Hacerse con el poder judicial

Es un lío técnico, pero la reforma –ayer– de la ley para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es sólo para dominarlo y hacerse con el poder judicial. Tiene que enmarcarse en el momento político, tras la derrota del PSOE en Andalucía y con una tremenda crisis económica. Pedro Sánchez ha reaccionado por ahora en tres frentes: medidas económicas populares, enfrentamiento con Podemos (su manera de acusarlos de los desastres) y dominio de instituciones como el TC.

Voy a intentar hacérselo muy fácil, para que no se líen. El Tribunal Constitucional tiene doce miembros que se renuevan por tercios cada tres años, de modo que cada vocal está nueve en el cargo. Los últimos cuatro van a «caducar». Dos tienen que ser elegidos por los propios jueces y otros dos por el Gobierno. Hasta aquí, todo muy fácil, porque ahora hay 7 magistrados conservadores en el TC y cinco de izquierdas. En julio terminan el mandato tres conservadores y uno de izquierdas. Concretamente, el actual presidente, González Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Si el PSOE cambia dos, la mayoría se inclina a su favor. Para la nueva presidencia, suena con un máximo de posibilidades el «killer» Cándido Conde-Pumpido. ¿Por qué es tan importante este cambio? Para garantizarse en los próximos dos años los mecanismos de dominio. En tiempos de la pandemia, cuando había que ratificar el Estado de Alarma (porque restringía los derechos de las personas), Carmen Calvo no consiguió forzar al Constitucional. El TC declaró inconstitucionales los estados de alarma declarados durante la enfermedad. Eso le costó el cargo a la ministra.

Si todo es tan fácil, ¿por qué ha habido que cambiar la ley? Pues porque el PSOE había mutilado previamente la capacidad de elección de los jueces. Hizo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, muy polémica, que establecía que el Consejo General del Poder Judicial –que es el órgano de los jueces que hace los nombramientos– no podía designar a nadie mientras estuviese en funciones, que es como está, porque PP y PSOE siguen sin alcanzar un acuerdo para su renovación. Así que ahora, justamente, no puede. Tiene las manos atadas.

Para «desatar» lo que trampeó, el Gobierno ha hecho de nuevo la trampa ayer. Ha presentado una proposición de ley orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Se tramitará por la vía de urgencia. Exactamente sobre el artículo que introdujo el Ejecutivo hace meses para paralizar al actual Consejo, presidido por su detestado Carlos Lesmes. El texto autoriza al CGPJ para que pueda votar esto, y solo esto, aunque esté en funciones: el nombramiento de los miembros del Constitucional. Es una burda manipulación de las instituciones. Aquí no hay preocupación por si es democrática o equilibrada la representación, si hay o no acuerdo con la oposición, si se respeta o no la autonomía de los jueces (que siguen maniatados), tan sólo hay un tosco mecanismo para retorcer las palancas y poner los órganos a órdenes del Gobierno. Y un camino para poner a los amiguetes en los puestos relevantes, para cuando arrecie la tormenta.

Sería un error reducir este movimiento de complicada ingeniería judicial a una pataleta de Pedro Sánchez o una anécdota. Es parte del trabajo de todos los técnicos del poder para configurar los órganos del país al servicio del PSOE de cara a las elecciones de 2023. Si, a la hora de gobernar, el presidente pisase (como es previsible) cualquiera de los artículos de la Constitución, un TC pastueño resultaría de valor precioso.

En esta finta, a Alberto Núñez Feijóo se le ha hecho, literalmente, una pedorreta. El nuevo jefe de la oposición había ofrecido negociar los cambios en el CGPJ y se ha quedado con la mano tendida. Al Gobierno ya no le interesa.