Vasco, Cataluña y alguna otra comunidad, pero la situación de emergencia sanitaria ha doblegado los impulsos de acción unilateral. La previsión es que el escenario vaya cambiando poco a poco, y en ese regreso a la normalidad, y sin tanta dependencia ya de Madrid, desde las comunidades van a plantear su «batalla» particular, sobre todo para que se tenga en cuenta sus particularidades económicas y su tejido productivo.

La colaboración con las comunidades es también fundamental para acordar medidas de geolocalización que permitan evaluar en tiempo real el control de la crisis y los casos positivos recuperados. Por molesto que resulte, las administraciones autonómicas asumen que es una iniciativa básica para tener una foto real de la capacidad de contagio del virus.

El Gobierno se enfrenta en las próximas semanas a una complicada búsqueda de consenso después de haber actuado en solitario hasta el momento. El lema de los grandes pactos de Estado ha sido recibido con gran escepticismo por oposición, comunidades y otros agentes implicados directamente en la lucha contra las consecuencias económicas y sociales de la crisis.

Este jueves el Congreso respaldará la nueva prórroga del estado de alarma, sin el apoyo de Vox y con una posición mucho más crítica por parte de PP y Ciudadanos. El Gobierno está negociando a marchas forzadas con sus socios después de que también desde ahí hayan salido duras críticas contra su modo de operar, su improvisación y la unilateralidad de Sánchez y de su círculo más cercano en Moncloa.

Sánchez debería revisar con urgencia su modo de abordar esta crisis porque se ha terminado el tiempo de abusar de los poderes que le otorga el estado de alarma.

En las próximas semanas el Gobierno tendrá que gestionar una avalancha de estudios e informes muy negativos. El dato del IPC, con posibles altas muy notables en productos de primera necesidad, y los datos de EPA de enero a marzo, con registros peores que los que ofreció el INEM la semana pasada. También llega el golpe al sector turístico con los datos de cancelaciones que ofrezcan los tour operadores de cara a Semana Santa, así como sobre transporte de viajeros.

Sánchez tendrá que gestionar esta radiografía de la catástrofe muy ligero de apoyos políticos y económicos. El presidente del Gobierno intenta pasar a la ofensiva para sortear los obstáculos inmediatos que tiene en el camino, la prórroga del estado de alarma, la convalidación de los decretos leyes, la negociación en Europa y la elaboración de esos Presupuestos de “reconstrucción” que requerirán de ajustes y para los que ya no tendrá como carta de presentación el eslogan de la agenda social sobre la que iba a sostener inicialmente la Legislatura.

Aunque mañana intente presentarse en el Congreso de los Diputados con la mano tendida al acuerdo, la respuesta de la mayoría parlamentaria será clara y coincidente en cuanto a la crítica a su improvisación y la falta de interlocución en las decisiones validadas por el Consejo de Ministros. Tendrá que escuchar como le afean que haya actuado de espaldas a la oposición, a las comunidades, a los empresarios y hasta a sus socios, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes.

El Gobierno primó la política en la gestión de esta crisis sanitaria, pero necesitará mucha política para borrar las críticas y los recelos que ha alentado en quienes tienen que ser sus “muletas” para superar los daños de la crisis.