Gobierno

Feijóo responde a Sánchez sobre la renovación del CGPJ: “No vamos a dejar que nos amenacen”

El líder del PP reclama al presidente del Gobierno que reduzca los ministerios cuando remodele el ejecutivo

El Gobierno ha dinamitado los puentes de diálogo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con varias maniobras en los dos últimos meses: la última de ellas, la filtración de un documento firmado por el PP en la etapa de Pablo Casado (otoño de 2021) con la intención de presionar a Alberto Núñez Feijóo para que se avenga a negociar y acordar la renovación en el gobierno de los jueces. Sin embargo, el líder de los populares ha sido tajante este jueves: “No vamos a dejar que nos amenacen”, ha dicho, en declaraciones a los periodistas en una visita al municipio coruñés de Porto do Son.

El documento filtrado incorporaba el texto para elaborar una proposición de ley que permitiera renovar el Tribunal Constitucional pese a que el CGPJ estuviera en funciones (como ocurre ahora) mientras se acababan de cerrar los flecos de la renovación del propio CGPJ (compuesto por 20 vocales, 10 escogidos en el Congreso y 10 en el Senado). Sin embargo, la dirección actual del PP, comandada por Feijóo, se ha desmarcado de ese documento y reclamó desde el primer momento reiniciar desde “cero” las negociaciones.

En este sentido, Feijóo ha reprochado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, amenazara a Esteban González Pons (encargado de negociar esta cuestión en el PP) con filtrar el documento si no se llegaba a un acuerdo, cosa que, finalmente, ha terminado haciendo. Feijóo recordó que, desde el 11 de julio, su partido ha dado a conocer las exigencias para acceder a renovar el CGPJ: entre estas, según ha enumerado, están que un juez que pase a ser ministro tenga que esperar dos años para volver a dictar sentencias; que un ministro no pueda ser nombrado presidente de una sala del Supremo, fiscal general del Estado o miembro del CGPJ hasta pasados 7 años (evitando así movimientos tan polémicos como el de Dolores Delgado, anterior Fiscal General); que para ser presidente de sala del Supremo los jueces acumulen una experiencia de 25 años dictando sentencias; y, que se creen 1.000 plazas de jueces en 5 años. «A eso no hay contestación del Gobierno, solo hemos recibido una propuesta unilateral de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial», ha lamentado, en alusión a la reforma legal que aprobó el PSOE en julio en el Congreso para cambiar en septiembre a cuatro de los 12 miembros del Tribunal Constitucional y recuperar la mayoría en un tribunal que tiene ante sí asuntos muy sensibles que abordar (Ley Celaá, Ley del aborto o la Ley de eutanasia).

Los populares reclaman cambiar el modelo de elección de los jueces para acabar con las injerencias políticas y que sean los jueces quienes elijan a los jueces (como reclama Europa), pero el PSOE se opone porque considera que el CGPJ tendría siempre mayoría conservadora y no estaría en sintonía con las mayorías parlamentarias escogidas por la ciudadanía (ahora, al elegirse a través del Congreso y el Senado, el CGPJ suele ser un reflejo de las Cortes).

Asimismo, Feijóo también pone en entredicho que Sánchez no vaya a hacer cambios en el Gobierno y, de hacerlos, ha reclamado que reduzcan el número de ministerios. “No es posible mantener el Gobierno más caro de la democracia en el verano más caro de los últimos 40 años por la inflación”, ha afirmado, y ha reprochado que tenga como socios “prioritarios” a los políticos que practican el “fanatismo”, tras el sabotaje del minuto de silencio con motivo del quinto aniversario de los atentados de Barcelona.

Finalmente, en materia económica, Feijóo ha insistido en pedir al Gobierno una bajada en el IRPF a las familias con rentas bajas y medias para que puedan afrontar el curso escolar ante un otoño, en el que ha avisado, que “no estamos para bromas” por los problemas económicos derivados de la inflación. También, después de que el Gobierno haya pedido que el decreto de medidas para el ahorro de energía se vote el jueves que viene en el Congreso, ha ratificado la oposición del PP al reclamar medidas alternativas, “razonables escuchando a los que saben, a las comunidades autónomas y a los sectores productivos del país” para apoyar al tejido industrial.