El PSOE cederá en la renovación del CGPJ a costa de Podemos

La crisis con Podemos abre espacios para que avance la negociación del Gobierno con el PP sobre la renovación del Poder Judicial. En la dirección popular, donde mantienen la línea de interlocución con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, creen que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prepara el terreno para acabar aceptando una fórmula de modificación del sistema de elección de los jueces a costa de una relación con Podemos que demuestra ya claros signos de descomposición. El partido de Pablo Iglesias ha sido uno de los principales obstáculos en el acuerdo entre los dos principales partidos. Al PP le ha servido como excusa, y, a Pedro Sánchez, como lastre en el que justificar su inmovilismo ante las exigencias planteadas por los populares.

Con la coalición en crisis, y ante la perspectiva de que más pronto que tarde acabará por imponerse una ruptura que no tiene marcha atrás, al presidente del Gobierno le sale más a cuenta desbloquear el Poder Judicial antes de las elecciones que ir a unas elecciones con la rémora de esa imagen de bloqueo y politización de la Justicia. De todas formas, el clima es tan cambiante que hoy ninguno de los interlocutores se la juega en el pronóstico del resultado.

En esta contienda el PP se mueve con las cartas marcadas, y desde una clara posición de ventaja, porque, incluso con más responsabilidad en el bloqueo que el PSOE, controla mejor la batalla de la opinión pública que los socialistas al haber hecho ahora suya la bandera de la regeneración y de la modificación del sistema de elección de los jueces.

En la negociación, el estado de la partida puede resumirse en que el PP está a la espera de que la crisis del PSOE con Podemos sea irreversible para ejecutar la renovación del Poder Judicial. Después de haber cumplimentado la del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos.

Gobierno y PP no tienen problema con los nombres, aunque tengan que seguir con la puesta en escena de la negociación del reparto de cromos. Es un problema únicamente de procedimiento, es decir, de que el Gobierno encuentre el momento para hacer el guiño que el PP le exige respecto a la modificación del sistema de elección de los jueces, a sabiendas las dos partes de que puede que ni haya tiempo ni votos para sacar adelante esa modificación legal.

De momento, desde la negociación se trasladan mensajes conciliadores y buenas vibraciones. A los populares no se les escapa que el pacto PSOE-PP dinamitaría definitivamente la Legislatura o el Gobierno en sí mismo. Génova se ve hoy en condiciones de forzar ese pacto, dicen que para obligar a Sánchez a apartar a Podemos.

Cuando la realidad es que la crisis del PSOE con Podemos es previa a lo que pueda llegar a forzar el PP. Si Sánchez bendice el acuerdo con el PP, sometido a sus condiciones, será porque ha llegado a la conclusión de que ya no tiene nada que perder en la relación con los morados. Y el pacto sobre el Poder Judicial puede ayudarle a buscar la centralidad.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, apeló una vez más ayer, en una entrevista en RNE, a que el Gobierno modifique la Ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección y poder renovar así al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP aseguró que está dispuesto a estudiar fórmulas dentro de esa reforma legal porque lo importante es que el sistema garantice que los jueces elijan a los jueces de forma directa. La semana pasada, en una entrevista en Onda Cero, Pablo Casado adelantó que el compromiso de esta modificación debe quedar registrado en el Congreso de los Diputados porque no se fía de la palabra sin más del presidente del Gobierno. El PP quiere que haya una iniciativa en la Cámara, bien conjunta, entre populares y socialistas, o bien con la firma solo del PSOE, pero que recoja sus condiciones sobre el cambio en el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial.

El problema básico de esta negociación entre PSOE y PP, en un modelo de bloques, ha residido en que los socialistas han intentado que el PP aceptara un acuerdo que le pareciera bien a sus socios de Podemos. Y el PP, a su vez, ha tratado de forzar a los socialistas a firmar un pacto que marginara a sus socios de coalición. Los nombres eran lo de menos. Y el coste se medía en el margen de pérdida de los dos partidos por cada uno de sus extremos. El PP no puede permitirse el lujo de dejar espacio abierto a Vox con un mal acuerdo, y el PSOE, por su parte, no se ha podido permitir tampoco hasta ahora un pacto que le dificulte la estabilidad parlamentaria con sus socios de investidura. Si la estabilidad salta por los aires antes de tiempo, Sánchez ya no tiene nada que perder y medirá cuánto gana si avanza en el acuerdo con el partido de Casado.

Aunque al PP le venga bien la presión europea, la realidad es que esta presión no llega al extremo del escenario que dibujan los de Génova. Bruselas quiere un cambio, con consenso, en el modelo, pero ni compara el sistema español con el de Polonia ni tampoco se plantea condicionar la llegada de los fondos a esta reforma. Los fondos dependen única y exclusivamente de que se cumplan las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, y el tema judicial es, a juicio de Bruselas, una cuestión institucional, que España debe resolver cuanto antes mejor, pero también con el mayor de los acuerdos.

El pulso del Gobierno con el Tribunal Supremo trasciende ya estrictamente lo que afecta a esta renovación judicial pendiente. La descoordinación penaliza la eficacia de España en la causa contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero también hay quien ve en este pulso parte de la explicación a las respuestas exageradas de casi todos los actores al caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la retirada de su acta tras haber sido condenado por el Supremo por haber pegado una patada a un policía en 2014.

El Gobierno y el Tribunal Supremo han roto todos los puentes, en un conflicto que se arrastra a cuenta de lo que en el Alto Tribunal entienden como injerencias por la sentencia que condenó a los políticos líderes del «procés». Indultados por el Gobierno.