Sánchez, una legislatura sin programa ni mayorías

Pedro Sánchez comprobó ayer en el Congreso que la fecha de las próximas elecciones la decidirá él, porque la mayoría de su investidura no promoverá ni se sumará a una moción de censura en su contra, pero también certificó que tampoco le ayudará a gobernar. No le sacarán de Moncloa, pero le harán la vida imposible, a él, y, sobre todo, a su socio, Pablo Iglesias, condenado a depender de la «derecha liberal» de Ciudadanos (Cs).

La fecha de los ajustes obligados por la recesión y Bruselas está marcada ya en el calendario como el más que posible punto y final de la coalición en sí, porque es difícil imaginar al vicepresidente, Pablo Iglesias, sacrificándose por el saneamiento de la economía española de acuerdo con las reglas que imponga la UE. El presidente del Gobierno y su socio de coalición están en manos de los 10 escaños de Inés Arrimadas, que sigue cobrándose «condiciones» para sacar el máximo provecho de la desastrosa herencia que dejó Albert Rivera.

El líder de Podemos no ha conseguido su objetivo de salvar como fuese el bloque de investidura. Puede haber futuros acercamientos económicos, pero el apoyo de Ciudadanos a la alarma sólo tendrá continuidad si Sánchez sigue cediendo y asumiendo sus condiciones, y la principal es que se queden fuera ERC, el «conflicto catalán» y el programa más radical de Podemos.

Ayer Ciudadanos consiguió que Sánchez rectificase el plazo de la prórroga, de 15 días en lugar de los 30 que exigía inicialmente Moncloa para no tener que someterse a más calvarios parlamentarios hasta el verano. Y su portavoz, Edmundo Bal, pudo presentarse ante el Pleno con un comunicado firmado con el PSOE en el que el Gobierno de coalición queda obligado a mantener abierto el Parlamento y asume negociar las medidas económicas y sociales. Arrimadas arriesga, pero está convencida de que pese a los movimientos internos, no tiene nada que perder, y sí mucho que ganar. Cuando no le interese y no pueda ligar su apoyo a «concesiones» socialistas, dentro del respeto a su programa electoral, el PSOE no tendrá el apoyo de su partido.

El último debate de la prórroga del estado de la alarma volvió a ratificar que los planes de Legislatura sobre los que se sacó adelante el Gobierno de coalición han volado por los aires. El jefe del Ejecutivo tiene que reconstruir su programa, la agenda social ha sido destruida por los efectos económicos del coronavirus, y tiene que reconstruir también las alianzas. La posibilidad de que el estado de alarma sea sólo un bache en la relación con ERC, y que los puentes puedan recuperarse en el futuro, gracias a la mediación de Podemos, parece complicada, y así lo reconocían ayer en medios socialistas. El calendario es, además, bastante clarificador. En otoño se espera la confirmación de la condena de Quim Torra, después de que el Tribunal Supremo admita previsiblemente en las próximas semanas el recurso extraordinario de casación interpuesto por el todavía presidente de la Generalitat contra la sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Cataluña, que le condenó por un delito de desobediencia a la Junta Electoral a un año y medio de inhabilitación. Confirmada la sanción, Torra debe dejar el cargo o haber convocado antes elecciones si quiere controlar el proceso, ya que el recurso de amparo contra la sentencia del Supremo ante el Constitucional no es suspensivo, según confirman fuentes jurídicas.

Para esas fechas puede ocurrir como con las elecciones vascas y gallegas, que un rebrote de la pandemia dificulte la celebración de los comicios, pero lo que está claro es que este contexto condiciona, sin duda, el tablero político nacional y las relaciones de ERC con el PSOE.

El partido de Oriol Junqueras se enfrentará, asimismo, a la previsible ratificación de la sentencia del Supremo, que condena a la cúpula independentista por sedición, sin margen para presentarse ante su parroquia con suficientes resultados de su inicial apuesta por marcar distancias con JxCat en la negociación de la «mesa de partidos».La pandemia ha desnudado la mayoría Frankestein y ha desnudado también, antes de tiempo para los intereses de la coalición, que la negociación sobre el asumido por el Gobierno como «conflicto catalán» es inviable.

Con el país hundido en la peor crisis económica de la democracia, Sánchez ya no tiene ningún margen para presentarse no ya ante la sociedad, sino ante la mayoría de su electorado, perdiendo un sólo minuto en discutir sobre la autodeterminación o sobre «presos».

La imagen que deja el Congreso no puede estar más alejada de las necesidades del país. No hay mayorías, no hay programa de gobierno y da la sensación de que, salvo excepciones, en la Cámara la única mayoría que se impone es la que piensa en clave de voto, aquello de lo que más entienden los políticos. Hay que salir del Congreso para escuchar en la política, de aquellos retirados de los principales partidos por las nuevas direcciones, comentarios del tipo: «No se trata de salvar a un Gobierno, sino de salvar a España. Y hasta los que viven de pensar en la herencia deberían medir que la herencia puede ser la ruina».

La dramática radiografía del Banco de España que se conoció este martes no cambió en nada los «roles» de todos los partidos en el debate parlamentario de ayer. Dio igual que sus previsiones anuncien una catástrofe muy superior a la que comunicó el Gobierno de España a la Unión Europea, o que las agencias privadas y entidades financieras también dibujen un panorama mucho más desolador con una total pérdida de empleo en España.

«Es imposible que la opinión pública pueda entender que en momentos de crisis tan grave como ésta, las instituciones naufragen en debates estériles y que no tienen nada que ver con el interés general de los ciudadanos». Para escuchar esta afirmación, también había ayer que preguntar a la política con mando fuera de Madrid.

El presidente del Gobierno sacó ayer su quinta prórroga del estado de alarma, pero todavía con menos apoyos y después de escuchar a sus socios de investidura advertirle de que la Legislatura está en peligro.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, metió el dedo en esa llaga: «Cada votación es un calvario y la legislatura será un suplicio». Mientras que desde Vox, Santiago Abascal, alentó las protestas en la calle porque «la revuelta es imparable».