La cara del Rey en el Supremo

Basta ver el rostro serio y cariacontecido delRey Felipe en el acto solemne de apertura del Año Judicial para comprobar el alcance de la anomalía que supone el plan de Pedro Sánchez -aún en fase de tentativa- de asaltar el poder de los jueces. Tampoco deja de ser sintomático que La Moncloa haya quedado retratada, en apenas 48 horas, con los irresponsables ataques del presidente del Gobierno a los medios de comunicación y con el insólito ultimátum de dimisión del máximo responsable del CGPJ, Carlos Lesmes. Ambas circunstancias, impropias de una consolidada democracia de la Unión Europea como es la española.

Para colmo, la izquierda y su brazo mediático se empeñan en estas últimas horas en poner la pelota de la renovación del órgano de mando judicial en el tejado de Alberto Núñez Feijóo. Una maniobra de despiste -nada novedosa, por cierto- que oculta la clave de bóveda del embrollo que paraliza la Judicatura: la negativa de Sánchez a legislar un nuevo mecanismo que garantice la independencia y excelencia de aquellos a quienes corresponde poner fin de una vez a la sensación ciudadana de compadreo político en el tercer poder del Estado. Tal es el eje de la oferta de consenso del PP para sacar al Tribunal Supremo y al Constitucional de la refriega partidista.

Se lo dijo este miércoles el propio Feijóo a la ministra del ramo -¡qué papelón el de la magistrada Pilar Llop!-. No se trata tanto de “nombres” como de “currículum”. No parece que Cándido Conde-Pumpido, por ejemplo, sea la cara más adecuada para la presidencia del Constitucional. Su larga hoja de servicios a la causa del PSOE y el papel clave que ese tribunal de garantías está desarrollando ante los desmanes del “gobierno progresista” durante la pandemia deberían sonrojar el rostro de quienes le proponen. Aunque, son los mismos que no dudaron nombrar a la ex ministra socialista Dolores Delgado fiscal general del Estado rompiendo la imparcialidad que debe reinar en una institución tan primordial.

Sin duda, la imagen de un Consejo General del Poder Judicial que está en funciones desde hace cuatro años no es un espectáculo democrático edificante. Tampoco que, como arma de presión, Sánchez haya confeccionado una ley para impedirle nombrar nuevos jueces mientras no esté renovado. Una idea estúpida. Es lógico el recelo de amplios sectores de la Judicatura a abrir las puertas de un organismo tan sensible a declarados enemigos de España, como ERC o Bildu, o a un Podemos con esa inquietante tendencia, tan suya, al linchamiento de los jueces. De ahí que sea tan importante que los propios miembros de la carrera judicial elijan a una parte de sus representantes y que los dos grandes partidos llamados a gobernar España sean capaces de consensuar el resto de vocales bajo la única condición del “mérito” y la “capacidad”.

El Partido Socialista es reincidente en este asunto. Solamente hay que recordar el “Montesquieu ha muerto” de Alfonso Guerra, entonces reina madre del felipismo. Tampoco el Partido Popular ha logrado hasta ahora hacer didáctica y explicar bien a los españoles su negativa a renovar el CGPJ a cualquier precio, bajo banderas partidistas y condenándolo a más años de erosión y descrédito. Bruselas nos mira desde hace tiempo. No le gusta lo que ve, alarmada por la imagen de mangoneo gubernamental de la Justicia. Por lo mismo ha sancionado gravemente a Polonia. Y en ese sendero, por desgracia, andan Sánchez… y Pumpido.

Y bien sabemos que el líder socialista es una apisonadora, en términos democráticos. No quiere instituciones que queden fuera de su control. Su sostenido abordaje de estos años a la independencia judicial es buena prueba de ello. Ahora bien, no parece que las presiones gubernamentales ni la presión mediática estén amedrentando a Feijóo. Al revés. Génova está decidida: o hay una renovación que garantice la independencia judicial o no habrá renovación. Creo que es lo acertado.