Villarejo: «Soraya nos ayudó a meter en el Congreso los equipos» de rastreo

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se jacta en una de las grabaciones incorporadas al sumario del «caso Kitchen» de que sus tentáculos llegaban incluso hasta el Congreso de los Diputados, donde habría desplegado una operación para averiguar si el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba siendo espiado.

Así consta en una conversación grabada el 16 de febrero 2017 en la que se refiere a esa supuesta operación con la que vincula incluso a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a quien atribuye –según consta en un informe policial– haber prestado su «colaboración» en el año 2009 o 2010 para que el socio de Villarejo en el Grupo Cenyt (a través del que desplegaban sus actividades parapoliciales) efectuase «barridos» con material electrónico en el Congreso de los Diputados con el objetivo de cerciorarse de si alguien estaba espiando a Rajoy en su despacho de la Cámara Baja.

En esa conversación, el también comisario José Luis Olivera –ex jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco)– le recuerda que «hubo un momento» que el jefe del Ejecutivo «tenía unas serias dudas de que le estaban grabando en su despacho del Congreso». Y, según el ex jefe de la UDEF, «pidió ayuda para que se le hiciera un barrido y se le viera porque no se fiaba de nadie». «Y la ayuda se la hizo Villarejo», apostilla el propio comisario.

«Y el que le hizo el barrido se llama Villarejo –asegura Olivera–, pero para poder hacer el barrido, no fue Villarejo con los aparatos, los aparatos los metió dentro una señora...». «Que ahora es vicepresidenta del gobierno», apostilla su interlocutor.

«Y metió los aparatos de Villarejo para hacer un barrido en el Congreso. ¡Fíjate! Esa historia (se ríe)». «Preciosa», coincide Villarejo (en prisión provisional por el «caso Tándem» desde noviembre del año 2017). En esa conversación también se alude a «una campaña de imagen que hizo ella» que se habría pagado «con unas facturas chungas» que Villarejo conservaría en su poder.

Villarejo insta a Olivera a trasladar al secretario de Estado de Interior que estaba «preocupado» porque «alguien de Podemos o lo que sea tal y cual, está mirando en el Congreso tal y cual y han encontrado en el control» rastros de la entrada en la Cámara de la «gente» de su equipo con los micrófonos. Olivera propone decirle que le ha llamado de un periódico preguntando qué hacía Redondo allí. «Que qué hacia su equipo, la gente de su equipo con un equipo de micrófonos de control de micrófonos entrando en el Congreso de..., con la ayuda de la vice... Y que estás más preocupado que la hostia... y macho lo que me faltaba....», apostilla Villarejo. «En la época del PSOE», añade su interlocutor.

Según la Policía, de esa conversación se desprende que planeaban utilizar parte de la información sobre la «operación Kitchen» de la que disponía Villarejo para «joder a la pequeñita» (apodo con el que se referían a la entonces vicepresidenta) con la intención de «pactar la tranquilidad» con el ministro y el secretario de Estado de Interior «o bien para simplemente canalizarla hacia la Secretaría de Estado de Seguridad» (al frente de la cual ya no se encontraba Francisco Martínez, que había sido cesado en noviembre de 2016). Pero los investigadores no descartan que Villarejo pensase utilizarla «como una medida de presión o “chantaje” en el caso de que le “toquen los cojones”».

«Desde el New York Times a donde sea, pues mira: toda la operación para que el señor tal, todos los papeles y todas las pruebas que tenía Bárcenas finiquitado», dice Villarejo. «Se empleó a la Policía para destruir pruebas, en vez de para aportarlas al Juez (...) cuando la función de la Policía es aportar pruebas al juez y no destruirlas», añadía el entonces mando policial, que incluso asegura: «Yo lo tengo denunciado». Sin embargo, los autores del informe policial aclaran que ese dato «no ha podido ser contrastado hasta el momento».