El Gobierno rescatará en la ley de Presupuestos parte del decreto de los ayuntamientos

El Gobierno sigue digiriendo la derrota que encajó ayer en el Congreso de los Diputados, cuando toda la oposición se unió en una entente inédita para derogar el real decreto ley que hubiera permitido al Ejecutivo utilizar el remanente de los ayuntamientos. Moncloa se revuelve todavía ante esta “rebelión de los alcaldes” y no se mueve un milímetro de la posición que ya marcó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esto es, no presentará un nuevo texto y pide a los partidos que lo tumbaron que presenten sus alternativas.

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha reunido hoy a los dirigentes territoriales de su partido para hacer un frente de unidad y demandar al PP que se mueva en la negociación de los Presupuestos y la renovación de los órganos constitucionales, tales como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la rueda de prensa posterior, el presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha comparecido en Ferraz para apuntalar la posición de Montero sobre el inmovilismo del Ejecutivo, en su intención de no reformular la norma del remanente de los ayuntamientos con mayor consenso, y advirtiendo a la oposición de que su voto en contra “tiene consecuencias”.

No obstante, Fernández Vara ha revelado la disposición del Gobierno de vehicular a través de otras leyes, incluso de la de los Presupuestos Generales del Estado, aquellas cuestiones del decreto tumbado por el Congreso que no generan discrepancias y que es necesario que se pongan en marcha. “Se aprovechará la ley de Presupuestos para desbloquear algunos asuntos que estaban en esa norma”, ha asegurado el presidente extremeño. De este modo, el Ejecutivo buscará introducir en otras normas estas cuestiones, “porque solo se puede cambiar una ley con otra ley”, ha confirmado Vara.

Fuentes de Hacienda reconocen que esto es una “posibilidad” pero hacen hincapié en que “el problema no es qué ley o a través de qué instrumento” se puede vehicular ese contenido, sino “aportar una solución”. Algo sobre lo que nadie ha presentado “ninguna alternativa”, lamentan.