Sánchez mira al PP para los asuntos sensibles

La inestabilidad que propició en 2019 un adelanto electoral –cuando ERC retiró su apoyo a los Presupuestos del Gobierno– y una repetición de los comicios 196 días después por la imposibilidad de PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo parece haberse disipado tres años después. Son los que se cumplen hoy de la segunda victoria en las urnas de Pedro Sánchez. El líder del PSOE que recuperaba las riendas del partido en 2017 y personificaba la primera moción de censura exitosa de la democracia en 2018, revestía de la legitimidad de las urnas el poder que había conseguido un año antes. Lo hizo en dos tiempos y dejándose tres escaños y 688.556 votos por el camino. Lo que fue imposible durante más de seis meses, el pacto para una coalición con los morados, se certificó en apenas 48 horas ante el recado que dejaron los votantes de izquierdas en las urnas (Podemos perdió la nada desdeñable cifra de siete escaños y 613.565 electores).

Tres años después, el Ejecutivo va camino de aprobar sus terceros presupuestos y goza de una mala salud de hierro en lo que a su precaria mayoría parlamentaria se refiere. Los números que hicieron a Sánchez presidente en enero de 2020 se han ido revalidando sucesivamente en las votaciones importantes. Solo flaquearon en una ocasión. Cuando un diputado del PP salvó por error la reforma laboral. Pero entonces, el Ejecutivo no contó con la connivencia de sus socios habituales, sino que jugó a lo que tantas veces intentó sin éxito, extrapolar de la teoría a la práctica la geometría variable. Después de que aquel susto –por un momento, se pensó que la norma estrella de Trabajo había decaído– se abandonaron los experimentos y el Gobierno optó por abonarse a lo seguro: a la aritmética Frankenstein. Erosionadora pero fiable.

Sin embargo, el PSOE no siempre se refugia en la seguridad que le brindan sus socios. Cuando de cuestiones sensibles se trata –de asuntos de Estado– los socialistas buscan cobijo en las garantías del sistema, apuestan por un refuerzo del bipartidismo. La crisis de los partidos que irrumpieron en el Congreso en 2015 ha derivado en una reagrupación en torno a la nave nodriza ideológica, una vuelta de los votantes a los grandes partidos que abandonaron por una crisis de identidad o de idoneidad. En un contexto de inestabilidad marcado por la crisis sanitaria y de la guerra de Ucrania, el votante apuesta por la opción que le ofrece garantías y experiencia de gestión. PP y PSOE lo saben y juegan a darse un trato preferencial, un fair play que refuerza el statu quo que les ha beneficiado tradicionalmente. Los cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo o la negociación a dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son un buen ejemplo de esta deferencia que se profesan y, en paralelo, como todo puede saltar por los aires por su incompatibilidad manifiesta.

Pese a que Gobierno y principal partido de la oposición mantienen una agria relación, marcada por la desconfianza mutua y por la convicción, por parte del Ejecutivo, que el PP «hará todo lo que esté en su mano para desgastar a este Gobierno», lo cierto es que, en la práctica, Sánchez mira al PP para superar aquellas cuestiones en las que no puede contar con el concierto de sus socios. Aunque la situación ha virado, y los populares han pedido en las últimas horas la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la tragedia acaecida en la frontera de Melilla, lo cierto es que en septiembre le salvaron de comparecer en una comisión de investigación propiciada por sus aliados parlamentarios.

En la misma línea, los socialistas se apoyaron hace semanas en el PP para ampliar el periodo de enmiendas a la ley trans y, tras presentarlas, con modificaciones sustantivas sobre los requisitos de los menores para completar la autodeterminación de género, han quedado en manos del principal partido de la oposición para proceder a cualquier suavización sustantiva de la norma. Para lo que respecta a la clave de bóveda de la ley, no cuentan con el favor de sus socios de la coalición, que alertan sobre el riesgo cierto de que la norma quede descafeinada. Más recientemente, este mismo martes, el PSOE unía sus votos a los del PP para vetar las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 presentadas por Unidas Podemos en materia de vivienda. Los dos grandes partidos se aliaron en la Mesa de la Comisión de Presupuestos para «tumbar, a puerta cerrada, las enmiendas relativas a la regulación de los precios de los alquileres y a la prohibición de los desahucios de forma estructural», según criticaron fuentes moradas.

No es un caso aislado, ambos partidos –incluso junto a Vox– han hecho frente común en la Mesa del Congreso para bloquear sistemáticamente las iniciativas que desde Unidas Podemos o sus socios elevaban para promover comisiones de investigación sobre el rey Juan Carlos I, después de que se desvelasen las irregularidades fiscales a las que fue haciendo frente en sus escándalos judiciales.