El Supremo asume que la estrategia de Puigdemont es “enfangar” en Italia el procedimiento de entrega

La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña aboca al Tribunal Supremo (TS) a una nueva batalla jurídica para conseguir ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el ex presidente de la Generalitat, huido de la Justicia española desde octubre de 2017.

Y en el Alto Tribunal tienen claro, tras el fiasco de Alemania en 2018, a qué se enfrentan ahora. Fuentes del Supremo apuntan a LA RAZÓN que la estrategia de Puigdemont es “enfangar” el procedimiento de entrega y situar a un tribunal “de provincias” frente al “equipo jurídico italiano más prestigioso” (al que prevén que recurrirán los abogados del ex president) para conseguir que le “sobrepase” la presión mediática y suspender la resolución de la OEDE a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dilucide si España puede seguir reclamando a Puigdemont.

Y es que el instructor de la causa del “procés”, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, planteó ante el TJUE el pasado marzo una cuestión prejudicial para tener la certeza de que podía mantener la OEDE contra el líder soberanista una vez la Justicia belga denegó definitivamente la entrega del ex conseller Lluís Puig. Y a la espera sigue de una respuesta que se puede demorar meses.

Dado que la defensa de Puigdemont se personó en el procedimiento el pasado agosto, fuentes jurídicas apuntan que la decisión del TJUE no llegará previsiblemente hasta mediados del próximo año. Un balón de oxígeno para Puigdemont si finalmente el tribunal de apelación de Sassari decide paralizar la tramitación cautelar de la OEDE, como a buen seguro solicitarán los abogados del político catalán.

De momento, Llarena ya ha puesto la maquinaria en marcha. Una vez le han comunicado la detención en Italia del ex president a través de SIRENE (sistema de información que comparten los países de la UE para el control fronterizo del espacio Schengen), ha enviado esta misma mañana un oficio al representante de España en Eurojust (el organismo de cooperación judicial entre los países de la UE) para que remita al Tribunal de Apelación de Sassari la OEDE librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont, así como la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Está todo vigente”

La comparecencia de Puigdemont ante ese tribunal (que no tiene que producirse hoy necesariamente) abrirá en todo caso un proceso que se prevé largo en el que pesará mucho, además, la determinación de si esa euroorden está o no vigente.

En el Supremo no tienen dudas. “Está todo vigente”, insisten. Puigdemont, por contra, se agarra a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea del pasado julio, cuando pese a retirarle la inmunidad, lo hizo precisamente con el argumento de que mientras el TJUE no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena, “nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas”.

El tribunal europeo aseguraba incluso que “las autoridades españolas” habían manifestado “expresamente” que la solicitud del magistrado español incluía la suspensión “de cualquier procedimiento de ejecución de una orden de detención europea que pudiera haberse iniciado” e incluso de la orden nacional de detención vigente”, por lo que “ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas” hasta que el TJUE resolviese la controversia jurídica.

Pero en el Tribunal Supremo circunscriben esas afirmaciones “exclusivamente a la relación bilateral entre Bélgica y España”, lo que según su opinión se traduce en que fuera de las fronteras belgas esa OEDE seguiría vigente, como así lo ha interpretado la Justicia italiana al ordenar la detención de Puigdemont al aterrizar en la isla.

La euroorden, enquistada en Bélgica

A partir de ahora, a la espera de las medidas cautelares que pueda adoptar el tribunal de Sassari a instancias de la Fiscalía italiana -que asumirá los intereses de la Justicia española en la causa-, si se pone en marcha el procedimiento de entrega se abrirá un periodo de intercambio de entrega y solicitud de documentación (la que aportará el juez Llarena para sustentar la OEDE y la que pondrán a disposición de la Sala los abogados de Puigdemont).

Enquistado el procedimiento en Bélgica desde hace cuatro años, la Justicia española perdió el primer asalto en Alemania en 2018, tras la detención del líder independentista en la frontera con Dinamarca cuando regresaba por carretera de una serie de conferencias en Helsinki (Finlandia). Entonces, el tribunal superior de Schleswig-Holstein se negó a entregar a Puigdemont por rebelión, lo que solo permitía juzgarle por malversación. Llarena decidió entonces retirar la OEDE, que reactivó más de un año después (ya por los delitos de sedición y malversación), en octubre de 2019, cuando se hizo pública la sentencia del “procés”.

El alcance de la decisión del TJUE, clave

En todo caso, la estrategia de la defensa de Puigdemont pasa de nuevo por confrontar las decisiones de la Justicia Europea con las del Tribunal Supremo. Y aunque en el Alto Tribunal mantienen que la euroorden contra el ex presidente de la Generalitat (reactivada tras la sentencia del “procés”) no ha dejado de estar vigente en ningún momento, los abogados de Puigdemont pondrán sobre la mesa tanto la cuestión prejudicial planteada por Llarena ante el TJUE, aún sin respuesta, como sobre todo la resolución del Tribunal General de la Unión Europea del pasado julio en la que se le retiró la inmunidad al constatar que no existía riesgo de que fuese detenido (una decisión que, además, Puigdemont ha recurrido).

El equipo jurídico del ex president argumentará también que Puigdemont se desplazó a Cerdeña en el ejercicio de sus funciones como eurodiputado, para reunirse con el presidente regional y con el síndico del Alguero.

Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí demandaron el pasado mayo al Parlamento Europeo por conceder el suplicatorio (el permiso para poder tramitar las euroórdenes cursadas contra ellos por España) a instancia del Tribunal Supremo. Los tres eurodiputados esgrimieron que eso les impedía ejercer su labor, al no poder desplazarse, por ejemplo, a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) sin el riesgo de ser detenidos. Y aunque la Justicia europea les dio la razón inicialmente y les devolvió cautelarmente su inmunidad, el pasado julio rectificó.