Los CIE en 2021: menos internos, más hostilidad

El Informe CIE 2021 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) arroja una triste conclusión: el número de internos se reduce cada año, especialmente a raíz de la pandemia y por obras en algunos de los centros, sin embargo, la hostilidad hacia las personas recluidas en su interior va en aumento. Esta es una de las principales conclusiones de esta edición de este informe, que anualmente ofrece una radiografía de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España.

LA RAZÓN conversa con Ana Bosch, coordinadora del equipo de visitas al CIE de Pueblos Unidos y una de las responsables de este exhaustivo trabajo que, otra vez, ha retrasado su publicación debido a la demora del Ministerio de Interior. «Han entregado tarde y de manera parcial los datos», una prueba más de la opacidad del Gobierno en asuntos migratorios.

«La principal novedad es que hay tres formas de hostilidad evidente en estos centros, que los convierte en zona hostil para los internos», asegura. Por un lado están las agresiones policiales, que no son investigadas; en segundo lugar, las deficiencias sanitarias y por último, la restricción en las visitas para documentar su situación. «Bajo el paraguas del covid estamos asistiendo a una mayor opacidad», denuncia Ana Bosch.

Uno de los motivos que está detrás de esta falta de control en los CIE es la ausencia de protocolos, que repercute en que el «director de turno» tome las decisiones. De hecho, el Defensor del Pueblo –que preside Ángel Gabilondo–, denunció recientemente en el Congreso las «graves carencias» estructurales y asistenciales que presentan los centros de internamiento de extranjeros, tanto CIE como CATE, y urgió a crear un protocolo de funcionamiento para ellos en el que se garantice a los migrantes la tramitación de quejas por malos tratos. «Vemos que es una medida necesaria. Si bien, es cierto, que lo asumimos con temor porque no sabemos si el protocolo va a ser mejor o peor», señala Ana Bosch. Según explica, el hecho de que haya un protocolo servirá para, entre otras cosas, estandarizar la forma de poner denuncias y garantizar los derechos de la personas. En la actualidad, según describe, «hay tanto margen de arbitrariedad y discreccionalidad en los CIE, que al final lleva a cometer muchas irregularidades y no tenemos las herramientas suficientes para proteger a las personas».

Territorio hostil

Los datos del Informe, que lleva por título «Territorio Hostil», ponen el acento en las vulneraciones de derechos como pueden ser las trabas a las denuncias e investigación de agresiones policiales –como ya denunciaron los jueces de control del centro de Madrid_, las deficiencias en la atención médica y los obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales. «No estamos denunciando que la Policia agreda, lo que si decimos es que hay determinadas personas, que forman parte del Cuerpo Nacional de Policía que abusan de su autoridad y cometen faltas. Solo pedimos que se investigue», señala la coordinadora de este informe presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes.

Se trata de un tema especialmente complejo porque la falta de protocolo concreto, según explica, dificulta que se interpongan denuncias. Y cuando las víctimas se animan, acaban desestimadas ya que el denunciante está en paradero desconocido al ser puesto en libertad o puede que ya haya sido devuelto a su país de origen.

Tiempo de estancia

No obstante, el número de internamientos, así como de repatriaciones ejecutadas desde CIE, sigue disminuyendo año tras año. La explicación principal del descenso de personas internadas se encuentra en el impacto de la covid, con limitación de plazas por prevención de contagios, cierre de fronteras e imposibilidad de readmisión de repatriaciones. Por otro lado, del total de salidas desde CIE en 2021, apenas el 48% fueron finalmente repatriaciones forzosas a países de origen, un porcentaje inferior al de 2020 (56%), 2019 (cerca del 60%) o 2018 (56%). El resto de personas no fueron finalmente repatriadas por diferentes motivos, lo que revela numerosas circunstancias de vulnerabilidad (menores, víctimas de violencia, solicitantes de asilo…) que deberían haber impedido su ingreso.

Respecto al tiempo de estancia media en estos centros, depende de su ubicación. La duración media de los internamientos fue de 28,50 días. La media fue mucho menor en el CIE de Las Palmas (16,41 días) al haberse practicado muchas más devoluciones, sobre todo a Marruecos, por vía aérea y con El Ayún como aeropuerto de destino. Las medias más elevadas (36,16 días en Barcelona y 35,73 días en Murcia) se explican más fácilmente por su destino prioritario a internar argelinos desembarcados en patera –al menos según lo observado por las organizaciones de la sociedad civil que visitaron estos CIE en 2021– y la impresión de que Argelia fue bastante renuente a readmitirlos. «En líneas generales no suele alcanzar los 60 días, pero la estancia varía de un centro a otro. Desconocemos los motivos del porqué en algunos centros pasan mucho tiempo y en otro menos», describe Ana Bosch. En este sentido, en Madrid y Barcelona los internos están más tiempo. También en el de Murcia, que sin embargo, el año pasado estuvo cerrado por obras, por lo que los datos son más conservadores.

Según revela el informe, cuando se comparan las cifras de 41.945 personas entradas irregularmente en España en 2019 con los 1.663 expedientes de devolución, las 1.569 devoluciones ejecutadas, las 1.306 internadas por causa de devolución, y aún con las 227 personas efectivamente devueltas desde CIE, desde el Servicio Jesuita a Migrantes insiste en que «hasta qué punto el sufrimiento infligido en el internamiento es perfectamente prescindible». Con las cifras en la mano, subrayan en que un tercio de los internos en los CIE acaba puesto en libertad, una prueba de que son innecesarios.