Los barones socialistas rechazan el frente del PSOE contra el PP en financiación autonómica

Sin postura común en cuanto a cómo abordar el modelo de financiación caducado en España de 2014. La postura de la unidad, era la intención que se marcaba esta semana Ferraz, que reunió esta mañana a sus barones regionales en Madrid con el fin de acercar posturas de cara a la próxima reunión en Santiago de Compostela a la que acudirán todos los presidentes autonómicos –del PP y del PSOE–. Sin embargo, la dirección socialista tuvo que asumir tanto que sus barones se reunirán con el PP como sus exigencias de no renunciar a la negociación con los populares para acordar el nuevo modelo de financiación y su petición de diálogo «más allá» del partido. Los territorios autonómicos mostraban su satisfacción con la cita en la que finalmente el PSOE se abrió a esta conversación general y terminó haciendo como respuesta un llamamiento general a todas las fuerzas política, «especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista».

Y es que el PSOE tenía difícil lograr un consenso y un criterio definido de cara a la cumbre que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Galicia con los presidentes populares. Los presidentes autonómicos socialistas expusieron su posición de unidad y diálogo más allá del partido. El objetivo era que Ferraz entendiese que la reunión no será «un frente contra nadie» sino «un diálogo abierto para fijar posiciones comunes». «No es ni contra el Gobierno ni contra el resto de comunidades», clarificó el presidente de Asturias, Adrián Barbón antes de la cita de casi dos horas de duración que estuvo presidida por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y a la que acudió el secretario de Organización, Santos Cedrán y las ministras de Hacienda y Política Territorial, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, respectivamente. Así, Ferraz respondió tras la cita con un comunicado en el que aseguraba haber constatado la necesidad de que se dé un «diálogo fluido entre todas las Administraciones en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica».

Desde Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias incidieron en la pérdida de población y el envejecimiento que penaliza a las comunidades. Desde Baleares se destacó la población flotante en verano en el archipiélago y desde Valencia se puso en valor que era la peor comunidad financiada.

Las posiciones

Así, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, advirtió de que no había que escenificar ningún frente socialista, sino debatir tanto dentro del PSOE como fuera con otras comunidades. Lo escenificó muy claro. «Hay veces que llamamos frente a una reunión de presidentes del PP del PSOE y, otras veces, diálogo, si la reunión es con independentistas, pero es el mismo castellano. Hay que hablar, hay que hablar», reclamó. Javier Lambán recordó que no se trataba de un «problema ideológico», ni un problema del PSOE o del PP, sino «puramente económico y técnico» y así argumentó la disparidad de opiniones y la imposibilidad de tomar una postura común en este punto, una postura de partido. «Las diferencias no son ideológicas sino territoriales y cada cual nos debemos a nuestra comunidad anteponiéndolo a cualquier otra consideración». Y es que las peticiones sobre financiación varían según cada territorio. Desde Valencia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se sumaba al criterio andaluz y murciano pidiendo que prime el criterio de población ajustada, y «no simplemente desde la perspectiva del PSOE».

Así los socialistas remitieron un comunicado en el que esbozaron las líneas generales, a pesar de no consensuar un criterio común, que se consideró imposible. En ese pacto de mínimos plantearon que la reforma del sistema de financiación vigente debe guiarse por la «solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde el punto de vista territorial». Defienden también una «suficiencia financiera» y la autonomía financiera. «Por último, creen que la capacidad fiscal «no debe condicionar la equidad de acceso a los servicios públicos».