Sánchez quiere que el debate sobre el estado de la nación coincida con el aniversario de la moción al PP

El Gobierno baraja convocar el debate del Estado de la Nación en junio. En las sesiones plenarias del 31 de mayo y 1 de junio de 2018 se debatió la moción de censura que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Y en Moncloa no pasan por alto este tercer aniversario de la censura que se llevó por delante al Gobierno del PP y que fue la semilla de la mayoría que sostiene hoy al Ejecutivo de coalición.

Pedro Sánchez necesita reforzar el engrase de sus alianzas y, por más que el debate lo envuelva en la música del aniversario del desalojo de Rajoy del poder, para sus socios las cuentas pendientes pesan más a día de hoy que ese espíritu de frente común contra la derecha.

La lección de Madrid está clara en cuanto al desgaste que provocan al PSOE sus compañeros de viaje o dejarse arrastrar por Unidas Podemos, pero la prioridad de Moncloa es recomponer y dar un impulso al pacto de investidura.

El clima que ayer se vio en el Congreso de los Diputados confirma que Sánchez tiene difícil rearmar la unidad de acción. Pesan en su contra del desgaste por la gestión de la pandemia, el sinsentido de decisiones como la de desentenderse del estado de alarma, lo que ha sublevado hasta al PNV, y también la necesidad de ERC de distanciarse y ser fiel a su tradicional deslealtad con Madrid.

El «todos contra Sánchez» que se lleva viendo en el Congreso desde hace meses es muy posible que sea lo que se visualice en el debate del estado de la Nación. Pero el Gobierno cree que puede ser una oportunidad para lanzar una campaña de perspectivas positivas, de buenas noticias con las que poner sordina a la derrota de los socialistas en la Comunidad de Madrid y al problema catalán que sigue estando encima de la mesa del jefe del Ejecutivo –nuevo Gobierno independentista, mesa de diálogo e indultos.

Las fortalezas de Pedro Sánchez ante ese examen parlamentario son los fondos europeos, la vacunación y la recuperación económica. Bruselas sitúa la vuelta del PIB español a niveles prepandemia para 2022, siempre que haya un buen uso de los fondos.

Y, en general, los indicadores empiezan a apuntalar las perspectivas de crecimiento del Gobierno, pero la clave está en el empleo y en el calendario de ejecución de las reformas y ajustes que, de tapadillo, Moncloa ha comprometido con Bruselas.

En su mayoría, las medidas impopulares podrán esperar, e incluso atarán a los Gobiernos de próximas Legislaturas, si bien en Bruselas difunden que la reforma de las pensiones será el primer pago que España tendrá que hacer. Son las pensiones, y no la reforma laboral, en la que al Gobierno le será más fácil surfear, las que pueden condicionar la fecha de las próximas elecciones generales.

La oposición y los socios echarán sobre la agenda en positivo del marketing de Moncloa la debacle de Madrid, la situación de la coalición tras la salida de Pablo Iglesias y Cataluña.

Los socios han coincidido también con la oposición en la exigencia de un debate monográfico sobre el uso de los fondos europeos. La decisión del Gobierno de actuar a espaldas hasta de sus aliados, sin negociar ni informar, puede hacer que un tema en el que el viento sopla a favor del Gobierno, de momento, como ocurre con la llegada del dinero europeo, quede también ensombrecido por las críticas de la mayoría de los grupos parlamentarios.

La decisión de Sánchez es resistir y no habrá elecciones, al menos hasta que Bruselas no apriete con las pensiones. En el PP son conscientes de ello y por eso dudan del acierto de la dirección nacional de lanzarse a por Sánchez, como si en el calendario ya estuviera marcada la cita con las urnas.

Génova, sin embargo, lo tiene claro, y, tras Madrid, la decisión es dar una vuelta de tuerca a la presión sobre el Gobierno de coalición. «Sin respiro», y esto afecta a todos los temas: una vez que dan por amortizado a Cs, la estrategia vira para no dejar espacio a que Vox pueda rentabilizar a su favor el malestar social en clave económica o política.