¿Mutación o parálisis?

Nos angustiamos por la renovación de los órganos judiciales pero escapamos de las responsabilidades en cuanto pisamos moqueta. Los apremios excitan el escándalo y las terminales mediáticas disparan a gusto del consumidor. Tenemos el Constitucional en funciones, igual que el Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, mientras el CGPJ permanece bloqueado, incapaz de renovar a los miembros cesantes por el doble cepo del combate partidista y la reforma legal para cegar los balones de oxígeno. Somos muy partidarios de la independencia judicial. Pero llegado el momento preferimos repartir las togas como quien baraja momios. Dando y quitando según los intereses del día y el mercado. Por otro lado, cómo pactar con los pasajeros del burro de Troya. Llevan desde 2017 subidos a una bola de demolición. Agentes populistas, tachan de vengativas las sentencias del Tribunal Supremo. Atacan al Constitucional por censurar la (evidente) inconstitucionalidad del decreto que limitó toda una serie de derechos fundamentales. Los mismos que hoy defienden el virgo del poder judicial sueñan con tumbar los últimos diques frente a la mutación sistémica.

La desconfianza hacia el PSOE comandado por Pedro Sánchez, más el lógico temor a lo que propone Podemos, no alivia el marasmo de unos mecanos constitucionales gripados. Incapaces de supervisar el gobierno de los jueces, velar por la constitucionalidad de las normas, fiscalizar el gasto público y vigilar que las administraciones no conculquen nuestros derechos. El Estado de Derecho no puede sobrevivir de una pieza con los contrapoderes obstruidos. Convertidos en el penúltimo escenario de una trifulca en sesión continua de un legislativo y un ejecutivo que con demasiada facilidad trocaron los dispositivos de control en patios de monipodio o fichas intercambiables. Con todo, conviene no caer en la crítica adolescente, sobreactuada o maximalista, propia de quienes hablan de partitocracia, siguiendo las enseñanzas de uno que iba en Rolls-Royce y escribía textos legales de encargo.

Para el PP y Ciudadanos la condición previa a toda negociación pasa por reformar la ley, de manera que la mitad de los jueces del CGPJ sean elegidos por los propios jueces. Estaríamos ante una remodelación en línea con lo exigido por la Unión Europea, que ya nos dió un toque de atención cuando el gobierno y sus cohorte Frankenstein intentó colar de matute una renovación inaceptable y delirante, que directamente nos equiparaba con Polonia. Germán M. Teruel Lozano, profesor de Constitucional en la UMU, ha propuesto, en una tribuna para La Verdad, que la reforma no opere como excusa del veto sino como boya. Que sea un proyecto a futuro, inaplazable aunque no obligatorio si queremos escapar del laberinto. Antes de alcanzar la tierra prometida debemos jugar con los naipes disponibles. Evitar las profecías. Huir de los golpes de pecho. Consensuar un procedimiento bañado por luz y acunado de taquígrafos. Un método que asuma los mimbres disponibles. Que prime los méritos profesionales. Que entregue el cedazo previo respecto a la idoneidad a una comisión de sabios. Que articule un proceso de audiencias similar a las del legislativo de Estados Unidos para valorar el currículum de los candidatos al Tribunal Supremo. Quedaría para más adelante, compromiso ineludible, el cambio eternamente aplazado de una ley obsoleta. Entre otras cosas porque, como recordaba la Asociación Francisco de Victoria, seguimos en flagrante renuncia de las exigencias de nuestros socios. Recuerden que «la Comisión Europea y el Consejo de Europa llevan desde hace casi ocho años reclamando a España que cambie el sistema de elección del CGPJ para que el órgano de gobierno de los jueces españoles no dependa única y exclusivamente de los partidos políticos». Todo sería más fácil si nuestro gobierno no dependiera de los enemigos de la Constitución.