Acuerdo UE-Canadá: Más Podemos y menos Trudeau

Canadá suprimirá el 99% de los aranceles que soportan las exportaciones españolas, algunos muy significativos: 16% de media en el textil, de hasta el 9,5% en los automóviles y de hasta el 8% en el aceite de oliva.

El Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) constituye un tratado comercial de segunda generación entre Canadá y la Unión Europea: es decir, un tratado cuyo propósito no es únicamente el de rebajar aranceles entre dos áreas económicos, sino también el de eliminar las llamadas barreras no arancelarias (aquellas trabas regulatorias que restringen de facto la libertad de movimientos de capitales, mercancías y servicios entre esas dos áreas económicas). El CETA, por consiguiente, fija un conjunto de normas comunes entre Canadá y la Unión Europea para facilitar el comercio y las inversiones recíprocas. Por ejemplo, Canadá suprimirá el 99% de los aranceles que actualmente soportan las exportaciones españolas, algunos de los cuales son muy significativos (16% de media en el textil, de hasta el 9,5% en los automóviles, de hasta el 8% en el aceite de oliva, o del 227% para el queso exportado por encima de la cuota libre de aranceles). Pero, a su vez, también simplifica los procedimientos para exportar: verbigracia, da acceso a las compañías europeas a los contratos públicos de la administración canadiense (y viceversa), elimina la obligación de certificar la calidad de los productos electrónicos en ambas zonas económicas y eleva el umbral de inversión mínima extranjera en Canadá no supervisada por su gobierno. En suma, el tamaño del mercado se amplía para favorecer una mayor competencia entre las empresas canadienses y europeas en beneficio del consumidor.

Ciertamente, no es que el CETA se halle exento de problemas –en algunos ámbitos, incrementa el grado de regulación estatal, por ejemplo en materia de patentes, copyrights o denominaciones de origen–, pero las críticas que podrían dirigírsele deberían centrarse más en su insuficiente liberalización que en su exceso desregulador. Desde hace tiempo, empero, los partidos de extrema izquierda europeos –entre ellos, Podemos– se han opuesto al CETA por cuanto llevan en sus genes ideológicos la oposición al comercio: todo cuanto facilite el comercio a una mayor escala debe ser combatido con saña, llámese CETA, TTIP o Tratado de Maastricht. En esto, por cierto, la extrema izquierda termina yendo de la mano con la extrema derecha, pues ésta también aborrece que la globalización desdibuje las fronteras étnicas y la soberanía nacional. Lo que resulta menos comprensible es que un partido supuestamente socialdemócrata como el PSOE rechace el CETA: en principio, los socialistas deberían ver con buenos ojos la expansión de la globalización bajo la tutela regulatoria de un marco normativo supranacional que ha sido promovido por dos bloques estatales nítidamente socialdemócratas (la Unión Europea y Canadá). La socialdemocracia no rechaza el mercado: lo acepta sometido al control, a la supervisión y a la redistribución pública. Justo lo que persigue el CETA, a saber, un mayor mercado tutelado por las reglas consensuadas en este tratado por la Unión Europea y Canadá. Sin embargo, el PSOE está mucho más interesado en captar el apoyo del votante de Podemos que en defender políticas que, incluso según su ideología, debería considerar beneficiosas para el conjunto de los españoles. El mismo tratado que el propio PSOE calificó en febrero de «ejemplo de globalización regulada y progresista», ahora es descalificado como un instrumento dirigido a concentrar «más poder en las grandes corporaciones a costa de derechos». El CETA es el mismo hoy que en febrero: quien ha cambiado desde entonces, y a peor, es el PSOE.