Si Trump dijera que la Constitución de EE UU tiene muchos matices y que, por tanto, no la va a cumplir, la izquierda española estaría hablando de «dictadura» y «fascismo». Pero al ser Sánchez, la cosa cambia. El sanchismo nos quiere acostumbrar al autoritarismo porque, cegada la salida digna de irse a su casa, su único medio de supervivencia es el fraude. Por eso no presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a lo que está obligado por la Constitución, y decide un gasto militar sin el consentimiento del Congreso.

Sánchez alude al artículo 97 de la CE para evitar el control parlamentario del Plan de Seguridad y Defensa, pero dicho artículo solo hace referencia a que es su «responsabilidad», no a que podrá tomar decisiones sin presentar previamente el gasto a la institución donde reside la soberanía nacional. La lógica democrática exige su presentación, porque no hablamos de un plan de fomento de la cría aviar, sino de un compromiso con la OTAN y con Trump que requiere un consenso con la oposición porque es una política de Estado, no de partido ni de persona.

Tampoco sirve la referencia al artículo 134 de la CE que hizo el Ejecutivo porque el texto alude a una aprobación previa inmediata de los PGE, y Sánchez quiere tirar de los de 2023. El resultado es una acumulación de incumplimientos constitucionales que responde a una mentalidad autoritaria. El presidente cree que puede tomar cualquier decisión aunque choque con la CE porque tiene a Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional para hacer una interpretación interesada del texto. Pero las urnas no se abrieron para elegir al intérprete arbitrario de la Constitución, sino para gobernar sometido a la ley y a las instituciones, siempre un peldaño por debajo, no por encima.

Es evidente que Sánchez evita el Congreso porque le resulta un calvario negociar con sus socios de la coalición de Frankenstein. Pero esta alianza fue voluntaria, y el coste no puede ser la muerte de la democracia, del orden constitucional ni de su espíritu. La izquierda no lo acaba de entender, pero la aritmética no es la esencia del sistema democrático, sino el respeto a las reglas de juego que impiden la arbitrariedad de cualquier institución, ya sea el Gobierno o el Parlamento. Lo contrario es un fraude muy peligroso que constituye el camino descarado hacia un sistema autoritario. Es lo que Tocqueville llamaba «despotismo democrático», y es innegable que Sánchez es cada día más déspota, como un gobernante que pretende actuar sin sujeción a ley alguna.

No es la primera vez que el líder del PSOE quiere aprovechar la situación para gobernar sin el Parlamento; es decir, sin debatir ni rendir cuentas. Ocurrió durante la pandemia con los dos estados de alarma. Finalmente fueron declarados ilegales por el anterior Tribunal Constitucional. En aquel entonces, la ministra de Justicia, Pilar Llop, justificó la decisión ilegal de Sánchez diciendo que fue necesaria. La urgencia se convirtió en la excusa del déspota, como en todos los casos de caída en el autoritarismo que se registran desde hace cien años. Sánchez pensó que su opinión estaba por encima de la ley y de las instituciones, asumió la soberanía que no tiene, y dictó.

El mecanismo es sencillo: si el Parlamento sobra, las urnas también. Si tenemos un Gobierno que toma decisiones en beneficio propio y dice que es para «salvar» al pueblo, esto deja de ser una democracia. En este caso, si Sánchez se ve obligado por el compromiso de España con la OTAN, que lo diga antes en el Congreso. No es presidente del Gobierno español por indicación de Trump ni de Von der Leyen, sino por una mayoría parlamentaria que es legal, aunque no nos guste. Y si ha perdido esa suma de votos del Congreso con la que compensaba su derrota en las urnas en 2023, y por eso prescinde de la Cámara Baja, es hora de que se vaya.