Incertidumbre ante los “últimos” nombramientos del Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial tendrá hoy la que puede ser su última oportunidad de realizar nombramientos relevantes antes de que se apruebe definitivamente la reforma que se puedan hacer cuando el órgano de gobierno de gobierno de los jueces y magistrados esté en funciones, como sucede con el actual, algo que se prevé pueda suceder este mismo mes. En total, son ocho las plazas que, por un motivo u otro, ya se han aplazado en un par de ocasiones: las presidencias de los tribunales superiores de Justicia de Canarias -pendiente de cubrir desde hace más de un año- y País Vasco, presidencia de la Sala social del TSJ Vasco, dos plazas de magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo y otra para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca.

En el Pleno del pasado mes de febrero se optó por retirar del orden del día para abordarlo en una sesión extraordinaria, la que tendrá lugar hoy, y porque también se constató que no existía una mayoría suficiente ni siquiera para realizar los nombramientos que exigen 13 votos, todos excepto los relativos a las presidencias de las dos audiencias provinciales -donde se requiere once o incluso se pueden designar con menos-.

Respecto a la posibilidad de que de SE puedan realizar hoy esos nombramientos, los vocales consultados por LA RAZÓN coinciden en que «está todo en el aire y lo que salga será con un resultado muy ajustado».

De hecho, en estos momentos hay ocho vocales que están a favor de realizarlos –los mismos que solicitaron su inclusión en orden del día del Pleno de finales de febrero-: José Antonio Ballestero, José María Macías, Vicente Guilarte, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán –avalados por el PP–, Roser Bach, María Victoria Cinto -propuestos en su día por el PSOE–. y Enrique Lucas, designado a iniciativa del PNV. En una posición radicalmente contraría, es decir, negativa abierta a realizar ningún nombramiento más, estarían los vocales «progresistas» Álvaro Cuesta –exdiputado del PSOE–, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez , Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo –avalados todos ellos por el Partido Socialista, excepto Sáez, que fue vocal a iniciativa de IU–.

De esta forma, serían los otros siete vocales y el presidente, Carlos Lesmes, los que inclinarían la balanza hacia un lado u otro. A última hora de ayer se continuaba «hablando» para intentar llegar a un acuerdo, principalmente los que están a favor de realizar los nombramientos y aquellos que, sin avalarlos en la anterior ocasión, pueden experimentar un cambio en sus posiciones.

En este sentido, de los cuatro vocales «conservadores» que en un principio se mostraron en contra de que el Pleno de febrero incluyese en su orden del día los nombramientos citados –Juan Manuel Fernández, Juan Manuel Martínez Moya, Carmen LLombart y Wenceslao Olea–, no es nada descartable que algunos de ellos opten ahora por votar a algunos de los candidatos, pero sin que ellos suponga que avalen a los que obtengan más respaldos.

De hecho, en la reunión del citado «grupo», Llombart y Olea Abad ya dejaron entrever que si finalmente se incluían los nombramientos sí votarían a los candidatos de cada terna que consideran más óptimo.

También está por ver la postura que adopta finalmente Carlos Lesmes, así como Juan Manuel Fernández, Juan Manuel Martínez Moya y Mar Cabrejas, quien, al igual que los anteriores, también participó en los nombramientos anteriores adoptados muchos de ellos con mayorías de 16 votos.

Incumplimiento y seguidismo

Por otro lado, la posibilidad de que no se realicen los nombramientos es vista por algunos vocales como un incumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el Consejo y un cierto «seguidismo» a los partidos que no quieren que eso sucede, en clara referencia a PSOE y Podemos. Así, algunas fuentes del Consejo tiene más que dudas de lo que pueda suceder: «Si salen, será por los pelos». Pero, a la vez confía en que finalmente ocurra, pues lo contrario «sería difícil no verlo como una claudicación ante la injerencia política». Sin embargo, también existe en un sector un «moderado optimismo» para llegar a un acuerdo sobre los nombramientos y no hacerlos sería un signo de «seguidismo político e incumplimiento de nuestras obligaciones».