Del fin de la pesadilla de Don Juan Carlos a la decisión del Supremo sobre los ERE

El año que comienza vendrá marcado por el más que previsible archivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo a Don Juan Carlos, lo que despejará su horizonte judicial a la espera de la evolución de la demanda por acoso de Corinna Larsen en un juzgado londinense. Del alto tribunal se esperan además otras dos decisiones de indudable repercusión política y mediática: la resolución de los recursos contra los indultos del “procés”, una vez la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso resuelva si PP, Vox y Cs, entre otros, están legitimados para recurrir la polémica medida de gracia, y la decisión de la Sala Penal sobre la sentencia del caso de los ERE, el fraude en las ayudas al empleo por el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Según las fuentes consultadas, el Supremo podría posicionarse sobre los indultos la próxima primavera, pues en esas fechas se producirá la jubilación del presidente de la Sección Quinta, el magistrado Segundo Menéndez, quien según apuntan esas mismas fuentes “lo querrá dejar resuelto”. Si la Sala de lo Contencioso optase finalmente por tumbar la medida de gracia, algo que cuenta con escasos precedentes, los condenados -entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras, deberían volver a prisión para cumplir el resto de la pena.

En cuanto a la resolución de la casi veintena de recursos contra la sentencia de los ERE, fuentes del Tribunal Supremo dan por hecho que la sentencia se conocerá a los largo del año. Una resolución que deberá sortear el escenario electoral tras el anuncio de elecciones anticipadas en Castilla y León y el probable adelanto en Andalucía, pues como es sabido en aplicación de la “doctrina Ruiz Vadillo” el alto tribunal evita hacer públicos fallos en periodos electorales para no interferir los comicios.

2022 comienza, como los tres años anteriores, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Y a juzgar por las recientes palabras del presidente del Gobierno -calificando de “altamente improbable” su renovación-, el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces no tiene visos de resolverse en los próximos meses. Enero era, en principio, el mes marcado en rojo en el calendario para alumbrar el posible acuerdo entre PSOE y PP, una vez pasada la marejada de los presupuestos. Pero, una vez más, fuentes de la negociación alejan cualquier atisbo de apretón de manos, ahora por el escenario electoral del nuevo ejercicio.

El nuevo año espera también fecha para uno de los juicios pendientes más mediáticos que va a celebrar la Audiencia Nacional, el que sentará en el banquillo al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y a sus hijos (Marta Ferrusola fue apartada de la causa por una demencia sobrevenida), para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 92 años de prisión por asociación ilícita, delitos fiscales y blanqueo por haberse enriquecido supuestamente a través del cobro de comisiones aprovechando la predominante posición política del ahora nonagenario ex president y líder convergente. Pero dado que ninguno de los acusados está en prisión, y al tener prioridad a la hora de señalar juicio las causas con preso (ante la imposibilidad de superar el límite legal de prisión preventiva), la vista oral podría comenzar incluso en 2023.

Otra causa que se encuentra en la recta final tras el procesamiento de la ex cúpula de Interior es el “caso Kitchen”, el supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas para sustraer al ex tesorero del PP documentación comprometedora para el partido. En los próximos meses se conocerán los escritos de acusación y de defensa que despejen el camino para la celebración de un juicio que contará entre los acusados al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al que fuera su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

A la vuelta de las vacaciones de Navidad se reanudarán asimismo dos juicios con desigual tirón mediático, ambos en la Audiencia Nacional: el de las tres primeras piezas del “caso Tándem”, con el comisario José Manuel Villarejo en el epicentro, y el que sienta en el banquillo a la trama de Boadilla del Monte (Madrid) de la red corrupta “Gürtel” liderada por el empresario Francisco Correa. Sobre el primero, que retoma sus sesiones el próximo día 10, sobrevuela una posible causa de aplazamiento por la enfermedad de uno de los letrados de la defensa en la “pieza Pintor”, a la que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha instado a designar un sustituto para evitar más demoras. Pero el abogado se niega y ha solicitado a la Sala que aparte a su cliente del proceso y le juzgue aparte cuando él se recupere.

El año que comienza también será decisivo en la tramitación del “caso Dina”, la investigación del robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y la posterior difusión de los datos de su tarjeta. El instructor, Manuel García Castellón, está a la espera de un informe policial sobre la posibilidad de recuperar la información de la tarjeta dañada para decidir si sigue adelante con la causa, que por la entidad de los delitos podría terminar en un juzgado de instrucción de Madrid. García Castellón señaló a Pablo Iglesias por los daños en la tarjeta, aunque no consiguió que el Supremo le imputase por tres delitos. Pero si tras el informe pericial el instructor insiste en su tesis y termina inhibiéndose en favor de los juzgados de Plaza de Castilla, estos sí podrían investigar al ex líder de Podemos al haber perdido su aforamiento.

Buena parte del interés informativo en este 2022 se concentrará también en el “caso Neurona”, en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la posible financiación irregular de Podemos, que está imputado en la causa al igual que uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, y su gerente, Rocío Val, y tesorero, Daniel de Frutos. El magistrado deberá asumir, además, tal y como le ordenó la Audiencia de Madrid, el “caso niñera”, con Irene Montero en el disparadero por haber utilizado supuestamente a una ex trabajadora del partido, Teresa Arévalo, ahora asesora en el Ministerio de Igualdad, como cuidadora de su hija en la campaña electoral de las generales de 2019.

En otro frente judicial, los próximos meses serán decisivos para conocer la evolución del “caso Ghali”, la investigación de la entrada en nuestro país el pasado abril del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, acogido enfermo de Covid por “motivos humanitarios” por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos. El magistrado Rafael Lasala apura las últimas diligencias antes de decidir si archiva la causa o transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que acercaría al banquillo a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y al que fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino, investigados por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.

En el horizonte seguirá estando un año más el “caso Púnica”, que en una de sus ramificaciones mantiene imputados por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González y al ex consejero Francisco Granados, a la espera de que Anticorrupción presente su escrito de acusación.

Y tras su reciente renovación, el Tribunal Constitucional empezará el año con un buen número de asuntos de calado sobre la mesa y una nueva renovación, en junio, que debe devolver la mayoría progresista a la institución pero que también puede estar en el aire por el bloqueo del CGPJ, al que en esa fecha corresponde designar a dos nuevos magistrados que se sumarán a otros dos propuestos por el Gobierno.

El tribunal de garantías tiene que resolver, sin ir más lejos, los recursos contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado (una posible declaración de inconstitucionalidad permitiría, por ejemplo, cubrir vacantes judiciales, 57 a día de hoy, aunque el Consejo siguiese en funciones) y los planteados contra la ley del aborto (que lleva más de una década esperando sentencia, un borrador que ahora se encargará de elaborar el magistrado conservador Enrique Arnaldo tras la salida del TC de Andrés Ollero), la de la eutanasia y la ley Celaá.