Cuando Sánchez prometía que no concedería indultos

Solo hace un año, el presidente del Gobierno aseguraba que el debate “se cae por su propio peso” tras conocer la sentencia

La hemeroteca. Es ese cajón que aterra a los políticos. Casi un año después de negarse en rotundo a conceder indultos a los líderes del procés, el presidente del Gobierno se abre ahora a este escenario e iniciará incluso su trámite la próxima semana.

Sin embargo, a finales de octubre de 2019, el presidente del Gobierno, entonces en funciones, Pedro Sánchez se negaba en rotundo a tramitar los indultos a los líderes del procés. Lo hizo en una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno, en La Moncloa. Aseguró entonces que los indultos no estaban encima de la mesa porque ya había fijado esa posición en su discurso de investidura del mes de junio, tras las elecciones fallidas del 28-A.

En esa entrevista, Pedro Sánchez, preguntado por el periodista sobre si se abría a conceder indultos aseguró que “se pueden plantear debates más constructivos porque el del indulto no está encima de la mesa”. No aclaró sin embargo si el Gobierno promovería una reforma legal para hacer imposible que un condenado por sedición fuese indultado. “Una vez conocida la sentencia, el debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, en segundo lugar, hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto, algunos con frases muy gruesas”, respaldó.

Unos días antes, en rueda de prensa desde Moncloa, el presidente del Gobierno afirmó también que se garantizaría el “íntegro cumplimiento” de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. “En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Un año después, según anunció ayer el ministro de Justicia en sede parlamentaria el Gobierno apuesta por reformar el Código penal para adaptar los delitos de rebelión y sedición.