ERC negocia a través de Pablo Iglesias los indultos a los líderes independentistas

Podemos exige la libertad para los líderes independentistas, pero detrás está ERC. Es una acción conjunta, y la presión llega a La Moncloa a través del vicepresidente, Pablo Iglesias. Quien, por cierto, mantiene con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una relación personal de mucha más confianza y cercanía que la que se puede intuir de las jugarretas que se visualizan en público.

Iglesias hace de mediador, de representante de los intereses de ERC, de acuerdo con ese «mapa» que recoge lo que entiende que deben ser los pasos a dar para consolidar el bloque de «dirección de Estado» que incluya a ERC y a Bildu.

ERC ha disimulado muy bien que lo que se sabe públicamente que se lleva de los Presupuestos de 2021 no tiene tanto alcance como el ruido con el que han acompañado esta negociación. Una comisión de estudio de reforma fiscal, calentar el debate de la armonización territorial y utilizar a Madrid como escudo para tapar los malos resultados económicos de la Generalitat. Además del desembolso extra de dinero y de inversiones, que entra siempre en el canje de apoyos en Madrid.

Pero para la campaña de ERC es clave, y así lo están trasladando a Moncloa, la libertad de sus presos. Ésta es la gran medalla que quieren utilizar para su campaña en el pulso con el ex presidente Carles Puigdemont. Los políticos condenados por sedición son también una buena «liebre» para la estrategia de la izquierda, o así lo entienden Iglesias y un sector del socialismo catalán. En la sociedad catalana el indulto se ve con un enfoque muy distinto al que utiliza la mirada del resto de España. Tanto es así, que esta medida de gracia se da por descontada, y hasta dentro del socialismo hay quien la justifica en la razón de que «en Europa no entienden que los dirigentes condenados por sedición sigan en la cárcel».

En cualquier caso, ésta es una jugada que «quema» en las manos del Gobierno de Sánchez porque puede que, incluso después de aprobarlo en contra del criterio del Supremo, los líderes independentistas se lo tiren a la cara en un gesto reivindicador del «no me arrepiento y lo volveré a hacer». En un contexto normal, lo lógico es que el indulto vaya acompañado del informe favorable del tribunal sentenciador. Y que, además, los reos que reciben la gracia administrativa hayan pedido perdón, aunque no sea una exigencia formalmente legal, y hayan dado su palabra de que no volverán a incurrir en las mismas actuaciones. Oriol Junqueras y una parte de los condenados han ido justo por el camino contrario.

Sobre todos estos movimientos soterrados, la primera señal la lanzó el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista con Antonio Ferreras en «Al Rojo», La Sexta, el pasado lunes. El líder de Podemos defendió que los líderes independentistas estén en libertad «lo antes posible», incluso antes de las elecciones catalanas. Estos comicios no están todavía convocados, si bien se presume que se celebrarán el 14 de febrero. En realidad, la política catalana ya está en precampaña, y ese clima electoral ha empezado también a marcar los movimientos en la política nacional. Las declaraciones de Iglesias no fueron sólo una salida improvisada ante una de las preguntas de la entrevista, sino que tienen mucho más recorrido de fondo.

Sánchez e Iglesias hablan mucho más de lo que se puede presuponer de la escenificación pública de las diferencias entre la parte podemita y la parte socialista del Gobierno. Los ministros están hartos de los «empujones» del líder de los morados, así lo cuentan, pero la relación entre presidente y vicepresidente se mueve en otra dimensión, en la que, según confirman voces cercanas al segundo, «en esa intimidad habría hasta confianza».

Es evidente que cuesta creerlo si se analiza la tensión que está acompañando a la negociación presupuestaria, pero hasta ahora también es un hecho que Sánchez no ha desautorizado nunca a su vicepresidente, ni siquiera cuando en la diana de Podemos se ha colocado a otro miembro de su Gabinete.

El plan de «descomprensión» de Cataluña tiene su otra pata de apoyo en la reforma del delito de sedición, que el Gobierno se ha comprometido a que esté listo antes de que termine el año. Justicia ha confirmado que cuando se apruebe definitivamente en el Congreso, no sólo podría afectar a los presos que actualmente cumplen penas, sino también a Puigdemont. Aunque en lo que afecta a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo, tendría que ser este mismo órgano jurisdiccional el que hiciese la valoración de si la reforma legal ha cambiado en algo la situación o no hay por qué modificar su decisión inicial. Es decir, es una decisión jurisdiccional. Mientras que el indulto es una decisión estrictamente administrativa.

El Gobierno ha «tirado» de la idea de que el objetivo es armonizar nuestro derecho al de otros países de nuestro entorno para justificar esta polémica reforma. Pero ayer mismo, sin embargo, el Ejecutivo comunitario explicó que las posibles reformas del Código Penal son competencia de los Estados miembros. No ha habido recomendación en ese sentido de la Comisión Europa porque es una competencia de los Estados miembros, según aclaró el portavoz de la Comisión para asuntos de Justicia, Christian Wigand.

En «casa», hasta el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha justificado con énfasis en la realidad europea la controvertida modificación penal. «Hay una obligación de hacer esa revisión como país democrático dentro de un entorno europeo: hay que armonizar esta cuestión por exigencias europeas».