El CGPJ desafía el bloqueo y prevé renovar el Supremo este mes

PP y PSOE dan por rotas las conversaciones por el papel que debe tener Podemos. Todos los partidos apoyan la elección directa de vocales, pero no la ejecutan

La renovación del Consejo General del Poder Judicial vuelve a sufrir un nuevo parón. Las insistentes peticiones de su presidente, Carlos Lesmes, no parece que hayan encontrado una respuesta positiva en los dos principales agentes políticos que deben propiciarla, PSOE y PP. La filtración al diario «El País» de que Pablo Casado había aceptado renovar el Poder Judicial en un washapp enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desató una respuesta dura de los populares en la que justificaba los motivos que dieron lugar a la ruptura de esas negociaciones: los permanentes ataques de Podemos, socios de Gobierno del PSOE, a la Monarquía. Sin embargo, detrás de ello se encuentra el rechazo de plano a que los socialistas puedan ceder uno de sus consejeros a Podemos en la próxima constitución del órgano de Gobierno de los jueces y magistrados.

De momento, desde las filas socialistas y populares se mantiene una escenografía alejada de un consenso próximo, donde el PSOE trata de trasladar toda la presión al PP y éste responsabiliza a aquél de pretender que quienes atacan la Jefatura del Estado se sienten en un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, las negociaciones quedan en una situación de stand by, a la espera de que «baje el suflé», se vuelva a la serenidad y los interlocutores de ambos partidos se sienten de nuevo alrededor de una mesa para intentar poner fin a casi dos años de retraso en la renovación del Consejo.

Pese a que la «ruptura» se produjo oficialmente ayer, con el citado washapp de Pablo Casado a Pedro Sánchez y la respuesta del PP, las conversaciones para la designación de los 20 nuevos vocales del CGPJ estaban rotas hace ya semanas, antes de que se produjera el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz de los populares en el Congreso. De hecho, LA RAZÓN ya publicó el día 17 de agosto que «encallan las negociaciones» y que las esperanzas del Gobierno de que la nueva configuración del CGPJ pudiese haber acudido ayer mismo al acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI, quedaban desvanecidas.

Ese mismo día, este diario recogía los dos argumentos que habían derivado en esa parálisis: todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus y los rebrotes que se producen prácticamente en toda España, lo que derivó en que los partidos hayan priorizado la lucha contra la Covid-19 y los continuos ataques por parte de Podemos a la Monarquía, algo que el PP consideraba una «línea roja» a la hora de negociar.

Este último aspecto lo confirmaba ayer el PP en su comunicado de ayer donde justificaba la ruptura de las negociaciones: «El 14 de agosto, Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella».

Desde fuentes socialistas se sostiene que lo mejor en estos momentos es «esperar y retomar después las negociaciones con discreción», a la vez que se traslada al PP toda la presión. De hecho, los socialistas sostienen que los argumentos de los populares para frenar las negociaciones no son más que «excusas» y que no se puede amparar en que Podemos forme parte del Gobierno. «Lo que tiene que hacer el PP es cumplir con su obligación y no bloquear la renovación del CGPJ», se afirma al respecto.

De hecho, los socialistas recuerdan que sólo cuando el PP ha estado en la oposición no se ha respetado ese mandato constitucional de renovar el Consejo a los cinco años.

Ahora, las fichas vuelven a la partida de salida y los «jugadores» se mantienen en sus posiciones a la espera de los próximos movimientos. Las fuentes consultadas por este diario vinieron a coincidir en que se producirá un parón en las mismas, pero que el mismo no se prolongará en demasía. En eso confían PSOE y PP pero también en el propio Consejo General del Poder Judicial. Y encima de la mesa hay una fecha que, a priori, parece que puede ser más que razonable para abordar esa renovación: diciembre. Ese mes, el día 4, se cumplirá dos años de la actual configuración del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

«Ahora mismo no hay nada de renovación y no se prevé a corto plazo, pero se hará más adelante, una vez que pase esta marejada y se puedan retomar en unos meses, en diciembre como muy tarde», señalaron al respecto fuentes jurídicas a este diario.

Polémica por nombramientos

Pero, junto a ello, se puede abrir una nueva polémica en el actual Consejo. El anuncio de ayer por parte de Carlos Lesmes de que el Consejo no paralizará ya los nombramientos pendientes ha causado un profundo malestar entre vocales «progresistas», quienes entienden que esa decisión se debería haber comunicado antes a todos los consejeros y no tener conocimiento de ello por su discurso. De hecho, hoy mismo el Consejo «examinará» a los candidatos para la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y hará lo propio los próximos días respecto a otras vacantes.

Pero, sobre todo, es más que probable que el CGPJ incluya en el orden del día del pleno que celebrará a finales de mes los nombramientos de tres plazas de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo y de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Para la designación de estas plazas se requiere el voto favorable de 13 vocales, lo que hace que de forma inexorable algunos consejeros «progresistas» se sumen a la mayoría conservadora. Por ello, existe el riesgo de que si se produce una postura unánime de los nueve vocales «progresistas» contraria a esos nombramientos, los nombramientos no se podrían llevar a cabo. Estas designaciones llevan paralizadas, «en la confianza de una pronta renovación de la institución», desde el pasado mes de enero.

Se da por seguro que un grupo de vocales «progresistas» muy próximos al PSOE rechazarán que se realicen estos nombramientos. La duda está en que esa postura sea secundada por todos, lo que no se puede dar por sentado en ningún caso, «porque puede haber intereses cruzados».