El Gobierno quiere presentar «cuanto antes» la proposición de ley

Las prisas han jugado malas pasadas al Gobierno con su agenda legislativa. La necesidad de acelerar las reformas pendientes antes de cerrar 2022 para dejar un 2023 expedito de polémicas hasta la primera cita electoral del 28 de mayo ha propiciado el uso de atajos parlamentarios que el Tribunal Constitucional (TC) ha paralizado. El tribunal de garantías, en una decisión inédita, tumbó el lunes las enmiendas que buscaban acelerar la renovación del TC, porque estas no tenían relación directa con el contenido de la reforma del Código Penal en la que iban incluidas.

Una vez que se produjo esta decisión, el Gobierno ha decidido parar el balón, aunque parcialmente. «Serenidad y determinación», dicen en Moncloa, donde no están dispuestos a pasar inmediatamente de pantalla para exprimir al máximo el marco de choque institucional que se ha producido, en su opinión, propiciado por el PP. Moncloa tiene un «plan b» y tiene la mayoría suficiente para sacarlo adelante. El Ejecutivo adoptará «cuantas medidas sean precisas» para poner fin al «injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional», dijo el martes Pedro Sánchez.

La idea del Gobierno es volcar el contenido de las medidas paralizadas en una proposición de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia, para acortar los plazos a la mitad. Esto obligará a habilitar el mes de enero, tradicionalmente inhábil para la actividad parlamentaria, y a prescindir de los informes de los órganos consultivos. El Ejecutivo ya está hablando con los grupos parlamentarios, trasladándoles su propuesta, pero hay dudas sobre cuándo se va a presentar la ley, activándose los procedimientos legislativos.

En este sentido, todas las opciones están abiertas, porque hay discrepancias: por un lado, algunas voces del Gobierno apuestan por esperar a que se publique el auto del TC con los votos particulares de los magistrados progresistas para revisar los argumentos jurídicos y proceder en función de ello; mientras que otras voces del PSOE dan por hecho que, en las próximas horas, haya o no auto del TC registrarán la propuesta legislativa para dar inicio al proceso. Una vez registrada la ley, se inicia el procedimiento legislativo: la Mesa califica, la Junta de Portavoces convoca el Pleno y el Pleno tramita.

Aunque se valoró la posibilidad de un pleno para la última semana del año, en la que se celebraría la toma en consideración (primera votación de una proposición de ley en el Congreso), todo apunta a que se trasladará ya a la semana del 10 de enero, cuando se celebraría una sesión parlamentaria para celebrar este debate e incluir otras iniciativas, como el decreto de medidas anticrisis que se aprobará en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre.

La espera o no del auto del TC se ha convertido en una fuente de discrepancias entre los múltiples actores que cohabitan en Moncloa y hace que cunda la incertidumbre. Tanto en Podemos como en el PSOE se han podido detectar fisuras sobre los tiempos para tramitar esta ley. Así, algunas voces en el Gobierno aseguran que ya van conociendo algunos argumentos de los magistrados que van a emitir un voto particular, pero consideran necesario también conocer los «argumentos del TC». Se prevé que el auto pueda estar listo la próxima semana, lo que imposibilitaría la tramitación en diciembre. Aunque en el Ejecutivo estén a expensas del pronunciamiento definitivo del tribunal de garantías, sí advierten de que se necesita este auto «pronto» y alertan de que no es conveniente que se «eternice».

De hecho, fuentes socialistas aseguran que su intención es presentar la propuesta legislativa «cuanto antes», incluso hoy mismo, aunque Podemos lo rechace porque dan por hecho que tampoco se acabará descolgando pese a que discrepe en la gestión de los tiempos. Con esta ley, el Gobierno pretende sortear la paralización decretada por el propio TC y renovar el tribunal de garantías cuanto antes para lograr darle la vuelta a la actual mayoría conservadora. Con una mayoría progresista en el Alto Tribunal tendría mucho más encarrilado el aval a algunas de las leyes icónicas que ha recurrido o pretende recurrir el PP en el futuro.