El Consejo de Estado prevé una riada de consultas relacionadas con la covid

El Consejo de Estado se prepara para un escenario post pandémico de infarto. Anuncia un refuerzo de personal y una reunión antes del verano con el resto de presidentes de los órganos consultivos para abordar los asuntos sobre la responsabilidad patrimonial por la covid. En este sentido, desde la institución vaticinan un pandemia litigiosa como consecuencia de las distintas medidas adoptadas durante la crisis sanitaria ante la posibilidad de que aumenten las reclamaciones judiciales.

Durante la presentación de la Memoria 2020, el consejero permanente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma, en una rueda de prensa junto a la presidenta de este órgano, María Teresa Fernández de la Vega, garantizaron que este órgano «dará respuesta» a cualquier demanda relacionada con este asunto. «A lo mejor no disponemos de todos los medios, pero dispondremos de ello», subrayó la también ex vicepresidenta del Gobierno, que reconoció que es un tema que «preocupa» al Consejo de Estado. De hecho, anunciaron que se ha convocado unas oposición para ampliar la plantilla de letrados y, de esta manera, poder atender a las reclamaciones derivadas de la pandemia. Además, la institución decidió no elevar de 50.000 a 200.000 euros la cuantía sobre responsabilidad patrimonial para que puedan llegar al Consejo. Representa la atención directa del Consejo a las consultas de la ciudadanía. Es un tema capital para nosotros» , indicó la presidenta.

En la presentación de la memoria detallaron algunas de las actuaciones que la institución despachó; un total de 790 expedientes y 689 dictámenes fueron emitidos. Entre los temas, destacó De la Vega, no solo tienen un interés técnico y de la dogmática jurídica, sino que se determina sobre asuntos que están en la agenda política.

La presidenta del Consejo de Estado indicó que la labor de la institución estuvo «condicionada pero no limitada ni reducida» por las circunstancias de las últimos meses. «Ha pasado más de un año y creo que el Consejo de Estado podemos estar satisfechos». De hecho durante estos últimos meses se han celebrado 48 sesiones de la Comisión Permanente, que supone cinco más que en 2019 y seis más que en 2018. «Quiero seguir destacando la inteligencia colectiva que se da cita en esta institución que es fruto del debate jurídico y técnico, que es marca de esta casa y que se ha visto reforzado por el recursos de las nuevas tecnologías», subrayó al tiempo presentó formalmente la nueva web del Consejo.

En medio de la polémica sobre la cada vez más probable posibilidad de que el Gobierno indulte a los condenados por el «procés», De La Vega se refirió a esta cuestión y recordó que la institución carece de competencia.

También abordó las polémicas que este año han sacudido al Consejo de Estado en temas como los fondos europeos cuyo dictamen no se hizo público antes de la votación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Explicó que la publicidad del contenido depende de la autoridad consultante. «normalmente, forma parte de un proceso de adopción de una decisión y tiene todo el sentido que no se publique hasta que el órgano consultante no adopte una decisión final. A pesar de que no era vinculante, el Gobierno refrendó todas las observaciones que le hicimos al decreto de los fondos. El 98% de todas las observaciones esenciales se incorporaron al texto final», subrayó. Además, en relación a la transparencia y publicidad de sus dictámenes, insistió en que es un «tema controvertido y difícil». En este sentido, recordó que «hay que respetar los ámbitos y su papel. El Consejo de Estado es consultivo y el Ejecutivo es el que tiene iniciativa», concluyó.