Ximo Puig desmonta el discurso fiscal de Sánchez

La pugna fiscal continúa. Pero, por primera vez, es un presidente socialista el que entra en liza para no perder pie en la carrera que tiene como meta las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. En un contexto viciado por la inflación y el empobrecimiento de los hogares, lo ideológico prima sobre lo económico, el cortoplacismo sobre la mirada a medio plazo y el efectismo sobre las medidas efectivas. La batalla se juega en el terreno del dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos. Dejando a un lado el «marco» estratégico y la pedagogía de Moncloa, Ximo Puig lanzó ayer un torpedo a la línea argumental del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que Juanma Moreno cometió un error al eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía y cimentó su discurso fiscal en que no es momento de rebajas fiscales, porque estas suponen un «vaciamiento» de las arcas públicas en una coyuntura en la que se debe priorizar el blindaje del Estado del Bienestar, reforzando las prestaciones y servicios sociales.

El anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, de que deflactará el IRPF autonómico para las rentas inferiores a los 60.000 euros rompe la estrategia desplegada por Moncloa. En el Ejecutivo estaban al tanto del anuncio, pero reconocen que no se había consensuado, y no ocultan su malestar. El sentimiento de las fuentes consultadas es de resignación por la entrada de sus territorios en la carrera fiscal iniciada por el PP, pero asumen que «es periodo electoral» y no son ajenos a la inquietud que existe en sus bastiones ante la ofensiva fiscal lanzada por los populares. Reconocen también la contradicción que supone con su discurso e incluso con el del propio Puig, que el pasado viernes pidió al presidente del Gobierno que penalizara en el reparto de la financiación autonómica a las comunidades que optaran por bajadas de impuestos. Una petición que desde Hacienda no ven «viable».

A esto se suma que el plan diseñado por la Comunidad Valencia es, si cabe, más ambicioso y va más allá del que han desplegado las regiones del PP o de las peticiones que había elevado el propio Alberto Núñez Feijóo. Puig plantea una deflactación del 10% del IRPF, cuando Andalucía, Murcia y Galicia se mueven en la horquilla del 4,5% y el 4,1%, y ubica el umbral en las rentas superiores a los 60.000 euros, cuando el PP lo defiende para las inferiores a los 40.000 euros anuales. En el plano económico, dejando a un lado lo ideológico, fuentes socialistas cuestionan la solvencia de las medidas valencianas, pues consideran que más dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos, fomenta el gasto y no contribuye, precisamente, a embridar la inflación. Cuantifican que apenas supondrá un ahorro de 40 euros y que, los más vulnerables, quienes perciben –por ejemplo– el Ingreso Mínimo Vital o quienes ingresan menos de 12.000 euros anuales no lo percibirán porque están exentos de hacer la declaración de la renta.

En público, desde el Ejecutivo intentaron ayer no cuestionar explícitamente el anuncio de Puig, aunque lo acabaron haciendo indirectamente, pidiendo hacer una política fiscal «coherente» y «responsable». Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, evitó confrontar, aludiendo al «modelo de país» compartido, que apuesta por la «justicia social» para que «en esta ocasión no paguen los de siempre» y «que los que más tienen, más contribuyan». «No estamos en una política de rebaja a los que más tienen, sino de contribuir con los que peor lo están pasando», aseguró. No obstante, sí recordó que hace falta un «discurso fiscal responsable, porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal esto supone reducir recursos. Cada vez que hablamos de rebajar, se abre el debate de qué recortar», advirtió.

Quiebra el «marco»

El anuncio de Puig, además de quebrar el «marco» narrativo de Sánchez, eclipsa el paquete fiscal que el Gobierno tiene previsto anunciar en los próximos días y que va en una dirección totalmente opuesta a las rebajas fiscales. Se basa en «subidas selectivas de impuestos» que se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y en leyes específicas, como el de nueva creación para las grandes fortunas. En el Ejecutivo entraron a la confrontación fiscal con el PP creyendo tener el relato de su parte, apoyándose en la necesidad de repercutir el reparto de las cargas de la crisis sobre los patrimonios más cuantiosos, pero, paulatinamente han tenido que irse enfrentando a las acusaciones de incoherencia por parte del PP, exhibiendo el caso del País Vasco, donde el PSE-EE forma parte del Gobierno, y que ha anunciado la segunda deflactación del IRPF en lo que va de legislatura y ahora Ximo Puig, que ofrece una nueva baza para desarticular la estrategia del Gobierno.