El alcance de la euroorden, la clave

En el embrollo jurídico que rodea al procedimiento de entrega de Carles Puigdemont impulsado por el Tribunal Supremo, entreverado con el habitual ruido político, Cerdeña es la penúltima estación del ex presidente de la Generalitat. No necesariamente la última, porque tras casi cuatro años desde que el líder independentista decidiera poner rumbo a Bruselas, los sucesivos reveses a la Justicia española en Bélgica y Alemania no abonan precisamente el terreno para pronósticos.

¿Por qué ha sido detenido Puigdemont en Italia?

Cuando el ex president tomó un vuelo desde Bruselas en dirección a la isla de Cerdeña el Sistema de Información Schengen alertó de la existencia de una euroorden contra Puigdemont. Se trata de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que reactivó por sedición y malversación el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», en octubre de 2019, tras darse a conocer las condenas a los líderes independentistas.

¿Está actualmente en vigor esa OEDE?

De la respuesta a esta pregunta depende la entrega de Puigdemont a España en estos momentos. El Tribunal Supremo mantiene que está plenamente en vigor, pero el equipo jurídico del ex presidente de la Generalitat afirma lo contrario y esgrime que su inmunidad sigue intacta y le permite desplazarse por los 27 países de la Unión Europea sin restricciones en el ejercicio de sus funciones como europarlamentario.

¿Por qué la vigencia de la euroorden es controvertida?

Porque el pasado marzo el juez Llarena planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que le aclarase si después de que la Justicia belga rechazase definitivamente entregar al ex conseller Lluís Puig podía seguir reclamando a Puigdemont. El magistrado planteaba además al TJUE que dirimiese si Bélgica podía cuestionar, como hizo, la competencia del Tribunal Supremo para solicitar la entrega de los políticos independentistas fugados. Esa decisión aún no se conoce y puede demorarse meses, condicionando mientras tanto la resolución de la entrega del líder independentista.

¿Puigdemont mantiene su inmunidad como europarlamentario y en qué términos?

El pasado julio, el Tribunal General de la UE rectificó y decidió dejar en suspenso esa inmunidad de forma cautelar a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Pero lo hizo con el argumento de que eso no impedía que Puigdemont ejerciese libremente sus funciones como parlamentario europeo dado que, según habían trasladado las propias autoridades españolas (la representación de la Abogacía del Estado ante el tribunal europeo), la euroorden quedaba en suspenso e incluso la orden nacional de detención (que acarrea su inmediato arresto si pone un pie en España). A esa salvedad se agarran, precisamente, los abogados de Puigdemont.

¿Cómo se interpreta esa resolución en el Tribunal Supremo?

Para el tribunal español esa suspensión solo afecta a la situación de Puigdemont en Bélgica, donde reside, y a sus desplazamientos en funciones parlamentarias entre las dos sedes de la Eurocámara. Pero no supone que pueda desplazarse libremente por los países de la UE.

¿Qué ocurre si Italia deniega la euroorden?

Si Italia rechaza la entrega, él Tribunal Supremo deberá esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, lo que previsiblemente no sucederá hasta mediados del próximo año, según fuentes jurídicas.

¿Qué pasa si el Tribunal de Apelación de Sassari accede a la pretensión de la Justicia española?

Si en la vista que se celebrará el próximo 4 de octubre, el tribunal italiano decide tramitar la petición del Supremo, éste tendrá que remitir a Italia la documentación en la que sustenta su petición (el juez Llarena ya ha enviado la OEDE librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont y la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE). El procedimiento, en todo caso, se prolongaría varios meses.

¿Qué posibilidad tendría en ese caso la defensa del ex president?

Su equipo jurídico reclamaría al Tribunal General de la Unión Europea que levantara la suspensión de su inmunidad (una puerta que ya dejó abierta la instancia europea el pasado julio) para impedir que se tramitara su entrega sin esperar a que el TJUE se pronuncie.