Moncloa eleva la presión sobre el PP para renovar ahora el CGPJ

El Gobierno se ha propuesto un cierre masivo de asuntos controvertidos antes de encarar 2023, un año de marcado carácter electoral que quería dejar expedito de polémicas. Dentro de sus atribuciones, aquello que está bajo su capacidad de influencia se ha resuelto. El acelerón legislativo o la conclusión de la «agenda catalana» para centrarse en la economía dan buena muestra de ello. Sin embargo, otros asuntos que –aparentemente le son ajenos– también se han acabado alineando a sus intereses. Es el caso del desbloqueo en el Consejo General del Poder Judicial de los nombramientos del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo había ejercido todas las palancas de presión posible. Deshizo, en parte, la reforma que impedía al CGPJ realizar nombramientos, para que hiciera los del TC, y les impuso un límite temporal que venció el pasado mes de septiembre; amagó durante meses con realizar los dos que correspondían a Moncloa en solitario, maniobra que acabó culminando hace un mes, y promovió sendas reformas para acelerar la renovación que terminó por tumbar el propio TC, derivando en un choque institucional sin precedentes.

Tras este último episodio, el Gobierno dejó a un lado la improvisación que había ido guiando sus pasos y apostó por la prudencia. El auto, junto a los votos particulares, que el Constitucional tenía que emitir se convirtió en la mejor coartada bajo la que parapetar la espera. En el Ejecutivo estaban al tanto de los movimientos que se preveían en el sector progresista, pactados en Nochebuena, y una de las declaraciones de Sánchez durante su discurso de balance dio buena muestra de ello. El presidente aseguró que, si el CGPJ acababa por desbloquear los nombramientos para el TC, la «urgencia» para registrar una proposición de ley con el contenido de las enmiendas que el tribunal de garantías había paralizado, «no sería la misma». En efecto, fuentes socialistas señalan a este diario que ahora «no hay ninguna prisa» por presentar la iniciativa que buscaba sortear el bloqueo en la renovación del Constitucional.

Sí quieren aprovechar la ocasión para hacer «una reflexión» sobre la situación que se ha generado cuando uno de los dos grandes partidos adopta una posición «antisistema». «El PP ha gripado el sistema y el sistema no tiene cómo defenderse», sostienen. Más allá de esta reflexión de fondo, el contexto es propicio para el Ejecutivo, la renovación del TC se va a consumar, su principal objetivo, dado que tiene que pronunciarse sobre leyes capitales de la agenda legislativa progresista. Mientras, el CGPJ sigue bloqueado, quedando vivo su principal argumento de desgaste al PP. En el Gobierno consideran que la de Feijóo ha sido una «victoria pírrica», que apenas se ha sostenido una semana, y a cambio ha logrado «amordazar al Parlamento», sirviéndoles en bandeja superar uno de los momentos más críticos para la credibilidad de la coalición: el abaratamiento del delito de malversación. «Estábamos contra la pared –por la malversación– y nos han dado una salida», resuelven.

Ahora, sin embargo, recuperan con más vehemencia el discurso de que el único bloqueo que subsiste es el que el PP ejerce sobre el CGPJ. Y sobre este argumento recrudecerán la estrategia de erosión a Feijóo, cuestionando su perfil de hombre de Estado y su vocación moderada. «Están en shock», repiten insistentemente en el Gobierno, sobre la reacción del PP tras el movimiento de los magistrados progresistas para asumir los candidatos de los conservadores para el TC. «No se lo esperaban», apuntan los socialistas. El PP aspiraba, además, a hacer de la proposición de ley que presentasen los partidos que sostienen la coalición causa contra el Gobierno, en Europa y en España, y comenzar una ofensiva desde primeros de año para torpedear los planes de Sánchez de iniciar un 2023 libre de polémicas. Sin embargo, esta ofensiva queda ahora neutralizada y obliga al principal partido de la oposición –que ha descartado el frente de erosión por la economía– a centrarse en recordar los pactos con los partidos independentistas y que la maniobra perpetrada con la malversación no caiga en el olvido hasta mayo.