De Prada no puede ser vocal del CGPJ si no renuncia a ser juez

La situación de enquistamiento que sufre actualmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial viene provocada en gran parte por un nombre: el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, autor del párrafo de la sentencia del «caso Gürtel» que derivó en la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno. La firme decisión del PSOE, con el apoyo de Podemos, de mantener su candidatura y ese mismo rechazo para aceptarlo por parte del PP es lo que hace a día de hoy de principal dique para lograr el acuerdo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Sin embargo, en todo el debate relacionado con De Prada hay dato más que relevante que está pasando desapercibido: no puede ser elegido vocal en estos momentos por la sencilla razón que está en activo. Lo establece meridianamente claro el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas...». Es decir, única y exclusivamente podrán acceder por ese turno magistrados que no estén en servicio activo, y De Prada, en estos momentos, es uno de los integrantes de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Para que pudiese ser designado vocal tendría que solicitar la excedencia voluntaria de la Carrera Judicial –un cambio en su situación administrativa–, y cuando fuese designado para el órgano de gobierno de los jueces y magistrados pasaría a la situación de servicios especiales. Al tener que solicitar esa excedencia voluntaria la consecuencia directa es que pierde su destino actual y si regresase al servicio activo al finalizar el mandato del Consejo tendría que concursar para obtener su nuevo destino.

La prohibición para entrar en el Consejo como vocal por el turno de juristas para aquellos magistrados que no estén en servicio activo se introdujo con la reforma judicial del año 2013 que impulsó el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando cambió la dedicación exclusiva de todos los vocales.

Por ello, juristas consultados por este periódico sostienen que es un «fraude» el que se pueda nombrar vocal por el turno de juristas a quien ahora ejerce como juez cada día, con la mera petición de solicitar la excedencia voluntaria «un día antes de su elección». Al final, sostienen, lo que se produce es un «claro fraude de Ley permitiendo que magistrados en activo puedan ser nombrados, porque está muy claro que quienes están en esa situación no poder ser designados» vocal por el turno de jurista.

En todo caso, De Prada tendría que realizar el «sacrificio» de renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional para poder ocupar uno de los 21 sillones del Consejo General del Poder Judicial. Algo que, por otro lado, no plantea ningún problema. En esta situación, las negociaciones siguen igual que hace una semana y no tiene visos de cambiar a corto plazo si PSOE o PP no cambian en sus pretensiones respecto a De Prada, y no parece que ninguno vaya a ceder. Así, desde fuentes populares se insiste en que es «absolutamente» imposible un acuerdo de renovación si los socialistas no renuncian al citado magistrado.

Y, mientras tanto, esta semana llegará al Pleno del Congreso la reforma de la ley que impedirá realizar nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial cuando esté en funciones, es decir, con el mandato vencido, como sucede con el actual. De hecho, es más que probables que los seis nombramientos realizados –quedaron dos sin nombrar porque no existió mayoría para ninguno de los candidatos– el pasado jueves por el CGPJ, entre ellos los presidentes de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias y una de las dos plazas de magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo, pueden ser las últimas que realice.

El Gobierno presentó esta propuesta después de que Bruselas censurara su primera iniciativa: una reforma legal para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los nuevos vocales y poder así sortear el veto del PP. Esta pretensión inicial ha quedado finalmente aparcado. Todo hace indicar que el Congreso ratificará la iniciativa de los dos socios de Gobierno, quienes contarán también con sus habituales apoyos parlamentarios, como ERC o PNV. PP, Vox y Ciudadanos votarán en contra al considerar que se vulnera la separación de poderes.