Los juzgados recibirán en los próximos meses unas 700.000 reclamaciones individuales por causas relacionadas con el Covid-19

Los planes de choque previstos por el Ministerio de Justicia para frente al aluvión de nuevas causas, sobre todo en las jurisdiccionales de lo Social y Mercantil, así como las medidas de agilización procesal propuestas por el Consejo general del Poder Judicial no servirán para que los tribunales puedan recuperar el retraso, todavía mayor, que se avecina. Así, al menos, lo sostiene el 84% de los españoles; una situación que, según la opinión ciudadana, podría tener repercusiones importantes para nuestra Justicia en el inmediato futuro, según los datos que se recoge en el XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Walters Kluwert.

En ese estudio demoscópico, realizada por Metroscopia, se destaca igualmente que aproximadamente unos 700.000 ciudadanos prevén denunciar ante los tribunales decisiones o episodios relacionados con la epidemia de coronavirus e instar las oportunas reclamaciones ante los tribunales a causa de la crisis sanitaria.

En cuanto a la Justicia gratuita, la valoración de los usuarios de la misma es altamente positiva. Así, según el citado estudio,, el 80 por ciento de los ciudadanos considera que la dedicación del abogado que se ocupó de su caso fue “muy buena” o “buena”, mientras que un 81 por ciento evalúa positivamente la atención y el asesoramiento recibidos del Colegio de Abogados al que correspondió su caso. Además, el 78 por ciento de los usuarios directos considera muy corto o razonablemente normal el tiempo transcurrido hasta verse concedida la asistencia.

Junto a ello, algo más de la mitad de los encuestados, el 51 por ciento, sostiene que el letrado de oficio debería ser designado por el Colegio de Abogados correspondiente entre aquellos de sus colegiados que considere más adecuado en cada caso. Entre los usuarios, la confianza en el criterio del Colegio para designar el abogado se amplía hasta el 59 por ciento.

Donde sí existe coincidencia entre usuario y no usuarios de este servicio y de forma casi unánime -90 por ciento- es en que el coste de los servicios prestados por los letrados de la Asistencia Gratuita debe ser asumido por el Estado.