Ahora vapuleo judicial

Al fracaso en el control de la pandemia y el subsiguiente enorme daño a la economía y el empleo, se une ahora el vapuleo judicial. El auto del TSJM declarando ilegal el cierre de la capital decretado por el Gobierno de Ayuso en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad, pone a cada uno en su sitio, y el del Gobierno es el del absoluto ridículo. Un tribunal ha tenido que recordarle algo tan elemental establecido en la Constitución, como que no se pueden limitar derechos fundamentales sino mediante mandato habilitante de rango legal. En su exposición de motivos, el fallo deja en evidencia al Gobierno por no haber efectuado las reformas legales para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria creada. Tras el estado de alarma, en plena cacareada «normalidad novedosa», y ante el ya preanunciado rebrote otoñal, era el momento de haber creado el marco regulatorio apropiado. Toca recordar las vacaciones veraniegas presidenciales, de palacio en palacio, y las de don Simón surfeando y ahora en globo aerostático. Si el empecinamiento en convertir a Ayuso en chivo expiatorio de la epidemia era una estrategia lamentable –mientras proclamaba que #unidos ganaremos todos–, con esta decisión se había llegado al límite.

Pretender generar confianza de los inversores y los emprendedores en este caos generalizado, es una quimera. Los 72.000 millones anunciados cinematográficamente anteayer están tan en el aire como los 800.000 empleos prometidos. La censura contra Ayuso pasa a mejor vida. Que no se impaciente Aguado.