La juez del 8-M reclama a Ayuso y Almeida los actos masivos que autorizaron en esas fechas

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tendrán que informar a la juez del 8-M antes de las seis de la tarde de hoy de todos los actos masivos que autorizaron entre el 5 y el 9 de marzo pasados. Así lo acordó el pasado martes la magistrada Carmen Rodríguez-Medel -que investiga si delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, prevaricó al autorizar la manifestación del 8-M pese a las alertas sanitarias por coronavirus- en una providencia en la que accede a la petición efectuada por la Abogacía del Estado.

Precisamente ayer, Franco apuntó tras su declaración judicial -en la que aseguró que no disponía "de ningún elemento o resolución que le llevara a prohibir un derecho fundamental como el de reunión" y por tanto el 8-M, que en esas mismas fechas se celebraron también en Madrid muchos acontecimientos «que no estaban amparados por derechos fundamentales», precisamente los que ahora quiere conocer la magistrada.

En esa resolución, la instructora acuerda que se libre un oficio a ambas instituciones reclamándoles que informen “sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros)” que se celebraron entre las fechas reseñadas en lugares públicos o privados “con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias”.

Tanto el Gobierno regional como el Consistorio deberán reseñar “la fecha y aforo o número de asistentes” de esos eventos, así como si alguno de ellos que estuviese programado entre los días 5 y 14 de marzo “fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el Covid-19”, debiendo en esos supuestos especificar la “fecha y documento que acredite tal extremo”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 -que hoy toma declaración como testigos a cinco trabajadores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno y a varios convocantes de protestas en fechas próximas al 8-M- especifica en esa providencia que Comunidad y Ayuntamiento deben remitir antes de las seis de la tarde de hoy toda esa información, que se trasladará a la Abogacía como a la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas.

Entre los testigos que comparecen hoy ante la instructora figuran el convocante de varias protestas de la asociación animalista Anonymus for the Voiceless, que el pasado 4 de marzo solicitó permiso para dos concentraciones para el 15 y 16 de ese mismo mes que fueron finalmente autorizadas, pero que no se celebraron. Según constata la Guardia Civil en el informe en el que cuestiona la gestión de la crisis sanitaria por parte del ministro Salvador Illa y del propio Simón -que le costó el puesto al jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos-, “nadie asistió a las mismas precisamente por responsabilidad ante el temor a contagios”.

También testificará ese día Javier G. O., que pidió permiso a la Delegación del Gobierno para seis protestas -según consta en la relación de solicitud de autorizaciones incluida en el referido informe policial-, de las cuales se celebraron cuatro -los días 6, 9, 11 y 13 de marzo- y se desconvocaron las dos restantes, el 16 y el 18 del mismo mes, ya con el estado de alarma en vigor.

Entre los testigos se encuentra igualmente otro de los convocantes de protestas entre el 5 y el 14 de marzo, Juan M. I., que pidió permiso para una concentración el día 14 que al final no se celebró.

Precisamente ayer, en los interrogatorios como testigos a altos cargos de la Delegación del Gobierno se produjo, según fuentes jurídicas, un «rifirrafe» en relación con qué organismo debe advertir a este organismo de posibles riesgos sanitarios. Según esas mismas fuentes, los declarantes «apuntaron más a la Consejería de Sanidad» de la Comunidad de Madrid. De hecho, recalcaron, se habló «poco del Ministerio de Sanidad».

Uno de estos testigos –José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana– asumió que desde la Delegación del Gobierno se llamó telefónicamente a algunos promotores de esas protestas próximas al 8-M para que las desconvocaran por el riesgo de contagios, pero no asumió que él diera la orden ni que ésta proviniese de Franco. Según explicó a la juez –que según estas fuentes estuvo muy «proactiva» en los interrogatorios–, esas llamadas eran algo «frecuente» porque resulta «más ágil hacerlo por teléfono». Sin embargo, varios trabajadores de la Delegación declararon a la Guardia Civil que esas actuaciones eran inéditas.

En su declaración ante la juez, el delegado del Gobierno defendió ayer que cuando permitió la concentración feminista «no había ninguna elemento ni recomendación que me llevara a prohibir un derecho fundamental como es el de manifestación». Él, según recalcó a la instructora, no tenía competencias en cuestiones sanitarias ni tuvo conocimiento el 2 de marzo del informe interno del departamento de riesgos laborales, remitido a todos los empleados de la Delegación, sobre medidas de prevención para evitar contagios por la Covid-19.

Franco reivindicó que su actuación fue siempre «de acuerdo a la ley» y «con arreglo a las noticias que se iban teniendo de las opiniones de los expertos sanitarios» y recalcó, según fuentes presentes en su declaración, que en la Delegación no fueron conscientes de los riesgos del coronavirus hasta después de la manifestación del Día Internacional de la Mujer, en torno al 11 de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia. «En absoluto soy responsable del 8-M», subrayó.