Moncloa tiene “plan b” si no logra la sexta prórroga

El Gobierno parece vivir instalado en una semana horribilis perpetua. Las polémicas se encadenan y algunas han servido para que Moncloa replantee su estrategia. Al menos en lo relativo al estado de alarma. La vocación del Ejecutivo es que siga vigente, aunque de manera asimétrica, hasta que toda España supere la desescalada. Esto es, que se vaya levantando paulatinamente en los territorios que alcancen la nueva normalidad, aunque esté decretado hasta finales de junio en aquellos que se mantengan en fases anteriores. Sin embargo, las resistencias que Pedro Sánchez está encontrando en los territorios y en los partidos de la oposición han llevado al Gobierno a afrontar el desafío desde otro prisma, condicionando cualquier paso a tener la mayoría suficiente para acometerlo y buscar alternativas.

Pese a haber mantenido que no existía otra opción al estado de alarma, Moncloa reconoce ahora que sí hay «plan b» y que, de no lograr aprobar la sexta prórroga, «ordenará la legislación vigente que a la luz del decreto de alarma se ha generado en las órdenes ministeriales, con un paraguas de decreto ley, para dejar las mínimas posibles que ordenen la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada de los territorios» que van más retrasados en las fases, esto es la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Barcelona y su área metropolitana.

El Ejecutivo no está dispuesto a hacerse de nuevo el «harakiri» parlamentario y ha comenzado ya los contactos con los partidos de la oposición. Si no se tienen asegurados los apoyos, no se iniciará el trámite y se buscarán fórmulas alternativas dentro de la legislación ordinaria para regular a todos los territorios hasta la nueva normalidad, aunque sea fuera del estado de alarma. «El Gobierno en este momento se plantea, si hay mayoría suficiente para hacerlo, una última prórroga del estado de alarma que nos permita terminar lo que hemos denominado desescalada, para cubrir la última de las cuatro fases de la misma», confirmó ayer ayer la vicepresidenta del Gobierno. Calvo señaló también que se «saldrá muy pronto» de la situación de excepcionalidad y trasladó que el Ejecutivo planteará el análisis de las leyes sobre salud para que se pueda reaccionar ante un «otoño incierto», en el que se esperan eventuales rebrotes, sin tener que volver a recurrir al artículo 116 de la Constitución.

Las votaciones en el Congreso de los Diputados para la aprobación de las sucesivas prórrogas del estado de alarma se han convertido en un auténtico vía crucis para el Ejecutivo. A la progresiva pérdida de apoyos a medida que avanzan las semanas, incluidos los de sus socios de investidura, se suma la polémica surgida a raíz del pacto con EH Bildu que tuvo lugar hace escasos días a cuenta de la derogación «íntegra» de la reforma laboral. En efecto, en Moncloa se mantiene viva la intención de pedir una sexta prórroga del estado de alarma que abarque hasta el final de la desescalada. No en vano, la vocación del Ejecutivo era que la quinta prórroga –aprobada la semana pasada– hubiera sido la última y hubiera durado «alrededor de un mes» hasta finales de junio. Sin embargo, las dificultades que están encontrando para sacar adelante las votaciones en el Parlamento, han hecho que el Gabinete se cuestione hasta qué punto merece la pena seguir sometido a este desgaste por parte de la oposición.

Desde el entorno de Sánchez son especialmente duros con el Partido Popular, que «hace días abandonó su papel de partido con sentido de Estado» y ha «dimitido de su responsabilidad». «El partido de Pablo Casado se ha instalado en el “no” a todo. No importa lo que se proponga ni lo que se diga, lo único que le interesa es tumbar al Gobierno legítimo de España», lamentan en el Ejecutivo. Sin embargo, junto a la derecha han hecho frente común otras fuerzas progresistas –como los partidos independentistas o nacionalistas –que han buscado debilitar al Gobierno en sus horas más bajas y han planteado cuestiones que nada tienen que ver con la crisis sanitaria a cambio de dar apoyo al mantenimiento del estado de alarma. En Moncloa aseguran que, en lo sucesivo –y tras el «patinazo» del pacto con Bildu– no se negociará nada que no tenga que ver con la emergencia sanitaria como contrapartida al apoyo de los grupos.

En el Gobierno se mantienen en sus posiciones de que «no renunciarán al único instrumento que les permite controlar la expansión del coronavirus», pero apurarán al máximo la decisión sobre la petición de una nueva prórroga del estado de alarma. La misma se tomará en los próximos días, en función de los apoyos y de las cifras de la evolución sanitaria, que serán las que «aconsejen» si pedir o no la ampliación. «Lo que al Gobierno le preocupa es la salud de los ciudadanos», destacó ayer María Jesús Montero, aunque en Moncloa no estén dispuestos a dar más pasos en falso para ello.