No habrá pactos de Estado: PP y PSOE no se entienden en nada

Gobierno y PP no se entienden en nada, ni lo harán, más que probablemente, en toda la Legislatura, si se atiende a lo que dicen en privado en sus respectivos «cuarteles generales». En esto sí que hay coincidencia fuera del discurso oficial, y también en la confesión de las razones por las que realmente las instituciones de España y sus reformas estructurales están presas de la falta de acuerdo entre los dos principales partidos. De momento, los únicos con opciones a seguir alternándose en Moncloa.

Un veterano dirigente popular, con experiencia en los Gobiernos de Aznar y de Rajoy, certificaba esta semana, al hilo de la nueva vuelta de tuerca al eterno choque entre Ejecutivo y PP por el bloqueo del Poder Judicial, que no habrá acuerdo porque «si PSOE y PP no son capaces de entenderse en nada, tampoco lo harán en la renovación institucional pendiente». «Y todo lo demás son maniobras de distracción dentro de la estrategia de las dos partes por buscar la autojustificación y la manera de culpar al adversario. O hay un golpe desde fuera, o esto no tiene salida».

Internamente, en los dos partidos el análisis de la situación es muy parecido. En las causas, y en los efectos. El problema lo sitúan tanto socialistas como populares en la «impotencia» de estas dos fuerzas. El PSOE no puede pactar porque no le deja Podemos; y el PP, como consecuencia también de esa «impotencia» y de su «debilidad», tampoco puede hacerlo por miedo a lo que dirán otros satélites externos de la derecha y, por supuesto, Vox. «Sin Podemos, sin Ciudadanos y sin Vox el pacto del Poder Judicial estaría hecho desde hace tiempo. Sin que ni siquiera se hubiera aprobado la reforma legislativa que ahora se ha convertido en objeto de disputa», sentencia un ex ministro de Justicia del PSOE.

Por debajo de la batalla política que se ve están otras razones que tienen mucha influencia en las decisiones de Pedro Sánchez y Pablo Casado. «Nosotros metemos la necesidad de la reforma legislativa porque, si no lo hacemos, nos matan por la derecha nuestra, y el Gobierno no la pacta porque Podemos acaba con ellos», comenta otro ex ministro de Justicia, del PP, en este caso.

Los «pata negra» y más veteranos de los dos principales partidos observan con cierta distancia los movimientos de sus direcciones nacionales, y resulta bastante clarificador que hagan un mismo pronóstico sobre lo que se puede esperar del futuro.

«La incapacidad de renovar el Poder Judicial y de que lleguemos a ningún acuerdo en nada tiene como principal explicación la desaparición del centro político. No podemos salir de este bucle por la presión antisistema de Podemos y de Vox y por la percepción que tienen en Madrid, tanto en el PP como en el PSOE, de que cualquier aproximación les perjudica electoralmente», se escucha reflexionar en el seno de la organización popular.

No da votos

En Ferraz y en Génova comparten la idea de que el pacto con el contrario no les da votos. Y más allá de la discusión sobre los nombres, y también sobre las exigencias que llegan desde Bruselas, lo que condiciona la gestión del Gobierno y del PP, constatado internamente en cada uno de los lados, es la presión que reciben por la izquierda y por la derecha. El PSOE pretende que el PP firme un acuerdo con ellos y con Podemos, y los populares intentan que los socialistas suscriban un acuerdo que no puedan contestar ni Vox ni Ciudadanos.

Las presiones externas cada vez que se habla de pactos las confirman en las dos partes, en algunos casos indirectas, y, en otros, directas incluso sobre algunos de los interlocutores que en la sombra buscan abrir canales de diálogo. «Las razones pueden ser más o menos válidas, pero lo que hay, de fondo, es simplemente que nosotros estamos atados a nuestros socios, y el Partido Popular, a las presiones de la derecha», reflexiona un socialista con mando territorial.

El despropósito es tal que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ni siquiera se ha dignado, desde que llegó al cargo en julio, a levantar el teléfono para retomar al menos los contactos con el PP sobre la renovación institucional pendiente. A futuro, el problema trasciende la crisis del Poder Judicial porque las perspectivas de recuperación económica obligan también al PP a escorarse en la crítica para que su alternativa no quede ahogada por las cifras de la recuperación, en muchos casos un espejismo de la realidad a la que habrá que enfrentarse en un par de años.

El choque, bajo esa percepción de que les beneficia electoralmente, ha superado líneas rojas, trasladándose incluso a Europa. Al Gobierno le inquieta, y dirigentes del PP también recelan de una estrategia que puede perjudicar a España. Está en liza el reparto de los fondos europeos, pero hay otro elemento añadido que no pasa por alto en las reflexiones que se hacen en los dos principales partidos. En el capítulo de la Justicia, cuestionar el funcionamiento del Estado de Derecho abre todavía un poco más el camino al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que sostiene, precisamente, toda su batalla contra el Estado de Derecho español en la afirmación de que no cumple los mínimos de calidad exigibles en Europa y actúa con criterio político. Hacerle el juego a esta idea, y aceptar que se compare a España con Hungría o Polonia, sin reaccionar con unidad, «da alas a Puigdemont», según un eurodiputado popular.