Laya se escuda en la ley de secretos oficiales para no desvelar quién autorizó la entrada de Ghali

La ex titular de Asuntos Exteriores elude algunas de las preguntas planteadas por el instructor e insiste en que “todo se hizo conforme a la ley”

La ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha escudado en la ley de secretos oficiales y en el carácter reservado de las decisiones que se tomaron el pasado abril para avalar la entrada en nuestro país de Brahim Ghali para rehuir las preguntas del instructor y no identificar a los responsables de esa decisión dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha insistido en su declaración como investigada, se decidió acoger al líder del Frente Polisario, enfermo de Covid, (lo que provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos) por razones humanitarias.

De hecho, ha subrayado que la decisión fue “un acto político”, y no un acto administrativo (por lo que, en definitiva, no debería de ser revisado por un órgano jurisdiccional) fruto de una petición de un tercer país (Argelia).

Laya ha hecho hincapié, según fuentes jurídicas, en que desconocía que Ghali tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal. Y en esa misma línea de desconocimiento, ha afirmado que tampoco se enteró de que se registró con una identidad falsa (Mohamed Benbatouche) en el hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció ingresado desde el 18 de abril al 1 de junio, cuando voló de regreso a Argel.

“Con mucha tranquilidad”

Tras declarar ante el juez durante una hora, la ex ministra ha asegurado que todo se hizo “conforme a la ley” y que ha acudido a la cita judicial con “mucha tranquilidad” y con voluntad de “transparencia” para aportar “todas las explicaciones que puedan ayudar” al instructor en la investigación de los hechos. Sin embargo, según fuentes jurídicas la ex ministra se ha negado a responder a las acusaciones populares y solo lo ha hecho ante el instructor, la Fiscalía y la abogada del Estado.

Como hizo su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, la ex titular de Exteriores se ha escudado –para no entrar en detalles de la operación– en un acuerdo «no publicado» del Consejo de Ministros de octubre de 2010 (con José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo). Una decisión que ampara como secreto o reservado, según su criterio, prácticamente el total de las actuaciones del ministerio que dirigía hasta el pasado julio (cuando Pedro Sánchez aprovechó la remodelación del Ejecutivo para apartarla del Gobierno).

Laya ha defendido en todo momento la legalidad de su actuación y ha confiado en que el juez archive la causa contra ella por prevaricación y encubrimiento: “Espero que llegue a la misma conclusión”.

Lo que dijo su jefe de gabinete

El pasado 13 de septiembre, el ex jefe de gabinete de González Laya aseguró al juez que fue la entonces ministra de Exteriores quien le trasladó, horas antes de que el avión en el que viajaba Ghali aterrizara en la base militar de Zaragoza el 18 de abril, de que “se había decidido” autorizar la entrada del líder del Frente Polisario en España “por razones humanitarias”.

Según explicó el diplomático, la primera noticia que tuvo sobre esa posible llegada de Ghali se produjo el 15 de abril, cuando recibió una llamada de la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo preguntándole si sabía algo al respecto. Villarino afirmó que entonces no tenía ningún conocimiento del asunto, pero que al día siguiente preguntó a Laya, quien le manifestó que tras recibir una petición de un tercer país (Argelia) se estaba valorando la posibilidad de acoger al presidente de la República Árabe Saharui Democrática (RASD) porque estaba “gravemente enfermo” de Covid y se temía por su vida.

Dos días después, la ministra le confirma que “se ha tomado la decisión” de acoger a Ghali y le encomienda que se haga cargo “de la instrumentación logística de su llegada” instándole a ser “lo más discreto y reservado posible” por el “impacto” que pueda tener el asunto “en las relaciones de España con otro tercer país al que todavía no se ha informado” (Marruecos). Según dijo, no cree que tomara la decisión sola pues el Gobierno “no es un reino de Taifas”.

El investigado negó no obstante que esa petición de sigilo se debiese a que tuviesen conocimiento de que Ghali estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal.

Sin embargo, Villarino aseguró que la decisión de eximirle del preceptivo control de pasaporte y aduana se tomó esa misma tarde una vez se les trasladó que Ghali viajaba con pasaporte diplomático argelino y su hijo con un permiso de residencia.

El diplomático insistió en su declaración en que se enteró a posteriori de que Ghali se había registrado en el hospital San Pedro de Logroño con una identidad falsa, exhibiendo un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche. Al tener conocimiento de esa irregularidad, Villarino explicó que pidió que le mandaran una fotocopia de ese documento, que recibió por correo electrónico de un remitente misterioso cuya identidad se negó a revelar y que el juez ya le ha ordenado desvelar.

Villarino añadió que una vez Ghali declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que no le impuso medidas cautelares, por lo que era ya libre para regresar a Argelia (algo que efectivamente hizo horas después), pidió a Interior que le pidieran el pasaporte antes de despegar del aeropuerto de Pamplona para comprobar si se trataba efectivamente de un pasaporte diplomático argelino. Sin embargo, el líder polisario abandonó España del mismo modo que había accedido a nuestro país mes y medio antes: sin que nadie le reclamara documentación alguna.