Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo

“Estaría justificado que Europa interviniese en España por la reforma judicial”

Sería “del todo coherente” que la Comisión Europea llamara la atención al Gobierno en defensa de la independencia judicial.

-¿Cómo valora la decisión de tres asociaciones judiciales que representan a más de 2.500 jueces de acudir a la Comisión Europea para que intervenga ante lo que consideran una reforma que lesiona la independencia judicial?

- Es una consecuencia obligada de la actitud que se ha adoptado (por el Gobierno) en relación con el Consejo General del Poder Judicial y de meterle en la batalla política y hacer del Consejo un instrumento de esa batalla, cuando lo que hay que hacer es respetarlo por todos para que no se vea perjudicada la imagen de independencia de la Justicia.

- Al parecer, todo se debe a la reforma judicial aprobada que impide al CGPJ realizar nombramientos una vez vencido su mandato. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Sería positivo adoptar alguna medida para que no se aplicara? ¿Se debería retirar?

- Aunque esté aprobada se puede adoptar un acuerdo parlamentario para que no se aplicase y ésta sería la medida más inteligente. Y, además, esa reforma podría ser inconstitucional porque el artículo 122.2 de la Constitución establece cuales son las funciones mínimas del CGPJ: realizar nombramientos (que con la reforma aprobada ya no podría), ascenso de categoría, Inspección y régimen disciplinario. Estas funciones se pueden regular, pero de ninguna manera se puede suprimir y menos con la disculpa de que el Consejo está en funciones suprimir la función de realizar nombramientos. En cuanto a si la reforma judicial se debería retirar, sería la medida más inteligente, porque en caso contrario se vería comprometida la posición de España frente a la Unión Europea

- ¿No está en funciones el Consejo, si su mandato venció en diciembre de 2018?

- No está en funciones, a diferencia de un Gobierno, que sí lo está cuando se disuelve el Parlamento y hay que esperar a que un nuevo Congreso invista al próximo Ejecutivo. Esto no se puede trasladar al CGPJ, porque es un órgano de garantía de la independencia de los jueces y esto es algo que no puede estar en funciones nunca. Además, el hecho de que las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo para su renovación, no tengan la generosidad de lograr ese acuerdo, no puede significar un “castigo” para el Consejo.

-¿Está en riesgo el Estado de Derecho, como denuncian también las asociaciones?

- El Estado de Derecho se sustenta sobre unos pilares y es muy peligroso tocar uno de ellos, porque los pilares -división de poderes, independencia judicial y respecto a los principios rectores de las instituciones- deben mantenerse enteros. Si las instituciones no se regulan de acuerdo a esos pilares se puede poner en riesgo el Estado de Derecho, porque el equilibrio se puede romper.

- ¿Podría entonces actuar Europa contra España por esta reforma judicial y la que permanece en stand by sobre rebajar las mayorías necesarias para la elección de vocales del Consejo?

- La Comisión Europea, sobre todo por la fuerza cada vez mayor de la Comisión de Venecia y Greco (Grupo Contra la Corrupción), se ha ido sensibilizando cada vez más sobre todo lo relacionado con los problemas relativos a la independencia judicial, y ya se vio su reacción con Hungría y Polonia sobre esta cuestión. Por tanto, parece que aquí, en España, también lo podría hacer. La posibilidad de que Europa intervenga estaría perfectamente justificada, porque ya lo hizo respecto a esos dos países.

- ¿Y debería actuar?

- Sería absurdo que si con casos parecidos actuó en Polonia, donde obligó a restituir a magistrados del Tribunal Supremo, parecería del todo coherente que llamara la atención al Gobierno en defensa de la independencia judicial.

- ¿Todos estos conflictos se podrían solucionar con la elección directa de los vocales de extracción judicial?

- Esta reforma la hemos pedido algunos desde 1985, cuando la supresión directa fue avalada por el Tribunal Constitucional. Reformar el actual sistema para volver a esa elección directa, que podría salir adelante sin problemas en el Parlamento, sería la mejor señal de que se ha producido un cambio sustancial de enfocar los problemas de la Justicia; y paralizaría cualquier movimiento en Europa. Y no podemos olvidar que en Justicia vale tanto la imagen como la realidad.