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El Gobierno tramitará la próxima semana los indultos a los presos del “procés”

La medida afectará a todos los condenados y se prevé que la tramitación de las solicitudes de la medida de gracia se prolongue más de seis meses

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha confirmado esta mañana en una respuesta de la sesión de control al Gobierno que su ministerio comenzará a tramitar la próxima semana los indultos de los líderes del “procés” que se han presentado hasta ahora. Lo ha hecho en un intercambio dialéctico con la diputada de JxCAT, Laura Borrás, en la que ha defendido que España es un Estado Social y Democrático de Derecho en el que cada cual tiene su papel. Campo ha reivindicado que el Ejecutivo “respeta las resoluciones judiciales”, al contrario que los partidos independentistas, que cuestionan la independencia de los jueces “cuando dictan sentencias que no les gustan”. El ministro ha finalizado su respuesta, a la interpelación de la diputada soberanista por la “deriva en la que está instalada la Justicia española”, rescatando un tema que le toca muy de cerca. “Estamos tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted tanto le preocupan porque les tocan, se empezarán a tramitar la semana que viene”, ha señalado.

El Gobierno tiene sobre la mesa dos peticiones de indulto concretas y una genérica. La petición presentada en favor de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada por sedición en el juicio del “procés”, que firman varios antecesores en su cargo se suma a las impulsadas por el sindicato UGT en favor de la ex consejera Dolors Bassa y la instada por el jurista Francesc de Jufresa para los doce líderes independentistas condenados por sedición. Estas dos últimas fueron registradas en el mes de marzo, en pleno estado de alarma, y su tramitación está más avanzada que la relativa a Forcadell que se presentó en agosto por los ex presidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.

El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe del Tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo ser oído previamente el Ministerio Fiscal. En el caso de los líderes del “procés” hay una pugna abierta por esta cuestión, pues algunos de los condenados como los “Jordis” rechazan de plano esta medida de gracia, asegurando que “no es éticamente correcto pedir el indulto para un preso político sin haberlo hablado antes con él”. Por su parte, la ex consejera Bassa sí está abierta a beneficiarse del citado perdón. “Yo no quiero ser mártir, no soy Nelson Mandela”, ha llegado a declarar.

La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con lo que coloca la pelota en el tejado del Gobierno en un momento en el que no ahorra en gestos para atraer a sus socios soberanistas para la aprobación de los Presupuestos.

Seis meses mínimo

Fuentes del Ministerio de Justicia apuntan que “una vez superado el atasco provocado por la pandemia”, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, “reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía”. Y añaden que hasta ahora había retraso en la tramitación de peticiones de indulto “por la acumulación de solicitudes en el periodo en que el Gobierno estaba en funciones”.

Una medida que, precisan, afectará a “todas las solicitudes de personas condenadas” en el juicio del “procés”, dado que la primera solicitud presentada el pasado enero -recuerdan- se refería a todos ellos. La previsión de Justicia es que la tramitación se demore por espacio de más de seis meses.

Dado que la solicitud de indulto es individual, puntualizan esas mismas fuentes, “cada expediente individual de indulto arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre este mismo caso”, por lo que el Ministerio de Justicia “envía una única solicitud por caso al tribunal sentenciador”, que es el encargado de solicitar informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la medida de gracia.

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