Fuerzas Armadas

El Gobierno considera las pandemias “un reto de enorme envergadura” para la seguridad

El Ejecutivo aprueba la nueva Directiva de Defensa Nacional, en la que se compromete a dotar de más fondos a las Fuerzas Armadas

Sánchez firma la nueva Directiva que fija el rumbo de la Defensa Nacional
Sánchez firma la Directiva en presencia de la ministra de Defensa y el JEMADFernando.CalvoEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado esta mañana en el Palacio de La Moncloa la Directiva de Defensa Nacional, el documento máximo del planeamiento de la defensa de España cuya finalidad es la de establecer las líneas de actuación y objetivos que persigue el Ministerio de Defensa para la legislatura. En ella se incluyen los “acontecimientos que están afectando dramáticamente a nuestra seguridad, desde las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial a la pandemia de Covid-19, la cual, según el documento, “ha dado un giro a las percepciones sobre la seguridad en Europa y la manera de gestionarla”. Eso sí, considera a las pandemias como “un reto de enorme envergadura”.

Hasta ahora estaba vigente la de 2012 del PP, por lo que la aprobada hoy supone una “profunda actualización” de esa directiva, tal y como ha explicado el Ministerio de Defensa. Y en ella se deja claro la necesidad de unos presupuestos adecuados y estables para que las Fuerzas Armadas sean capaces de garantizar la seguridad y adaptarse a los retos de un mundo cambiante.

Según explica el Ejecutivo en la introducción, la Defensa “es un servicio publico” y garantizarla “una obligación de todo Gobierno”. Recuerda, al mismo tiempo, que desde 2012, la situación de seguridad mundial “ha evolucionado significativamente”, haciendo referencia en este punto a documentos como la Estrategia Global de la Unión Europea de 2016 (que se centra en la acción conjunta) o a la crisis de la Covid-19. De ambas dice que “han dado un giro a las percepciones sobre la Seguridad en Europa y la manera de gestionarla”. De hecho, deja claro en su articulado que “aparecen ahora desafíos que ningún país puede gestionar por sí solo”.

Pero esa acción conjunta no se centra sólo en el ámbito internacional, sino que el Gobierno también considera de “vital importancia” la “capacidad de apoyo y colaboración con autoridades civiles en la gestión de crisis y emergencias”. Al respecto, Defensa habla de una “estructura más integral de Seguridad Nacional con la participación de todos los instrumentos del Estado, tal y como ha ocurrido con la Operación Balmis”. En el ámbito exterior, mientras, insta a “profundizar en el necesario multilateralismo a la hora de sumar esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad, a través de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OTAN o la ONU”. Aquí, España se presenta como “socio responsable y solidario”.

El documento, eso sí, sólo hace referencia directa en una ocasión al coronavirus (en la introducción) y nombra sólo una vez “las pandemias”, a pesar de considerarlo un importante reto, al nivel del cambio climático.

“Adecuada inversión económica”

Donde sí que hace más hincapié es en el tema presupuestario. “Mantener este modelo y seguir contribuyendo con eficacia a la seguridad requiere recursos apropiados, tanto humanos y materiales como económicos”, señala al inicio del documento. Algo que va ampliando según avanzan las páginas, marcando entre los objetivos para esta legislatura la “disponibilidad de capacidades” para, entre otros, “garantizar la credibilidad de la Defensa Nacional”. De ahí que considere que las Fuerzas Armadas “deben mantener un nivel tecnológico avanzado”, lo que implica “una adecuada inversión económica”, haciendo referencia también a la industria nacional de Defensa como sector clave y la necesidad de potenciarla e invertir en ella.

En el último de los 16 puntos de las directrices de actuación, el Ejecutivo deja claro que, para cumplir los objetivos, se “precisará de la financiación que resulte necesaria para abordar también los compromisos internacionales, la renovación y sostenimiento de las capacidades militares”, además de la “atención especial a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas”.

Unos fondos que son claves para hacer frente a los retos actuales que, según explica, proceden tanto de los “actores estatales” y su competencia estratégica como de los “no estatales (terrorismo y crimen organizado)”. Pero también habla de otros retos como el cambio climático o las pandemias, que “no son la consecuencia de un acto hostil ni deliberado, aunque supongan un reto de gran envergadura”. Una “combinación de desafíos”, señala el Ejecutivo, que requiere de “un Sistema de Seguridad Nacional integrador”.

Colaboración militar-civil ante emergencias

Y pone como ejemplo que la aportación de Defensa “proporciona capacidades, especialización y disponibilidad únicas para ampliar las posibilidades de acción en múltiples escenarios”, como ha quedado potente con el despliegue militar de unidades contra riesgos Nucleares, Biológicos y Químicos (NBQ) con sus medios para luchar contra el coronavirus. “Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad”, subraya. Por este motivo, también se compromete el Ejecutivo a “impulsar la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y la adquisición de capacidades que permitan la colaboración y apoyo a autoridades civiles, especialmente en situaciones de crisis y/o emergencias”.

En este punto, la Directiva reitera en varias ocasiones la importancia de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las diferentes administraciones y organismos civiles para la resolución de “desafíos no siempre convencionales”. “Las labores de colaboración y apoyo a autoridades civiles alcanzan su máxima expresión en la gestión de las situaciones de crisis y emergencias”, destaca el documento, en el que se habla de un “enfoque integral en la gestión de la Seguridad Nacional, aunando la acción del Ministerio de Defensa con la de otros Departamentos y organismos de seguridad e inteligencia”. O, como explica en otro de los puntos: la Defensa Nacional requiere “una coordinación eficaz de todos los recursos e instrumentos”, comprometiendo, además de al Departamento que dirige Margarita Robles, al resto de ministerios “y al resto de administraciones públicas competentes”.

Junto a esto, y como se ha demostrado en “Balmis”, la Directiva apela a que, en el caso de la gestión de las consecuencias del cambio climático como pueden ser las catástrofes, “se perseguirá la integración de capacidades y esfuerzos militares, como los de la UME, y civiles”.

Reforzar el CNI

Además de lo anterior, la Directiva también habla de reforzar las capacidades el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacer frente a las cada vez más variadas amenazas globales, sobre todo las que afectan al ciberespacio, como las “fake news”. Explica, al respecto, que “el uso de la fuerza va acompañado de campañas psicológicas, orientadas a desacreditar las actuaciones propias y a sembrar el desconcierto en la opinión pública”. Además, hace hincapié en que “el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI”.

Misiones: África y el Sahel

Por último, en relación a las misiones en el exterior, España mantiene sus compromisos con las organizaciones a las que pertenece, pero buscando al mismo tiempo “un equilibrio apropiado” entre la contribución española a esas misiones y los intereses propios de nuestro país. En este caso recuerda la importancia para la seguridad de España del Mediterráneo, el Atlántico, África y, sobre todo, el Sahel. Destaca así que “reviste particular interés la relación en materia de Defensa con iberoamérica y los países africanos, sobre todo los más cercanos por la importancia de los desafíos compartidos”.

En este ámbito de las operaciones, el Gobierno considera necesario que las Fuerzas Armadas sean capaces no sólo de mantener el despliegue de los militares en las misiones en las que participen, sino también de contar con una reserva de efectivos disponibles “al menos un 50% superior por un periodo máximo de un año". Esto último implica que los planes de instrucción de los Ejércitos y la Armada deberán enfocarse a disponer en todo momento de un contingente listo para desplegarse en una nueva misión, para potenciar alguna en curso o para hacer frente de forma inmediata a cualquier emergencia o catástrofe.