La Fiscalía pide archivar la querella contra tres altos cargos del Gobierno por el Covid

La Fiscalía Provincial de Madrid cree que no hay notitia criminis en uno de los numerosos casos que se investigan ya sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Este, en concreto, parte de una querella de Vox y mantiene como investigado en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a tres altos cargos del Gobierno: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia. El Ministerio Público acaba de pedir el archivo, según informan fuentes jurídicas, porque considera que la denuncia sobre las irregularidades en la adquisición del material al inicio de la primera ola de Covid-19 se basa en “meras conjeturas”.

Para el fiscal la querella presentada por Vox no ha concretado de forma “suficiente” los indicios “mínimos” para llevar a cabo las indagaciones. La formación que dirige Santiago Abascal sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. El total de las licitaciones tuvo un coste de 310 millones de euros en mascarillas, guantes y batas. Aludía también a que una decena de estas adjudicaciones se hicieron a empresas de “dudosa” existencia porque no se conocía a qué se dedicaban.

El Ministerio Público dice que la denuncia se construye a raíz de las dudas sobre el procedimiento utilizado para asignar los contratos, pero que no concreta “qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones”. Y, según el fiscal, como no se especifican estos hechos no hay justificación para poder investigar ya que, de hacerlo, sería “prospectivo”, es decir, que se excede del objetivo de indagar en un delito concreto. Existen “otros procedimientos para su fiscalización genérica”, indica la Fiscalía.

Es un hecho “notorio” e “incuestionable” que en la pandemia “hubo que adaptar la forma de contratar”, señala el escrito que se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos los contratos celebrados por INGENSA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que están en la querella. El Tribunal fiscalizador concluye: “no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa”.

El juez ya tomó declaración a los tres directores investigados hace semanas. El fiscal señala en concreto el relato del director de INGESA que admitió que era la persona encargada de los contratos y recordó que todos se escrutaron por el Tribunal de Cuentas “donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases”.