Congreso sin ERTE: sueldos blindados y más asesores

Al tiempo que el conjunto de las instituciones, servicios y empresas del país transitarán durante las próximas semanas y meses el camino de transición hacia la nueva normalidad, el Congreso de los Diputados afrontará también su particular desescalada. Será lenta. La Cámara Baja aún tardará meses en recuperar su pulso habitual en lo que tiene que ver con la presencia en sus despachos del conjunto de los 350 diputados, y también de los trabajadores, asesores, técnicos y periodistas que desarrollan desde allí su labor profesional. También respecto de los plazos y las iniciativas que podrán ser o no debatidas o, simplemente, tramitadas.

El terreno en el que no ha cambiado nada es el que concierne a los emolumentos de los diputados. El Parlamento entró en hibernación el pasado 20 de marzo, pero ello no ha afectado en ningún caso a las remuneraciones de los políticos. Ni pandemia ni estado de alarma ni crisis económica que valga. En las primeras semanas de esta emergencia, conforme se iban constatando los inasumibles datos de las empresas que se veían obligadas a echar el cierre o a aplicar un ERTE a la totalidad de sus empleados, surgieron algunas iniciativas orientadas a que, por esta vez, también los dirigentes políticos se apretasen el cinturón. El grupo confederal de Unidas Podemos registró una proposición no de ley en la que planteaba una «reducción en las retribuciones de los altos cargos del Gobierno mientras dure el estado de alarma». El grupo morado demandó entonces, era el 3 de abril, que los diputados y senadores, el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y ministros así como el conjunto de altos cargos donasen el 50% de su sueldo para la lucha contra el coronavirus. La proposición no de ley, sin embargo, lleva más de un mes durmiendo a la espera de una improbable tramitación.

Pronto surgieron otras veces que reclamaban que fuese donado a la lucha contra la epidemia el montante total las dietas que los diputados que viven fuera de Madrid perciben en concepto de «indemnización» y que asciende a que asciende a 1.921 euros al mes. El argumento para su puesta en práctica se antojaba sencillo e incluso razonable: si los diputados de fuera de Madrid no podían viajar hasta la capital para trabajar porque, primero, el Congreso entró en hibernación y, más tarde, sólo acudían a los plenos los que viven en esta ciudad o aquellos que van a intervenir, esas dietas –que sólo en estos dos meses han supuesto el desembolso de más de un millón de euros de las arcas públicas– dejaban de cumplir su misión. La Mesa de la Cámara Baja tardó poco en cerrar también esa puerta y derivó a la voluntad de cada diputado realizar esta donación. Y decidió donar tres millones del propio presupuesto del Congreso, es decir, de las arcas públicas, a la lucha contra el virus.

En lo que sí parece que el Congreso retoma algo de normalidad es en la contratación de asesores por parte de los grupos parlamentarios. Fichajes de personal eventual a dedo que, con la declaración del estado de alarma, se había visto interrumpido. Sin embargo, en los últimos días, el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) recoge cuatro nuevas de estas contrataciones de asesores. En concreto, el grupo de Unidas Podemos ha contratado un asistente que asesorará al presidente de la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; ERC ha sumado dos contrataciones a su nómina de personal eventual para la comisión para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y la comisión para la Coordinación de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; por su parte el PSOE, según publica el BOCG el 28 de abril ha contratado un nuevo asistente para su grupo parlamentario.

En Change.org, una iniciativa que pide que se aplique un ERTE a la clase política sumaba ayer el apoyo de 728.415 personas: «Deben quedarse los justos y necesarios», reza esta petición.