Análisis

Las trampas de una economía privilegiada

La retórica del Gobierno sobre el acuerdo con Londres sobre Gibraltar distorsiona la realidad por un puñado de votos cautivos

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Uno es partidario de abrir caminos, de tumbar muros, pero no a consta de construir otros mayores. El Gobierno ha anunciado que ha llegado a un acuerdo “histórico” con el Reino Unido mediante el que los británicos se comprometen a tumbar la Verja que en su día instalaron para acotar los terrenos torticeramente ocupados y que añadieron a los cedidos por España mediante el Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713.

Retengamos que el único titulo justificativo de la presencia británica en el Peñón es dicho Tratado. Que la violación de sus cláusulas deja sin basamento legal dicha presencia. En el pasado hubo diversas violaciones por ambas partes. Las más cruentas fueron las diversas intentonas española por recuperar manu militari la ciudad fortaleza perdida. Pero al final de las operaciones, dicho Tratado fue reiteradamente novado por mutuo acuerdo entre las partes continuando en vigor hasta el momento de escribir estas líneas.

La cesión española de Gibraltar se hacía bajo determinadas condiciones, entre otras, “que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña…sin comunicación abierta con el país circunvecino (España) por parte de tierra” Esto no era fruto de un simple capricho. Se perseguía no facilitar la operatividad de la fortaleza y paralelamente evitar que los ingleses colonizaran, pasito a pasito, el entorno campogibratareño.

Pues bien, he aquí que se mantiene la vigencia del referido tratado y en definitiva de la legalidad internacional de la ocupación británica del Peñón mientras que España enerva, a cambio de nada sustancial desde el punto de vista del contencioso sobre el tema de la soberanía, una cláusula que beneficia exclusivamente al Reino Unido.

El Gobierno responsable de este desaguisado no parece desear abrir sus entendederas al hecho de que los males económicos del Campo de Gibraltar son el resultado de tener las ventanas abiertas a una economía privilegiada. Tanto desde el punto de vista fiscal como de tantos otros puntos de vista, lo que lastra sus posibilidades de desarrollo económico. ¿Qué ocurriría si al super de la esquina se le exime del iva y del impuesto de sociedades? Pues que los super de la competencia se verían en poco tiempo obligados a echar el cierre. Pero ainda mais, el Ministerio de Defensa británico aprovechando la bonanza de la que, merced a la generosidad española, goza la economía llanita, pasa factura exigiendo a los gibraltareños que contribuyan con dineros al sostenimiento de la anterior fortaleza, ahora convertida en base nuclear en un punto vital para la defensa militar de España.

Desde luego resulta razonable calificar de histórico un acuerdo por el que un país que reclama la soberanía hurtada por otro no solo acepta el hurto sino que colabora a que se consolide. No menos histórico resulta el argumento del Gobierno de que la prosperidad de ese país, o al menos de una parte aquél, se consigue a base de ser colonizados. Qué duda cabe que en el caso de muchos países del cuarto mundo, e incluso del tercero, esto es cierto. ¿Pero España?

Estamos en manos de un Partido cuyo objetivo de referencia es retornar a las dos Españas aliado con otros que lo que pretenden es reconvertirla hasta hacerla desaparecer y, a lo que pueda quedar, aplicar un modelo peronista-bolivariano. Por la matemática parlamentaria la oposición poco puede hacer salvo acogerse al imperio de la ley. Un tratado internacional es no ya una ley sino una super ley. Quien dicta una resolución a sabiendas contraria a ley, ya se sabe: prevarica. ¿Habrá algún partido en la oposición que lleve al tribunal que corresponda a la autoridad que ordene el restablecimiento de la comunicación abierta por tierra entre Gibraltar y su Campo?

Erik Martel, Delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en Gibraltar (1979-1984)