El “vice” Pere Aragonés, sucesor designado

Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, tomaba un café americano en un pequeño bar al lado de Catalunya Ràdio a primera hora de la mañana junto a uno de sus colaboradores. En unos minutos iba a ser entrevistado en la radio pública catalana por Laura Rosel. Ultimaba los detalles de la entrevista con aspecto serio. Estaba muy concentrado porque Torrent, en esta comparecencia, tenía la intención de marcar la hoja de ruta del Parlamento catalán ante la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

Con la presión en la calle de la mano de la Asamblea Nacional de Catalunya que aboga por la desobediencia civil e institucional y de Junts per Catalunya que le acosará en el Parlament

–Puigdemont lanzó una diatriba reclamando a los republicanos que no fueran traidores, reclamándoles «lealtad institucional ante la decisión que tome el president»–, Roger Torrent se convertirá en el epicentro de la política catalana. El presidente republicano del Parlament fue claro. No se demorarán las elecciones y se respetarán los plazos. Se comunicará la sentencia que será publicada en el Boletín Oficial del Estado y comunicada a Torra. En ese momento, quedará inhabilitado y Pere Aragonés, vicepresidente y candidato de ERC en los comicios, asumirá la presidencia interina. No podrá cesar consellers ni dictar leyes, aunque sí decretos para garantizar una mínima gobernabilidad, compartirá con la portavoz del Govern, Meritxell Budò, de JxCAT, una dirección bicéfala, y su principal acto será la firma del decreto de la convocatoria electoral.

Será Pere Aragonés el «sucesor designado», iniciando un tiempo de interinidad, muy acorde con «Designated Survirvor», la serie norteamericana de ABC, protagonizada por Kiefer Sutherland, que narra las peripecias de un presidente que llega a la Casa Blanca tras un acto terrorista que acaba con la cúpula dirigente, presidente incluido, abriendo un periodo de inestabilidad. En Cataluña no hay acto terrorista que valga, pero sí un terremoto político que inhabilita a un presidente de la Generalitat y que le convierte en la máxima autoridad de Cataluña en un periodo de máxima inestabilidad.

En este punto, Torrent tendrá diez días para proponer a la Cámara un candidato, cosa harto improbable –en Cataluña no se puede decir imposible– porque Torra exigió vehementemente a Junts per Catalunya que abandone esta opción, aunque quedaría por ver si Ciudadanos quiere dar el paso aunque sin posibilidades de alcanzar la presidencia. Si no hubiera otro candidato sería «poco democrático», comentan fuentes parlamentarias, que se vetara la posibilidad de que Carlos Carrizosa, el líder naranja, se presentara.

Junts per Catalunya podría intentar dilatar más este periodo, hablan de semanas o meses, para retrasar las elecciones. Torrent avisó de que como máximo serán dos o tres días para ajustar el calendario y facilitar una jornada electoral en domingo y para ello convocará un pleno o «un acto equivalente», en el que se constatará la inexistencia de candidato y se pondrá en marcha «el reloj de la democracia», dos meses, para tratar de encontrarlo tal y como marca la legislación catalana. Si transcurrido este tiempo la situación no cambia, Aragonés convocará elecciones para 54 días después. En atención a los plazos y el calendario, dos fechas se manejan. 31 de enero o 7 de febrero. Según fuentes del Gobierno, la que tiene más números es la segunda.

JxCAT y ERC han pactado una mínima respuesta institucional, aunque el acuerdo es endeble. ERC quiere elecciones, toda la oposición también, y JxCAT tratará de entorpecer este proceso porque a Puigdemont le conviene retrasar las elecciones lo máximo posible.

Los encontronazos pueden empezar en el momento que se conozca la sentencia que inhabilite a Torra. Se rumorea que hoy mismo se puede conocer la sentencia. Los independentistas no han logrado pactar un mínimo acuerdo para dar respuesta a la misma. Tampoco la ANC y Òmnium Cultural han llegado a ningún tipo de consenso y ambas preparan movilizaciones por separado. La falta de unidad está dando lugar a múltiples convocatorias de protestas lo que han puesto en estado de alerta a las brigadas antidisturbios de los Mossos d' Esquadra y a activar los planes de seguridad previstos. La policía catalana no prevé grandes disturbios, pero se prepara para ellos con el objetivo de evitar lo sucedido hace un año con el centro de Barcelona incendiado.

Atrincherarse en el Palau

Joaquim Torra, por su parte, ha abandonado otras opciones que se han barajado en estos días como atrincherarse en el Palau con el conjunto del Ejecutivo, no abandonar su despacho de forma testimonial para evitar que Aragonés tuviera libertad de movimientos, no nombrar un conseller en cap para dejarle sin atribuciones y no favorecer un bloqueo institucional para preservar la institución.

Sin embargo, habrá que estar al tanto de sus movimientos que, a pesar de las divergencias, están coordinados por Puigdemont. Su último pulso acabó con el cese de tres consejeros para evitar que Torra convocara elecciones. De hecho, como publicó LA RAZÓN, la fecha del 4 de octubre estaba fijada en el calendario, con conversaciones con TV3 incluidas para emitir una entrevista en la que se anunciaría la fecha electoral. Puigdemont cedió a la crisis de Govern para ganar tiempo.

Pere Aragonés tendrá que lidiar con el asedio de la oposición, pero también por la lucha cainita que se instalará en el independentismo. No tendrá demasiadas prerrogativas, aunque sí una: la Mesa de Diálogo. Torra ha dinamitado cualquier posibilidad de que se celebrase en estos días, pero Aragonés, líder de ERC, necesita que se reúna «sin presidentes ni vicepresidentes como se acordó en la primera reunión», como apuntan fuentes republicanas. Es decir, ERC tiene la intención de forzar esta reunión de la Mesa, abrir una negociación presupuestaria y escuchar la propuesta de cambios en el Código Penal para los delitos de rebelión y sedición. «Seremos exigentes», afirman desde ERC, pero están marcando un perfil de nueva etapa alejada de la «confrontación permanente, que no da ningún fruto más allá de la gesticulación».

Justo lo contrario defenderá JxCAT, que además deberá vigilar el flanco del PDeCAT que amenaza con la ruptura final. El próximo lunes, el PDeCAT tomará su decisión tras una semana que se prevé de vértigo. Artur Mas está propiciando un acuerdo en el que los díscolos con Puigdemont se incorporarían como independientes en las listas de Junts.

Puigdemont se ha abierto a esta posibilidad ante el riesgo de un fiasco electoral, pero en el PDeCAT consideran que «no hay posibilidad de acuerdo». Esta situación se visibilizó el viernes en los juzgados. Junts per Catalunya y PDeCAT se las tuvieron magras a cuenta de quién ostenta la propiedad de la marca Junts per Catalunya.

La siguiente parada de este enfrentamiento serán los Presupuestos Generales del Estado, en la que el PDeCAT está dispuesto a hacer valer sus cuatro diputados.