La pandemia obliga al Gobierno a elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional

El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha comparecido esta tarde en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Senado para, por un lado, informar del desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional, y, por otro, presentar los informes anuales de Seguridad Nacional correspondientes a 2018 y 2019. Dos documentos que analizan y actualizan los diferentes riesgos para el país que marcaba la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (aún vigente), en los que sí se hace referencia a las pandemias como reto pero que, en el caso del último, no se consideraban un riesgo. Y eso que fue aprobado el pasado 4 de marzo. Y es que, como ha explicado Redondo, la crisis del coronavirus “ha marcado un antes y un después”, lo que ha obligado al Gobierno a “impulsar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional antes de que acabe 2020”.

Hasta ahora, las diferentes estrategias han tenido una vigencia de cinco años o, como ha sido el caso actual, “cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico”, según marca el texto. Sin embargo, Redondo ha explicado que las amenazas no son inmóviles, evolucionan y se relacionan entre sí: “Esta interdependencia se ha visto en la crisis de la Covid, que ha afectado a cuatro de ellos: epidemias, ciberseguridad, emergencias y catástrofes, y seguridad económica”. “No podemos descartar que una nueva amenaza en el futuro afecte a mas ámbitos”, ha señalado.

Pero Redondo no ha explicado el motivo por el que, pese a aprobarse el último informe de actualización el pasado 4 de marzo, se mantuvo esa previsión de poca probabilidad de sufrir una pandemia, además de prever que, de producirse, tendría un “impacto moderado”. Únicamente ha dicho que la percepción de riesgos que se recogía en dicho documento es “un estudio de 2019 con la mirada de 2019″. Una “visión de los potenciales riesgos de entonces, pero la Covid lo ha envejecido estos meses. Ha marcado un antes y un después”.

De ahí que considere necesario e “inteligente” evaluar las diferentes amenazas para tener “una nueva visión” con esa Estrategia 2020 anunciada. En este punto, ha hecho hincapié en que “España se construye desde el Gobierno y desde la oposición”, por lo que ha tendido la mano al resto de partidos para comenzar en julio el proceso de renovación de la Estrategia de Seguridad Nacional. “Entrará en vigor en 2021 y actualizará la de 2017″.

Al mismo tiempo, también ha adelantado que, antes de que acabe el año, el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley para garantizar la aportación de recursos a la Seguridad Nacional, una especie de “catálogo de las capacidades de los sectores estratégicos”.

Informes de 2018 y 2019

En lo que se refiere a los informes (que anualmente actualizan la Estrategia), en el de 2018 ya se dedicaba un capítulo a la Seguridad frente a pandemias y epidemias, haciendo hincapié en que «la circulación de microorganismos y la transmisión de enfermedades constituyen desafíos de primer orden», por lo que instaba a «contar con capacidades para detectar y reaccionar ante cualquier riesgo sanitario en puertos, aeropuertos y fronteras». Incidía, además, en que había que «mejorar las capacidades de atención sanitaria».

Aún quedaba lejos la pandemia del coronavirus, la cual comenzaba a darse a conocer cuando se estaba concluyendo el informe de 2019 y ya era más que famosa ese 4 de marzo pasado en el que se aprobó sin hacer ninguna modificación. 11 días después, el Ejecutivo decretaba el estado de alarma. En dicho documento, que por primera vez incluye un análisis de riesgos para el periodo 2019-2022, se consideraba que el riesgo a corto plazo de sufrir una pandemia en España era poco probable y que, de ocurrir, su impacto sería moderado. Es más, llega incluso a apuntar que “se ha observado una mejora importante del nivel de salud de la población y el aumento de las capacidades de respuesta de los sistemas sanitarios y de salud pública”.

“Los mecanismos de seguridad sanitaria puestos en marcha son capaces de detectar más riesgos epidémicos y pandémicos y de forma más rápida, y también permiten una reacción precoz, reduciendo su posible impacto en la población”, dice el informe aprobado 11 días antes del estado de alarma. Eso sí, alertaba, al igual que en el caso de 2018, de que “la gran circulación de microorganismos patógenos sigue generando importantes riesgos para la población” y avisaba de la existencia de bacterias multirresistentes a los antibióticos.

Y en esos riesgos de los que el informe alerta para el periodo 2019-2022, sitúa como los “de mayor probabilidad” la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje, la inestabilidad económica, la inmigración irregular o el cambio climático. En cuanto a los que más impacto tendrían, los ciberataques se sitúan en primera posición, seguidos de las catástrofes, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje o las amenazas a las infraestructuras críticas. Considera incluso más probable que una pandemia la vulnerabilidad energética o la vulnerabilidad aeroespacial.

Otros riesgos para la seguridad de España

Para el Departamento de Seguridad Nacional, los principales retos que marca en su último informe tienen como principal protagonista al ciberespacio y a las “fake news”, además de a la inteligencia. Eso sí, se mantienen los “clásicos” como son el terrorismo o el crimen organizado. Según se desprende del documento, “el ciberespionaje se está convirtiendo en una práctica habitual”.

Pero también se ha detectado “un incremento de las actividades realizadas por otros estados, que tienen como objetivo influir en los procesos políticos y sociales”. Además, consideraba de “especial importancia” las “acciones de desinformación” debido a su “potencial de desestabilización”, ya que “pretenden desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza”.

Junto a esto, el informe de 2019 hace especial hincapié en los servicios de inteligencia de otros países, apuntando que varios de ellos han ampliado su presencia en España con un “notable incremento de sus actividades”. De hecho, hace referencia a un “notable incremento” de las operaciones relacionadas con la subversión y que se dirigen a deteriorar la imagen que tiene la sociedad sobre las Fuerzas Armadas.

En este punto se centra en los servicios de espionaje que denomina “hostiles” y que han aumentado también su actividad en nuestro país, centrándose sobre todo en campañas cibernéticas de desinformación. Pero también suponen una amenaza para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues, según el informe, los servicios de espionaje hostiles tratan de acceder a “información de alto valor contenida en las bases de datos militares y policiales mediante la aproximación a miembros de estas organizaciones”.

Siguiendo en la contrainteligencia, el informe también alerta de que en los últimos años se han detectado “intentos de aproximación y captación sobre ciudadanos españoles y extranjeros”, principalmente sobre aquellos relacionados con la política, la religión, el mundo empresarial o las instituciones internacionales.