División ante el «superdomingo»

Moncloa atribuye a un desliz verbal de Ábalos la posibilidad de que las generales coincidan con las autonómicas el 26-M. Sánchez reivindica que sólo él puede convocarlas y los barones rechazan una cita conjunta que les perjudicaría.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con el compromiso de llamar a las urnas «cuanto antes». Una convocatoria electoral ligada –según anticipó– a dotar de «estabilidad» política a un país sumido en la vorágine del conflicto territorial en Cataluña, la debilidad parlamentaria de quien se hacía con las riendas del poder y la crisis de liderazgo del que a partir de ese momento pasaba a ser el principal partido de la oposición. Una ardua tarea para un recién llegado que no tardó ni quince días en cambiar de parecer y anunciar su vocación de agotar la legislatura. Desde el momento en el que Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo como presidente, la sombra de los comicios le ha acompañado. Ora como una salida a la imposibilidad de gobernar en minoría, ora como la mejor herramienta de presión a sus socios para poder hacerlo.

La posibilidad de unas elecciones anticipadas volvió ayer a tomar cuerpo casi por accidente. Fuentes de Moncloa reconocen a LA RAZÓN que fue un desliz, inusual para un bregado José Luis Ábalos, ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE, que dejó la puerta abierta a la celebración del «superdomingo», esto es, que el próximo 26 de mayo a las europeas, municipales y autonómicas se sumen también las generales. «Nada es descartable», se limitó a responder ante una pregunta directa sobre la eventual coincidencia de estas cuatro citas electorales. Las fuentes gubernamentales consultadas reconocen que lo que aventuró el ministro forma parte del «sentido común», pero no así la manera en que lo formuló, que dio pábulo a especulaciones que no están en los planes del Ejecutivo. Esta indefinición obligó al propio presidente del Gobierno, de visita oficial en Marruecos, a salir al paso y hacer hincapié en algo que también apuntó Ábalos, ese instrumento «poderoso» que supone la capacidad de convocar elecciones –una suerte de «botón rojo»– le corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo.

Sánchez mantiene viva su expectativa de aguantar en el poder –legislando a través de decretos, si no es posible sacar adelante las Presupuestos– al menos hasta otoño de 2019 para poder aprobar medidas que le sirvan de cartel electoral. En esta tarea cuenta además con unos aliados inesperados. Los barones territoriales del PSOE que en otro tiempo configuraron el sector crítico a Sánchez bendicen ahora la estrategia del presidente de no adelantar los comicios hasta después del verano. En estos feudos quieren evitar la coincidencia a toda costa para poder diferenciar su discurso del nacional y de algunas de las controvertidas decisiones que está tomando el Ejecutivo, en concreto en lo relativo a Cataluña y su relación con los independentistas. Mayo les parece, en todo caso, un mal menor, en comparación con los tambores electorales que hacía sonar Unidos Podemos para marzo la semana pasada, aunque reconocen que cuatro urnas el 26-M perjudicaría las expectativas electorales de los territorios que aspiran a revalidar el poder en 2019. También Susana Díaz esperó a tener el compromiso de Sánchez de que no haría coincidir las generales con las andaluzas en marzo para lanzarse a anticipar los comicios en su región, que se celebrarán el próximo 2 de diciembre, y otros líderes como Ximo Puig que renunciaron en el pasado a una convocatoria en solitario vuelven a sopesar este escenario.

Sin embargo, dentro del Gobierno de Pedro Sánchez no existe la unanimidad que se da en los territorios. Un sector del Gabinete del presidente clama casi desde su llegada a la Moncloa por no dilatar en exceso su estancia antes de llamar a los comicios para evitar el desgaste. En este grupo estaría el propio Ábalos, razón por la que algunos apuntan a que el movimiento de ayer no es tan desafortunado como las fuentes oficiales quieren hacer creer. Este desgaste llegaría si las cuentas públicas se ven tumbadas en el Congreso, pero tampoco hay consenso en el desistimiento a no presentarlas si no se cuenta con los apoyos suficientes. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, destacó ayer en una entrevista en «Onda Cero» que «lo normal es presentar los Presupuestos y que sea la Cámara la que se pronuncie». El propio presidente había señalado que para «no marear a los españoles» no preveía someter los PGE al Parlamento si no tenía asegurada su aprobación.

En Moncloa señalan que ahora están en esta pantalla, en la de intentar sacar adelante las cuentas, un reto al que no han renunciado aunque se barajen escenarios alternativos. El veto de los independentistas parece inamovible, según sus propios pronunciamientos, de ahí que el Gobierno haya valorado desligar de los Presupuestos algunas de las medidas más ambiciosas contenidas en ellos para poder aprobarlas, en este caso sí, con la connivencia de los soberanistas. En esta tarea también cobra sentido la amenaza de elecciones que desde varios sectores se está alimentando. El espíritu con el que se forjó la alianza de la moción de censura sigue aún vivo en su rechazo a la derecha, aunque nunca se haya transformado en un apoyo explícito a Sánchez. Por esta razón, una eventual cita con las urnas que arrojara un escenario en el que Ciudadanos «sorpassara» a Unidos Podemos –colocándose como tercera fuerza– y sumando mayoría con el PP, dibuja un horizonte indeseado para la práctica totalidad de los partidos que avalaron la moción. Este giro a la derecha también complicaría la interlocución con Cataluña, por lo que el Gobierno intenta visualizar que la continuidad del Gabinete actual también es beneficiosa para los soberanistas.

Otra variable de la ecuación será, sin duda, el resultado de las elecciones andaluzas. Del equilibrio de fuerzas que se establezca en este primer ensayo de las generales dependerá también el discurso y la estrategia de los partidos de la oposición a nivel nacional. Cómo se resuelva la pugna entre PP y Ciudadanos será decisivo para modular por unos u otros la petición casi diaria de elecciones, así como se conjuguen los pactos de gobierno. En todo caso, sea real o simulado, la mera insinuación de un «superdomingo» ha servido para revolucionar un panorama político en el que todos miden sus fuerzas.